miércoles, 10 de septiembre de 2003

Reportaje al presidente de CARCO. (10/09/2003)

REPORTAJE AL PRESIDENTE DE CARCO



Dr. Rodolfo Ángel Santecchia


Actualidad Cooperativa: Hace pocas horas se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarando la inconstitucionalidad de la ley de radiodifusión en el caso de la Cooperativa de Santa Rosa de Río Primero en la provincia de Córdoba ¿Cuáles son sus primeras impresiones?


RAS: Además de la lógica y profunda alegría que nos embarga, nuestros primeros pensamientos son hacia la responsabilidad que el Movimiento Cooperativo hoy tiene por delante. Estos ocho días que van desde el 1º de septiembre en el que sale la sentencia de inconstitucionalidad del caso de la Mutual Carlos Mugica hasta el momento en el que fuimos notificados de la sentencia favorable en el caso de la cooperativa de Villa Santa Rosa, creemos que hemos sepultado definitivamente a la discriminación establecida en el decreto de la tiranía denominada pomposamente “ley de radiodifusión” y que veinte años de democracia no lograron modificar.


Actualidad Cooperativa: Sin embargo, hay una duda en todo el ambiente cooperativo que podría sintetizarse en ¿Por qué se esperó tanto tiempo?


RAS: Es cierto, la larga espera del cooperativismo en llegar hasta la justicia parte de una idea que a veces tenemos los dirigentes, de no llegar a juicios, pues la confrontación es ajena a nuestra idiosincrasia. Sin embargo, creemos que ese pensamiento genérico, que compartimos en lo que se refiere a la búsqueda consensuada de acuerdos, en realidad encierra un mito, pues recurrir a la justicia en busca de la protección de nuestros derechos violados, no es confrontar, antes bien es defenderse, es buscar un tercero imparcial que defina un conflicto que nosotros no creamos ni iniciamos.
Actualidad Cooperativa: ¿Es como creer que los tribunales son lugares de los que los cooperativistas deben huir?


RAS: Algo así. Pero quizás es peor, pues a los Tribunales recurrimos generalmente cuando nos demandan, la opción de recurrir a ellos para defender nuestros derechos a veces está adormecida. Y cuando alguna cooperativa decide la vía judicial para encontrar respuestas que la política no da, el resto mira “desde la tribuna”. Es el famoso “animémonos y vayan”, donde somos muy proclives los cooperativistas a dejar solo a quien lucha. O por lo menos, a darle nuestro apoyo “moral”; pero con poco compromiso efectivo.


Actualidad Cooperativa: ¿Y con este caso que hoy determinó esta sentencia de la Corte, ocurrió algo similar?


RAS: No, este caso fue planteado de distinta manera, pues la acción que se entabló fue producto de una minuciosa estrategia planificada en CARCO. Este juicio se inscribe en ese plan, no es un hecho aislado de una cooperativa de base. Forma parte de un plan general. Eso es lo importante.





Actualidad Cooperativa: ¿Es decir que hubo un plan general que impulsó la acción?
RAS: Totalmente. Nada se improvisó, nada es aleatorio ni fruto de alguna concesión de los poderes públicos… Precisamente en Santa Rosa La Pampa, en abril de este año, en ocasión del 1º Congreso Nacional de Cooperativismo y Radiodifusión se explicitó la tesis que el cooperativismo, en esta materia se encuentra en una situación de “ofensiva estratégica” y que si bien ese estado no puede ser permanente y la inacción puede cambiar drásticamente la situación, los que favorecen la discriminación apoyados por buena parte del arco político que temen a los grandes medios de comunicación, tampoco tiene capacidad política, ni jurídica como para hacernos retroceder a la defensiva en que habíamos estado desde 1981 hasta 1996.




Actualidad Cooperativa: ¿Por la forma de expresarlo, da la idea de una guerra, parecen técnicas militares?


RAS: No es una guerra, porque uno de los supuestos bandos, el cooperativismo, precisamente no hace eso. Nosotros somos pacíficos a ultranza. Sin embargo, los conceptos de estrategia a los cuales nos referimos, tienen que ver con una justa lucha de años en la cual muchísimas organizaciones del sector de la economía solidaria han combatido la discriminación establecida por la última tiranía. En esto no tenemos que ser ingenuos, que puede llevarnos a errores, quienes están enfrentándonos son muy poderosos y cuentan con el apoyo de infinidad de políticos y ponen y sacan a funcionarios en los organismos reguladores. Hay un famoso dicho que en la Argentina es más fácil reformar la Constitución que cambiar la ley de radiodifusión... y lo triste del caso es que así ocurrió… Bien, frente a ese panorama, en CARCO comprendimos que sin estrategia de largo plazo que dispusiera multiplicidad de herramientas de lucha, sin acciones permanentes y coordinadas en todos los terrenos, tanto el político, como el legislativo y el judicial y sin una férrea unidad de todo el cooperativismo y mutualismo, sería imposible derrotar a quienes se beneficiaron en estos veinte años con la discriminación al sector de la economía solidaria. En realidad la guerra la hacen ellos, los que hoy disponen la exclusividad en la radiodifusión gracias a Viola y a veinte años de políticos genuflexos. Usan armas mentirosas, innobles, sucias…


Actualidad Cooperativa: ¿Y cómo fue la historia de este caso?


RAS: A este caso se llega luego del proceso de Audiencias Públicas que a mediados de 2001 se desarrollaron en todo el país, convocadas por la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados. En ellas se debatió en profundidad el proyecto de ley que había enviado el Poder Ejecutivo y otros proyectos originados en varios grupos de Diputados y quedó en evidencia que uno de los puntos conflictivos seguía siendo la discriminación hacia el sector de la economía solidaria. Luego que ese proceso concluyera sin la sanción de una ley, y la situación política del país se deteriorara rápidamente, CARCO reorientó sus prioridades al campo judicial. De esa manera, hicimos pasar al primer plano esta vía, que estaba latente y disminuimos simultáneamente los esfuerzos que se le dedicaban a las acciones parlamentarias y al impulso de nuestro propio proyecto de ley.
Actualidad Cooperativa: ¿Es decir que cuando se vio que la ley no se modificaría Uds. encararon acciones judiciales?


