Este Ejercicio encuentra a nuestra Cámara en el umbral de la modificación del artículo 45 de la Ley 22.285, para permitir el ingreso a otras personas jurídicas no comerciales a la actividad de la radiodifusión.
Un largo camino se cerrará de esa manera a la estrategia aprobada a finales de 2001 por nuestra organización en el sentido de utilizar todas las vías legales posibles para enfrentar la discriminación que llegó de la mano del final de la dictadura militar y que desgraciadamente ha sido convalidada durante todos estos años de democracia.
Como recuerdo queda que de ese cambio de estrategia, se aprobó el inicio de la “vía judicial” como prioritario en la lucha de la CARCO y que ese mecanismo concretó en septiembre de 2003 los famosos fallos de inconstitucionalidad, que pusieron en un brete legal al Gobierno Nacional de ese momento, el cual no pudo continuar sin operar la modificación de la ley.
A pesar que el Interventor Del Comfer, Julio Bárbaro no se manifestara claramente a favor de que el sector de la economía solidaria pudiera ser prestador de servicios de radiodifusión, el hecho que existían dos fallos de la Corte Suprema de Justicia condicionó gravemente esa desobediencia.
Así se intentó primero quitar de contenido esos fallos y generar una modificación engañosa y gatopardista de dicho artículo, permitiendo a las empresas sin fines de lucro el acceso con enorme cantidad de condicionamientos, lo cual tornaba imposible de cumplir. Esa política se instrumentó con gran celeridad en el Senado de la Nación y así la media sanción de dicha modificación se convirtió en un nuevo obstáculo que debía vencer el sector para romper la discriminación.
Cuando el proyecto con media sanción llega a Diputados para su revisión, CARCO determina que es imprescindible la unidad total del Movimiento Cooperativo si se quiere revertir ese anteproyecto y volverlo razonable. Así se trabaja mancomunadamente con Cooperar, que al tener en su seno a todas las federaciones de cooperativas de servicios que aspiraban a ser radiodifusoras, nos garantizaba que podríamos afrontar con chances la incidencia dificilísima que habría que hacer ante los Diputados. Con esa acción, silenciosa y constante, se fue avanzando a nivel de la flamante Comisión de Informática y Comunicaciones de la Cámara Baja aún en momentos que el Movimiento Cooperativo de las ramas eléctricas y telefónica estaba frente a distintos temas estratégicos particulares que obstaculizaban la visión sobre esta problemática, que a veces parecía algo alejado de sus necesidades inmediatas.
Se fueron tejiendo acuerdos parciales y lentamente, con la buena predisposición de muchos Diputados de distintas bancadas; pero principalmente de Osvaldo Nemirovci, presidente de esa Comisión, de Margarita Solbitzer y Héctor Polino por la oposición. Así al texto retrógrado y engañoso del anteproyecto del Senado, se le logró introducir algunos contenidos que liberaban más las alternativas que todas las cooperativas, aún las de servicios públicos pudieran acceder a licencias. No fue sencillo, pues los fuertes intereses concentrados que frenaban la modificación de la ley, mantenían una fuerte presión sobre los legisladores.
Cerca del momento en que se debía llevar al recinto y en vistas a que era imposible convalidar en ese momento la posibilidad que no existieran condicionamientos a las cooperativas de servicios públicos, se llevó a cabo una reunión con los distintos protagonistas de los distintos partidos, en la sede de Cooperar, donde se acordó una fórmula que convalidaba la situación de poder existente en ese momento para el Movimiento Cooperativo.
Así se aceptó la limitación que la Comisión había acordado en su seno para que se entregaran licencia de servicios complementarios directamente a una cooperativa de servicios públicos si en la localidad existía otro prestador dando el servicio regularmente; pero se estableció, que en caso que ello ocurriera, el Organismo regulador la entregaría atendiendo al “interés de la población”. De esa manera, se menguaba la prohibición lisa y llana y se encontraba una fórmula que permitiera conseguir más de los dos tercios necesarios para modificar el proyecto llegado desde el Senado. Todas las partes estuvieron de acuerdo y justo es reconocer, que la votación en el recinto días después convalidó esos acuerdos previos. Hubo coincidencia en aceptar el nivel de poder político de reformar una ley tan paradigmática, con algunas limitaciones.