RAS: No es exactamente así. Como le explicaba antes, la CARCO desarrolló una estrategia integral con acciones políticas, ante los distintos gobiernos, promovimos el debate social del tema, mantuvimos negociaciones con los cableros privados, gestionamos ante el Comfer, unificamos el cooperativismo alrededor de nuestra entidad, presentamos un proyecto de ley integral de radiodifusión y cinco ponencias en las Audiencias Públicas, y estuvimos presentes en cuanto acto o evento se realizase dando el debate doctrinario y filosófico. Pero simultáneamente estudiamos a fondo las posibles salidas judiciales. Como se sabe, una ley es cambiada por el Poder Legislativo y a veces con los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo; pero siempre es interpretada por el Poder Judicial. Lo que hicimos fue abrir la única vía que nunca intentó el cooperativismo. Sin embargo, no cerramos las otras, fue parte de una política compleja que veníamos desarrollando.




Actualidad Cooperativa: ¿Y cómo fue este paso?


RAS: Por empezar, salimos de la encerrona histórica en la cual a veces se nos pone a las organizaciones cooperativas, de pensar que los mejores abogados, los mejores estudios están en Buenos Aires. No habíamos tenido buenas experiencias en ese campo antes y sin desmerecer a nadie, buscamos al mejor profesional argentino en la materia, alguien que además de ser buen abogado, de tener grandes conocimientos y reconocimiento local e internacional, fuera capaz de comprometerse a fondo con la causa del sector de la economía solidaria. En definitiva, alguien a quien le aflorara desde la piel su vocación de lucha contra la discriminación. La persona indicada fue el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado cordobés quien ya había llevado por voluntad y convencimiento el caso de la pequeña radio comunitaria La Ranchada de esa ciudad y lo había ganado en una acción de amparo. Como con él nos unían lazos previos, fue muy fácil ponernos de acuerdo, de allí a elaborar un plan jurídico de acción casi no tubo demoras y como existía decisión en CARCO y el apoyo irrestricto de COLSECOR, en pocos días buscamos una cooperativa que pudiera hacer de “caso testigo”. Entre varias potenciales, la que reunía todos los requisitos era la Cooperativa de Servicios Públicos Villa Santa Rosa Ltda. El Consejo de Administración de la misma aprobó la propuesta y se mostró complacida con el apoyo que recibiría de todo el cooperativismo. En menos de un mes se habían iniciado las acciones y el 28 de diciembre de ese mismo año hubo sentencia de primera instancia.



Es decir que este juicio se inició siendo Presidente el Dr. Fernando de la Rúa, cuyos funcionarios contestaron la demanda, la sentencia inicial es cuando estaba del Dr. Rodríguez Saa, la apelación la hizo el Comfer con el Dr. Duhalde ya Presidente y cuando en junio de 2002 vuelve a perder frente a la Cámara de Apelaciones, es el mismo Comfer el que apela, pocos días después que en Olivos Duhalde le hubiera prometido a 700 dirigentes cooperativos que “en cuestión de días” resolvería el problema de las cooperativas. Ese mismo Comfer apeló ante la Corte por vía de Recurso Extraordinario y bueno, el día 8 de septiembre de 2003 tuvimos el fallo decisivo. Como vemos, pasaron varios presidentes y distintos interventores del Comfer. Ninguno cambió la ley de radiodifusión; pero la decisión política de CARCO y de todo el cooperativismo hoy ha conseguido un cambio sustancial.


Actualidad Cooperativa: ¿Sin embargo, una semana atrás se conoció el caso de la Asociación Mutual Carlos Mugica, propietaria de Radio Comunitaria La Ranchada?
RAS: Ese caso, que se había iniciado durante la presidencia del Dr. Carlos Menem, a partir de su elevación a la Corte, y a pedido de dicha mutual, que se asocia a CARCO, es apoyado también por nuestra entidad, en todo lo referente a la acción ante el máximo Tribunal. También lo patrocinó el Dr. Rodríguez Villafañe y también allí quedó demostrada su gran capacidad jurídica y humana. A La Ranchada la apoyamos además de ser asociada, por ser un ejemplo de auténtica radio comunitaria, por ser integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) con quienes mantenemos una alianza estratégica y además, por ser una mutual. Ambos fallos conforman una unidad indisoluble, ya que abarcan al amplio espectro de organizaciones del sector de la economía solidaria. Así lo entendió la Corte también. Es importante el mensaje que la sociedad recibe, pues en cuestión de una semana salen los dos fallos coincidentemente.




Actualidad Cooperativa: ¿Y de ahora en más?


RAS: Ahora ya no hay discusión posible sobre el tema. Ambos fallos sientan precedentes jurídicos y jurisprudencia. Queda claro que el Comfer no podrá seguir disponiendo de las frecuencias sin establecer reservas para el sector solidario. Si lo hacen nos opondremos en los Tribunales. También queda terminada la discusión sobre si las cooperativas de servicios públicos pueden ser radiodifusoras. En el caso de Santa Rosa de Río Primero, la entidad es prestadora de telefonía urbana, rural, electricidad, internet, servicios sociales, etc. La Corte ya dijo que si puede, el tema aquí se cierra. Es decir, con humildad planteamos que esta vez el sector solidario ganó en toda la línea. Ahora viene la etapa de afianzar esas conquistas y si las autoridades no aceptan la realidad, habrá que iniciar miles de juicios.



Pueden existir salidas legales por la vía de un Decreto basado en estos fallos, o la modificación urgente del Art. 45 de la ley en el Congreso por impulso del Poder Ejecutivo…ya veremos. La pelota está en su campo y deben jugarla.
Actualidad Cooperativa: ¿Pero esa será la única forma?


RAS: De ninguna manera nosotros creemos que sea la única, además pensamos que las autoridades sabrán leer los fallos y buscarán alternativas. Ellos conocen que nuestra voluntad es conciliadora. Pero como le dije antes, no llegamos hasta aquí teniendo sólo una vía de acción. CARCO siempre planifica en términos estratégicos, miramos cinco años para adelante e implementamos diversas vías simultáneamente.


Actualidad Cooperativa: ¿El principal obstáculo está en el Comfer?




RAS: No, mire que el principal problema que debemos resolver es el odio y la intransigencia que el sector comercial de la radiodifusión ha generado en estos últimos años. Las calumnias, las mentiras, las agresiones de todo tipo que sus dirigentes han descargado sobre las cooperativas generaron muchas huellas y rencores en los dos sectores, que será difícil curar, a pesar que nuestra voluntad es de consensuar los mejores caminos para que exista una radiodifusión para todos, sin exclusiones. Desde CARCO creemos que es posible lograr un lugar para todos los protagonistas. Ellos quieren estar solos y sacar del medio al sector solidario. La realidad es que más del cincuenta por ciento de los hogares argentinos no tienen TV por cable…y no es por culpa de las cooperativas. Nosotros no inventamos la discriminación, fue la tiranía y ellos se apoyaron en esa exclusión y la defienden con uñas y dientes. Ojalá el tiempo de la reflexión y el acuerdo llegue rápido.


jueves, 31 de julio de 2003

Memoria del ejercicio Nº 7 (del 01/08/2002 al 31/07/2003)




Este ejercicio estuvo signado nuevamente por un período electoral que se abrió y encontró a nuestra Cámara en plena “lucha judicial y política para romper la discriminación”.
Se inicia el período, con la Apelación por vía del Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el Poder Ejecutivo de entonces inicia contra el fallo desfavorable que había obtenido en el caso Santa Rosa. Eso que buscó en definitiva ganar tiempo, pues no había un poder político con suficiente capacidad como para dictar una Ley de Radiodifusión, ni tampoco el cooperativismo tenía poder para impulsar nuevos cambios. Ya nos encontrábamos en el medio de una profunda “ofensiva estratégica”, aunque no podíamos avanzar más allá de seguir la vía judicial. Los sucesivos gobiernos que habían pasado y ejercido la intervención en el COMFER, habían practicado todo tipo de maniobras dilatorias y de protección de mercado a los radiodifusores que habían aprovechado la discriminación a las cooperativas. Eso se concretaba con las sucesivas prórrogas de la venta de pliegos para servicios complementarios que se venían realizando desde agosto de 2000.
La Cámara siguió denunciando por todos los medios posibles esta situación; pero lo evidente es que se demostraba que a pesar de contar con la fuerza de dos fallos contundentes, aún era necesaria la voz de la Corte.
Nuestra participación del II Megaevento cooperativo en San Martín de los Andes, devino en la decisión que los cooperativistas allí reunidos nos hicieran en el sentido de convocar a un Congreso Nacional para debatir claramente las políticas a desarrollar.
Así la última parte del Ejercicio sujeto a Memoria estuvo signada por la realización en Santa Rosa (La Pampa) del 1º Congreso Argentino de Radiodifusión y Cooperativismo, cuya asistencia masiva, el trabajo realizado durante tres días y la importante calidad técnica de los expositores, produjo un minucioso análisis y un conjunto de pautas programáticas, que se incorporaron con tema del Congreso Argentino de la Cooperación 2004. Con ese acto, nuestra entidad logró sentar las bases doctrinarias de la lucha que el cooperativismo deberá continuar en los próximos años para obtener sus derechos y proyectarse con fuerza hacia el futuro.
Simultáneamente, CARCO editó un libro denominado “Derecho al acceso a la radiodifusión en Argentina”, que con la autoría de los Drs. Miguel Julio Rodriguez Villafañe y Rodolfo Ángel Santecchia, compiló toda la teoría desarrollada hasta ese momento. Fue sin duda un gran aporte a la construcción de una alternativa cooperativa en materia de radiodifusión.
Tal como había ocurrido en los años anteriores, este ejercicio terminó con un nuevo Presidente de la Nación, el Dr. Néstor Kirchner y un nuevo interventor en el COMFER, el Licenciado Julio Bárbaro. Lo que nos hacía suponer la apertura de un proceso diferente, pronto comprendimos que no variaba casi en nada con los antecesores, por lo menos en estos aspectos de favorecer el acceso a la radiodifusión al cooperativismo.

viernes, 11 de abril de 2003

Primero Congreso Nacional de Radiodifusión y Cooperativismo 2003. Conclusiones finales