Con ese cierre de 2004, y el Senado como Cámara de origen nuevamente estudiando el proyecto, se inició el año 2005. A pesar de las múltiples declaraciones de funcionarios y legisladores que el tema se resolvería a más tardar en abril de 2005, hubo que esperar hasta el 17 de agosto de ese año, ya en nuestro Ejercicio 10º en curso, para que el Senado aprobara la modificación, aunque con una medida que violó el artículo 81 de la Constitución Nacional, ya que le hizo modificaciones al proyecto que llegaba desde Diputados, algo que la Carta Magna prohíbe.
Le cambió el texto acordado con tanto trabajo, suprimiendo la frase que se menciona más arriba, con lo cual si en una localidad hay un prestador de radiodifusión, queda expresamente prohibido otorgarle otra licencia a una cooperativa de servicios públicos. Si bien en esto se retrocedió, las otras modificaciones que introdujo Diputados fueron convalidadas, con lo cual se logró que: a) el decreto - ley de la dictadura fue modificada por ley del Congreso. b) todas las personas jurídicas sin fines de lucro pasaron a ser potenciales radiodifusoras. c) En muchas localidades donde existían empresas comerciales paralelas vinculadas a las cooperativas de servicios públicos, se podía regularizar su situación y pasar a ser licenciatarias directamente.
No se consiguió incorporar a las cooperativas de servicios públicos donde hubiera otro prestador y eso fue visualizado como “un objetivo no alcanzado”. Sin embargo, en un proceso tan largo y complejo como es éste, es imprescindible que la Cámara vaya fijando prioridades en cada momento, de acuerdo a las condiciones políticas y de organización del Movimiento Cooperativo. Debemos reconocer que cuando dos años atrás habíamos convocado a desatar una seguidilla de juicios de inconstitucionalidad, aún cuando la ley no había sido reformada, fueron apenas un puñado las cooperativas que lo hicieron. Eso le dio una visión al Comfer que había sido sorprendido por los fallos de la Corte a pocos meses de su asunción, que la fortaleza política de lo que Carco había conseguido no era correspondida en la base. Eso sin lugar a dudas, también fue analizado por quienes se oponían a los esfuerzos que se estaban desplegando y retomaron con mayor ímpetu su acción de incidencia en Senadores, que fue donde consiguieron los mayores resultados. Nuestra precepción explicitada en el Congreso de Santa Rosa en abril de 2003, en el sentido que debíamos como Movimiento hacer el máximo esfuerzo “por romper el equilibrio estratégico de fuerzas” entre quienes buscábamos el fin de la discriminación y quienes lo apoyaban, había tenido un efecto importante; pero insuficiente. Grandes lecciones ha entregado la CARCO al Movimiento Solidario. Una de ella fue que se deben utilizar todas las vías de incidencia para conseguir resultados, tanto la política frente a los poderes ejecutivos y la judicial si es necesario. Otra fue que en las instancias de debate legislativo, se debe buscar los máximos acuerdos posibles con la mayor cantidad de fuerzas políticas posibles. Nunca hay que limitarse ni plantearse objetivos imposibles en esta instancia. Y la que es también importante, es que la fortaleza de la incidencia debe mantenerse y acrecentarse permanentemente en el proceso de debate. A todas las instancias, por ejemplo Diputados y Senadores. Nunca creer que ya esté todo logrado hasta que no aparece la ley publicada en el Boletín Oficial. El Movimiento Cooperativo, durante el año 2004 y la mitad del 2005, se replegó en las acciones de presión y eso fue la principal causa del fracaso en el objetivo no alcanzado. Por más que CARCO buscó vías de llegada ante el Senado, también debemos reconocer que nuestra fe democrática nos jugó una mala pasada, pues nunca creímos que esa Cámara violara la Constitución en el momento de sancionar la Ley. Hora ya lo sabemos que nunca hay que bajar los brazos.
Sin embargo, la evaluación es que de una forma o de otra, la ley fue modificada y ya hoy las cooperativas en general y las mutuales y las asociaciones civiles, los sindicatos y toda organización no lucrativa, pueden ser licenciatarias. Viene ahora el trabajo de conseguir una buena reglamentación de esta Ley 26.053 y cambiar el eje de la incidencia del Poder legislativo al Poder Ejecutivo, que es quien dirige el Comfer. Quizás, en años por venir y a lo mejor en otras condiciones generales, el Movimiento Cooperativo pueda terminar de salvar este obstáculo para las entidades de servicios públicos que ha quedado establecido.
Maimónides Joaquín Roquero
Secretario
Rodolfo Ángel Santecchia
Presidente