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y COOPERATIVISMO



CONCLUSIONES FINALES



El modelo de desarrollo de la radiodifusión argentina, al igual que en el resto del continente, basado en grandes corporaciones que se ubicaban como principales protagonistas y manejaban los mercados desde posiciones dominantes, está sumida en una profunda crisis.
Esta crisis, es estructural, ya que el desarrollo que comenzó a frenarse desde fines de la década pasada, ha entrado en un torbellino donde el sector de los grandes multimedios no puede garantizar fondos suficientes para continuar invirtiendo, y en el caso argentino, las principales empresas están en procesos de falencia, con cesación de pagos, desinversión tecnológica y repliegue en número de abonados o venta publicitaria.
A la vez es poco probable que existan grandes empresas que en los años venideros estén dispuestos a revertir ese proceso, con diversificación de las inversiones. En todo el continente hay estancamiento casi generalizado. Las consolidaciones tanto en TV satelital, como en operadoras de multimedios no deben confundir sobre la situación real.
Incluso, hasta en los países centrales de esos capitales, las grandes convulsiones y escándalos financieros, la finalización del fenómeno denominado “burbuja informática”, sumado al enfriamiento de la economía global produjo una disminución del ritmo de introducción de la digitalización en los medios de comunicación.
Ese fenómeno afecta tanto a los sistemas de medios de comunicación propiamente dichos, como a los productores de contenidos para ser enviados por los mismos.
En nuestro país, a la crisis de los grandes operadores, se debe agregar los efectos devastadores que produjo la devaluación sobre toda la actividad de la radiodifusión, con una enorme caída en los ingresos medidos en dólares, lo cual se traduce en una disminución de los ritmos de inversión, en gran medida constituida por equipamiento producido en el exterior. Simultáneamente, la inflación y las pujas distributivas internas en la actividad entre el sector productor de contenidos y los medios de comunicación llevaron a una profundización de la crisis, que afectaba a la actividad durante los años de la prolongada recesión desatada en los últimos años del siglo XX. El sector de pequeñas y medianas empresas de radiodifusión presenta un cuadro de estancamiento en sus posibilidades de inversión, con dispersión operativa, lo cual dificulta la obtención de economías de escala y en los casos donde este sector se une, termina siguiendo los paradigmas estratégicos del sector de las grandes corporaciones, lo cual le hace participar del mismo panorama de crisis estructural descrito.
Pero a ese cuadro, ya de por si desalentador, se suma la persistencia de la discriminación legal hacia el sector de la economía solidaria, del cual el Movimiento Cooperativo es la rama más dinámica y organizada. Con esa discriminación, se impide a amplios sectores de la población, asumir directamente la recomposición de la radiodifusión, mejorar el acceso a la información, cultura y entretenimiento y canalizar en ese sentido el ahorro interno de las comunidades donde están presentes las cooperativas, mutuales y otras organizaciones sociales sin fines de lucro.
La persistencia de la discriminación se ha vuelto más irritante aún en los últimos años, pues en la actualidad no existe ningún sector proveniente de las empresas lucrativas, dispuesto a modificar el paradigma de la actual radiodifusión. El Estado, en todas sus vertientes, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, no aparece tampoco como lo fue en tiempos pasados, como gestor de promoción de la radiodifusión en áreas poco rentables para los privados o desiertas en términos comunicacionales. Esa situación genera una paradoja infame, donde a los ciudadanos no sólo no se les da el acceso a la radiodifusión, sino que también se les niega la posibilidad de autoprestarse a si mismos esos servicios por medio de sus organizaciones comunitarias.
La violación flagrante por parte de las normas y regulaciones que rigen la radiodifusión, de los derechos humanos de millones de argentinos, que se ven privados de ejercer sus derechos constitucionales en materia de libertad de expresión, de asociación con fines útiles, de enseñar y aprender, de igualdad ante la ley, de defensa de la competencia, de generar empleos, de respeto a la supremacía de la Constitución Nacional y los pactos Internacionales, de razonabilidad de las normas, es en la actualidad mucho más grave, pues en el país tienen vigencia las instituciones de la democracia desde hace casi veinte años.
Por lo antedicho y luego de debatir intensamente esa situación, los representantes del Movimiento Cooperativo concluyen que:



1. Este Primer Congreso Nacional de Radiodifusión y Cooperativismo manifiesta que el Movimiento Cooperativo hace ya varios años ha dicho basta a la discriminación a que es sometido para ejercer sus legítimos derechos a brindar todo tipo de servicios de radiodifusión, en igualdad de condiciones que los particulares y las empresas lucrativas.

2. Esa discriminación tiene su sustento jurídico en la denominada Ley de radiodifusión 22.285, dictada durante la última dictadura militar, bajo el influjo de la nefasta teoría de la seguridad nacional. Tanto quienes la dictaron y sostuvieron antes, como aquellos que con vehemencia la defienden ahora, violan los derechos humanos y constitucionales de millones de argentinos nucleados en cooperativas, mutuales, iglesias, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. La historia une a los tiranos de antes con los que usufructúan los beneficios legales de exclusividad y monopolio otorgados por aquellos.

3. Quienes desde el gobierno federal manejan discrecionalmente las licencias de radiodifusión, frenando y obstaculizando por todos los medios posibles el acceso a las cooperativas y al resto de entidades sin fines de lucro, aún por vías indirectas, como son aquellas que surgen de la aplicación de la resolución Comfer 441/98, sostienen prácticamente la discriminación, favorecen la violación de los derechos humanos de millones de compatriotas, avalan la conformación de monopolios y oligopolios y tiñen de sospechas de corrupción todos sus actos.

4. Frente a la discriminación no existen terceros caminos. Se está a favor de ella o se está en contra. Este Congreso hace un llamado especial a todas las pequeñas y medianas empresas de radiodifusión para que se pronuncien dentro de sus organizaciones gremiales y representativas a los efectos que las mismas detengan su aval a la ley de la dictadura y a todos los actos que directa o indirectamente procuran defender la discriminación, tales como son acciones políticas de presión que ejercen sobre políticos y legisladores, juicios cuyo único objetivo es frenar la caída de la discriminación o medidas de implícito aval de la injusticia normativa. Cada cual elegirá el lugar donde ubicarse, que definirá su posición frente a la discriminación.

5. Aquellas empresas comerciales que tengan voluntad democrática y acepten el reto de una radiodifusión plural y con distintos protagonistas, deben ser invitados por todas las entidades que forman el Movimiento Cooperativo a buscar y esforzarse por encontrar caminos de coincidencias, sinergia y asociaciones novedosas y amplias, que permitan una recuperación rápida y eficaz de la radiodifusión argentina. Es mucho lo que el sector de la economía solidaria puede aportar en ese terreno, sumando recursos humanos, técnicos y financieros.

6. El resto de las entidades del sector de la economía solidaria o de carácter comunitario, deben ser convocadas de inmediato a través de las instituciones cooperativas, a formar un poderoso frente común por la igualdad y la inclusión. La responsabilidad que tiene el Movimiento Cooperativo al ser uno de los protagonistas más organizados y consolidados, además de mantener una posición clara de ofensiva contra la discriminación en todos los campos, implica coordinar siempre sus acciones junto a todo el arco de organizaciones sociales que coincidan con una radiodifusión para todos, sin exclusiones.

7. Este Congreso avala todo lo realizado por la Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales y otros Prestadores Comunitarios de Radiodifusión (CARCO), desde su nacimiento en 1996 hasta la fecha, que le permitió al Movimiento Cooperativo articular definitivamente la totalidad del accionar institucional, legal y de representación para enfrentar a la discriminación. Se avala también los logros alcanzados por la CARCO como única organización gremial empresaria del sector de la economía solidaria en radiodifusión y auténtica representante ante las organizaciones superiores del cooperativismo nacional e internacional, ante los poderes del Estado y el resto de los protagonistas de la radiodifusión argentina y del mundo.

8. Se pide expresamente a todas las cooperativas y mutuales, como asimismo a otras entidades del sector de la economía solidaria, que se asocien a la misma y le aporten recursos humanos, económicos, técnicos y doctrinarios, para llevar adelante certeramente la etapa decisiva de lucha contra la discriminación. La CARCO debe representar a la totalidad de la instituciones solidarias argentinas.

9. Sólo se conseguirá la eliminación definitiva de la discriminación mediante la ejecución coordinada, constante y simultánea de todo el Movimiento Cooperativo de diferentes acciones en los campos judicial, político legislativo y sobre el poder Ejecutivo, además de medidas económicas y de difusión pública. Las más importantes que se determinaron en este Congreso relacionadas con los aspectos legales y regulatorios son las siguientes:
a) Continuar las acciones judiciales ante la Corte Suprema en los casos “Asociación Mutual Carlos Mugica c/Estado nacional-Comfer” y “Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa Santa Rosa Limitada c/Estado nacional –Comfer” y apoyar todos los casos que lleguen a esa instancia judicial.
b) Promover que toda cooperativa o mutual inicie “acciones declarativas de certeza” sobre la inconstitucionalidad de la Ley 22.285 en el menor tiempo posible, para obligar al servicio jurídico del Comfer a dedicarle enormes esfuerzos a defender la “indefendible” ley de radiodifusión.
c) Generar ese tipo de acciones en todas las jurisdicciones de la justicia federal en el menor tiempo posible, tomando el ejemplo de los juicios ya realizados en la provincia de Córdoba donde existe jurisprudencia favorable de las dos salas de la Cámara Federal de Apelaciones.
d) Presentarse en nombre de la CARCO o de cooperativas particulares en cualquier instancia judicial que lleve adelante el sector que apoya la discriminación y sus organizaciones.
e) Iniciar los contactos correspondientes ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos para presentar la situación de violación de los derechos humanos por parte del Estado Federal y comenzar a generar los informes correspondientes.
f) Recurrir a esta instancia si por cualquier causa las acciones judiciales en tratamiento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resultan favorables a los derechos del sector de la economía solidaria.
g) Darle a estos hechos adecuada difusión en los medios de comunicación propios del cooperativismo y del mutualismo y como acciones de esclarecimiento ante las fuerzas productivas, religiosas, políticas y otros medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros.
h) Promover que el Movimiento Cooperativo a través de la Confederación Cooperativa de la república Argentina (Cooperar), difunda esos logros y denuncie la discriminación ante la Alianza Cooperativa Internacional y cuanto foro o encuentro internacional se realice.
i) Impulsar que las conclusiones del presente sean incluidas como tema de carácter estratégico a considerar por el próximo Congreso Nacional de la Cooperación.
j) Procurar que el Movimiento Cooperativo Internacional genere quejas, declaraciones y pedidos ante el Poder Ejecutivo y Legislativo Argentino, pidiendo el cese de la discriminación.
k) Accionar ante el Defensor del Pueblo de la Nación y de todos y cada uno de los Defensores del Pueblo provinciales para que se manifiesten contra la discriminación de la ley de radiodifusión. Se destaca la positiva iniciativa del Defensor del Pueblo de San Luis en ese sentido.
l) Denunciar formalmente la discriminación ante todos los organismos nacionales y provinciales competentes en temas de derechos humanos.
m) Investigar y denunciar ante el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia todas las acciones del sector que apoya de la discriminación que tienden a abusar de su posición dominante y de prácticas reñidas contra la competencia, en violación de la Ley Nacional 25156 (Defensa de la competencia) y de la resolución 726/99 de la SICyM (Control de monopolio)
n) Coordinar acciones judiciales, políticas y de difusión con otras organizaciones representativas de distintos sectores discriminados.
o) Producir con motivo de la asunción del nuevo gobierno un petitorio relacionado con los derechos del sector de la economía solidaria y entregarlo a las nuevas autoridades de los organismos reguladores del sector.
p) Organizar la difusión directa y permanente ante todos y cada uno de los Diputados y Senadores de la Nación, llevando un registro formal de sus opiniones con respecto a la discriminación y a los actos que están dispuestos a realizar para eliminarla. Comunicar por todos los medios posibles esas opiniones ante el Pueblo de sus respectivas jurisdicciones. Recordar periódicamente esas opiniones y difundir ante los ciudadanos las acciones que cada representante del Pueblo o de cada provincia expresa en las Comisiones respectivas o en las sesiones del Congreso con respecto a la eliminación de la discriminación.
q) Llevar el debate de la discriminación al seno de los partidos políticos y de las distintas organizaciones sociales. Procurar que éstos se expresen formalmente sobre el tema.
r) Procurar la solidaridad con la causa de la lucha contra la discriminación a todos los niveles (municipal, provincial y nacional)
s) Difundir entre los trabajadores culturales y de radiodifusión la importancia que tiene como generadora de fuentes de trabajo y garantía de libertad de expresión la apertura a todos los sectores, sin exclusiones.
t) Generar una iniciativa popular según las reglamentaciones específicas, para exigir al Congreso el tratamiento de un proyecto de ley destinado a la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión vigente. Avalar ese pedido con la presentación de las firmas exigidas por ley para darle curso a ese proyecto.
u) Promover distinto tipo de manifestaciones masivas para debatir públicamente con los ciudadanos el tema de la discriminación.
v) Coordinar una acción legislativa a mayor plazo impulsando el proyecto de modificación integral de la Ley de radiodifusión, sobre la base del proyecto de CARCO y todos los aportes que el sector de la economía solidaria pueda hacerle.
w) Apoyar con firmeza la decisión adoptada por los vecinos de Santa Rosa, provincia de La Pampa, en el sentido de auto brindarse el servicio de antena comunitaria. Y apoyar también a la Cooperativa Popular de Electricidad de dicha ciudad, que se convirtió en el vehículo utilizado por los vecinos para hacer efectivo ese derecho. Que el “Grito de Santa Rosa” sea un faro que nos guíe en ese sentido.
x) Impulsar la adopción con idénticos criterios de nuevas antenas comunitarias en aquellos lugares donde existan virtuales “desiertos comunicacionales” y apoyar a las cooperativas que actúen por mandato de sus asociados y usuarios. Comisionar a la CARCO para que en un breve plazo difunda dentro del Movimiento Cooperativo la metodología y fundamentos jurídicos para la instalación de antenas comunitarias propiedad de los usuarios directos, los que basados en el Decreto 174/89, procedan a establecer sistemas de distribución de señales satelitales de radio y televisión mediante la utilización de medios físicos (cable). Apoyar todas las iniciativas de ese tipo desde el Movimiento Cooperativo.
y) Repudiar a la burocracia protectora de los oligopolios y a los defensores de la discriminación y denunciar cualquier acto sospechoso de corrupción ante los organismos judiciales y administrativos correspondientes.
z) Apoyar a todas las organizaciones de usuarios y consumidores en sus protestas contra las prácticas oligopólicas de los defensores de la discriminación.
aa) Propiciar que todas las cooperativas incorporen en sus objetos sociales, por decisión de Asamblea, la prestación de servicios de radiodifusión.



10. En la consideración de los temas relacionados a las organizaciones del Movimiento Cooperativo y su capacidad operativa el Congreso resolvió:



a) Apoyar a la Cooperativa de provisión y comercialización para servicios comunitarios de radiodifusión (COLSECOR), como una alternativa válida y eficaz para hacer frente a la concentración del sector de economía lucrativa, a la par que ha demostrado capacidad en la construcción de medios de comunicación autónomos y propios como es el Canal seis televisión alternativa.
b) Proponer a todas las empresas de radiodifusión que mantengan vínculos con el sector cooperativo para que se agrupen alrededor de dicha entidad o eventualmente de otras que puedan surgir regional o nacionalmente, apartándose de aquellas organizaciones empresariales que agrupan a entidades del sector de economía lucrativa y que mantienen en sus direcciones una prédica constante contra el cooperativismo.
c) Procurar que en los próximos años el sector de economía solidaria se transforme en el principal prestador en cantidad de hogares servidos de la Argentina, llegando a los millones de compatriotas que hoy no tienen acceso a servicios de televisión multiseñal. Utilizar la solidez y reconocimiento actual de COLSECOR para asegurar servicios de radiodifusión eficientes y de óptima calidad, aumentando las economías de escala y el profesionalismo operativo.





11. Con respecto a los temas relacionados con los contenidos de los servicios a brindar, el Congreso resolvió:



a) Apoyar la existencia de Canal seis televisión alternativa, como auténtica “señal emblemática” del sector de economía solidaria. El deseo de tener nuestro propio canal de televisión finalmente se vio concretado y llegar a poseerlo significó un salto enorme, del cual no se puede volver atrás.
b) Lograr que esta señal sea la punta de lanza de todo un sistema de medios de comunicación alternativos.
c) Proponer a todas las cooperativas del país, que se conviertan en el sostén económico y doctrinario del mismo, garantizando de esa manera la difusión y distribución.
d) Sugerir que en cada localidad, la cooperativa local se haga cargo de los costos de instalación y mantenimiento del canal y ofrezca a la empresa de cable local que ella lo emita en su grilla sin costo alguno, recibiendo el equipamiento necesario en comodato.
e) En caso que la empresa local de cable, pese a su gratuidad se niegue a difundir el Canal seis televisión alternativa, procurar otras vías para que la señal llegue a los asociados y se difunda de esa manera el ideario cooperativo, que busca un mundo sin discriminación.
f) Apoyar en todos los rincones de la patria, la producción de contenidos de televisión a ser emitidos por el canal. Estos deberán reflejar con libertad creativa, la visión humanista, solidaria y optimista que tiene el cooperativismo.
g) Invertir recursos económicos en tecnología, capacitación y personal, para recorrer aceleradamente la gran brecha que hoy separa la televisión comercial de la naciente televisión alternativa. Ese esfuerzo permitirá mejorar la calidad de nuestros programas, a la par que generará puestos de trabajo estables principalmente para los más jóvenes.
h) Generar medios de auditoría eficientes para interpretar las necesidades temáticas y estéticas de los televidentes y así generar los cambios que se vayan requiriendo.
i) Permitir que en nuestros medios de comunicación estén representadas todas las regiones y provincias de nuestro país, además de todas las ideas y todas las opiniones. Acordar con universidades o entidades educativas para difundir sus contenidos.
j) Sugerir a los sistemas de cable comunitarios que incorporen el Canal seis televisión alternativa en la frecuencia del canal local, integrando la programación propia con la señal nacional para de esa manera potenciar ambos canales.
k) Buscar que mediante una alianza con las radios comunitarias, se pueda poner en el aire una señal satelital de radio que siga los pasos del Canal seis televisión alternativa, para servir de apoyo a las emisiones de todas las radios comunitarias del país.



Estas conclusiones, han sido elaboradas a partir de las exposiciones desarrolladas y por los aportes de cientos de delegados en el trabajo en Comisiones durante las tres intensas jornadas del Congreso. Serán instrumentos de trabajo para el cooperativismo durante los próximos años y representan el máximo grado de compromiso teórico y de planificación estratégica alcanzado por el sector de la economía solidaria en su ofensiva por conseguir una radiodifusión para todos, sin exclusiones. Demuestran que el camino comenzado en 1996, ha dado sus frutos, que ha concluido un ciclo y que las puertas están abiertas para la última y decisiva etapa quinquenal que hoy se inicia.
Conseguir su éxito es responsabilidad de todos quienes sentimos al cooperativismo como una opción de vida y un modelo válido para resolver nuestros problemas sociales.





Santa Rosa, provincia de La Pampa, viernes 11 de abril de 2003.

lunes, 31 de marzo de 2003

Bases para una radiodifusión sin exclusiones - Construcción de la opción cooperativa -

BASES PARA UNA RADIODIFUSIÓN SIN EXCLUSIONES


CONSTRUCCIÓN DE LA OPCIÓN COOPERATIVA



Cuando recibimos la invitación para acompañar un trabajo teórico sobre la discriminación de acceso a la radiodifusión que tienen las cooperativas argentinas en este, el primer libro que se iba a compilar sobre el tema, no pudimos menos que sentirnos honrados y al mismo tiempo, comprometidos con los argumentos que se iban a emitir en él. Compartir el trabajo con un amigo como el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe encerraba un segundo desafío, quizás más difícil que el primero, pues reconocemos en él a un excelente constructor de doctrina jurídica sobre esa temática, a la vez que un hábil letrado, capaz de encontrar mecanismos novedosos y contundentes de acción en los tribunales.


Frente a esa perspectiva, preferimos encarar este trabajo desde la óptica de acciones doctrinarias reales que ya hubieran sido aplicadas en la práctica concreta y rehuir a un trabajo de teoría general pura y de base académica, que además no es nuestro estilo.


En las páginas siguientes, se transcriben textuales las ponencias presentadas por nosotros ante las Audiencias Públicas desarrolladas durante el año 2001 en ocasión del debate abierto por la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, para considerar la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión que reemplazara a la vieja y nefasta Ley 22.285. La ponencia presentada en agosto de dicho año, ante la última Audiencia Pública, que se desarrolló en dos fechas en la Capital Federal, es el Proyecto de Ley de Radiodifusión que elaboramos sobre la base de todo el debate generado en los meses anteriores y que fue presentado en nombre de CARCO ante dicha Comisión.


La suerte de este proyecto aún no está definida, pues el Diputado Héctor Polino, con muy pequeños cambios, asumió en su condición de legislador dicha elaboración y junto a un grupo de Diputados, le dio el debido ingreso parlamentario. Es decir que todavía puede ser fuente de debate en dicha Comisión.


Quisiéramos no obstante, a los efectos de orientar la lectura del material expuesto, hacer una breve síntesis histórica de las acciones desplegadas por el Movimiento Cooperativo para erradicar la injusta discriminación legal. Estos trabajos que confeccionamos y que hoy son el aporte teórico que incluimos en el presente, en realidad forman parte de un conjunto de acciones, que deben ser visualizadas con sentido integrador, para comprender la enorme fortaleza alcanzada en la actualidad por el sector de la economía solidaria en el campo de la radiodifusión.


El punto de inflexión. Octubre de 1996.

Durante ese mes fue dictado el Decreto presidencial de Necesidad y Urgencia, que con el número 1143 y con contundentes y rotundos argumentos jurídicos y políticos puso fin a la exclusión que las cooperativas tenían de las licencias de radiodifusión. Casi inmediatamente, en la sede de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos (FACE), convocados por la anfitriona y por la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (FECOTEL), decenas de dirigentes cooperativos de todo el país se dieron cita para evaluar el resultado obtenido y programar los pasos jurídicos e institucionales a implementar. La obtención del Decreto 1143 fue una silenciosa y esforzada labor de un pequeño grupo reducido de dirigentes; pero desde allí en más, haría falta mucho tesón para defenderlo y lograr su puesta en marcha. Entre las acciones acordadas figuró la creación de una organización gremial empresaria, que continuara todas las acciones en el campo de la radiodifusión comunitaria. Esa fue la génesis de la CARCO, la cual logró institucionalizarse seis meses más tarde.


La historia siguiente es bien conocida, el Decreto 1260 dictado 28 días después, derogó en su artículo 5°, sin dar ningún argumento, al Decreto 1143. La acción de quienes se oponían al cooperativismo había logrado contrarrestar rápidamente el éxito alcanzado y todo parecía volver a la situación anterior. Es decir, el sector de economía solidaria totalmente excluido de la radiodifusión.


Sin embargo, no fue así, pues la unidad operativa alcanzada ese 30 de octubre cuando el cooperativismo argentino se decidió a crear la CARCO y luchar para erradicar la discriminación, significó un verdadero golpe de timón. Desde allí en más, sin temor a equivocarnos podemos afirmar que se avanzó lentamente al principio y con mayor fuerza después, hacia un verdadero pase a la ofensiva estratégica por conseguir el lugar que el sector de la economía solidaria se merece en la radiodifusión.


El 18 de diciembre de 1996, cuando habían pasado escasos días desde la derogación del Decreto 1143, el cooperativismo argentino, en la sede de la Cámara de Diputados de la nación organizó el Primer Seminario de Radiodifusión y Cooperativas. Fue la primera vez que se debatió de manera unitaria toda la teoría disponible sobre el tema y fue un decisivo envión para el surgimiento de CARCO.


Los años de búsqueda de alternativas.


Desde 1996 en adelante, luego de una pequeña decepción inicial, las cooperativas y mutuales organizadas en la CARCO comenzaron a buscar nuevas alternativas para resolver el problema. Estaba bien claro que el Parlamento no modificaría la Ley, pues existían fuertes presiones en contrario. También era improbable que el Poder Ejecutivo dispusiera un nuevo Decreto, luego de las idas y vueltas operadas con el 1143 y el 1260. La concentración de medios de comunicación en manos transnacionales estaba en su punto culminante y todo parecía indicar que lo máximo que se podría conseguir era que “no se molestara” a las cooperativas que estaban operando sistemas de TV por cable directa o indirectamente. Sin embargo, afirmamos que en la práctica y en la doctrina, el cooperativismo había pasado a una situación de ofensiva en la lucha por sus derechos y eso se vio reflejado en todo el proceso de búsqueda de un instrumento que permitiera superar el famoso “travestismo” al cual en años anteriores habían obligado al sector, a la par que se convirtiera en un medio de acceso, aunque limitado, a licencias por parte de las cooperativas.


Así se obtiene la resolución COMFER 441/98, que posibilitaba la participación de cooperativas como accionistas en sociedades licenciatarias, sin limitaciones. Esta Resolución, fue como el Decreto 1143, la culminación de un largo proceso de aporte teórico y negociación con el poder político expresado en el COMFER de entonces. Fue una solución “a medias” que aceptaron los administradores, lograda en un momento político apropiado. Sin embargo, nuevamente el sector comercial de la radiodifusión, desde la misma posición defensiva en la cual operaba hacía dos años, logra contrarrestar el logro obtenido por el cooperativismo en una interminable serie de catorce encuentros de negociación destinadas a encontrar una forma de atemperar la profundidad de lo que parecían ser los primeros pasos de una avalancha de cooperativas ingresando en sociedades licenciatarias o comenzando las gestiones para iniciar los trámites. En esa oportunidad, un cambio de autoridades en el COMFER, fue aprovechado para dilatar en una trabada negociación que de antemano buscaban que no concluyera en nada, pues en realidad no estaban dispuestos a efectuar ninguna concesión y sólo intentaban ganar algo de tiempo adicional. Es importante destacar que este proceso fue encarado por el sector representativo de los medianos y pequeños radiodifusores comerciales, los cuales circunstancialmente habían quedado separados de los grandes operadores, que estaban muy ocupados en problemas propios de ellos y de sus divisiones y consolidaciones de mercado. Lamentablemente, todo el material y el debate de esos meses, que fue muy rico en argumentos y en opciones novedosas, aún no fue compilado y en su gran mayoría tiene una base oral. Los pocos documentos que se discutieron fueron aportados por el cooperativismo.


Si bien no se pudieron asegurar los resultados a los cuales estábamos dispuestos, quedó demostrado que ya era difícil eliminar mediante una simple acción “de escritorio” la Resolución 441/98, como dos años atrás se había hecho con el Decreto 1385. El sector cooperativo mantenía la iniciativa y aunque no lograba obtener resultados finales positivos, se seguían acumulando antecedentes que no podían ser anulados por quienes se oponían al acceso. El proceso electoral de ese tiempo, dificultó cualquier intento por definir la situación, que quedó frenada a la espera del cambio de gobierno. Se puede catalogar a ese período como de “fortaleza cooperativa en medio de un equilibrio estable de fuerzas”.

El tiempo de la espera

Con el cambio de gobierno, se recrearon nuevas expectativas con respecto a las decisiones que se adoptarían con respecto a la discriminación hacia las cooperativas.


La CARCO, dentro de su política de ofensiva en todos los campos, había mantenido importantes contactos y había efectuado acción política sobre los posibles partidos que asumieran en diciembre de 1999. Con respecto al sector que triunfó en esas elecciones, ya en Rosario, durante un encuentro del Instituto Programático de la Alianza se habían consensuado mecanismos de salida de la discriminación existente hacia el sector de la economía solidaria en caso que el triunfo correspondiera a esa fuerza política. Parecía que la ofensiva iniciada en 1996, iba a concluir finalmente en un cambio del status jurídico de las cooperativas y la radiodifusión por la vía reglamentaria del COMFER o del Poder Ejecutivo nacional, con un aseguramiento mediante la modificación de la Ley 22.285 por la vía legislativa.

El año 2000 y los primeros meses de 2001 fueron de negociación política a nivel COMFER, que aparentemente iban a concluir con el fin de la discriminación por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Al ver que cualquier solución se demoraba y al encontrar distintas vías de interpretación dentro del Organismo, en donde se comenzaba a notar una inclinación cada vez mayor a la defensa del sector poseedor de licencias, frenando el ingreso de nuevos protagonistas (no ya cooperativas, sino cualquiera), la CARCO procura retomar el debate a la solución por la vía de la resolución 441/98, que estaba vigente. Las autoridades dentro del Organismo están divididas sobre el punto y nadie se arriesga a la toma de decisiones. El famoso Decreto a la firma del Presidente, al cual se atribuyen “soluciones definitivas” tarda en decidirse y era obvio que eso implicaba una confusión en los cuadros dirigentes del COMFER. Incluso finalmente, quienes habían asumido prometiendo la solución definitiva, se retiraron dejando la modificación de la Resolución 441/98, haciéndola más restrictiva hacia las cooperativas. Creemos que el Movimiento Cooperativo demoró en esos meses algunas medidas que tomó luego en el segundo semestre y ese error táctico de continuar una línea principal de negociación frenando otras acciones que fortalecieran la posición del sector, si bien no cambiaron la situación de ofensiva descripta, significaron la pérdida de algunos meses de tiempo. Algo parecido había ocurrido durante el verano de 1999 como se explicó antes.

El proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. La consolidación del argumento doctrinario.

Pero mientras los debates en el COMFER eran confusos, por la poca claridad de los planteos que existían, simultáneamente, a partir de mayo de 2001 se abre un proceso que determinó un cambio sustancial en la estrategia del Movimiento Cooperativo. Si bien no se había perdido nunca la iniciativa, desde 1996, ésta no estaba asentada en una estrategia basada en un fuerte componente teórico y doctrinario, que explicitara los ejes del debate con profundidad, centralizara tras un mensaje contundente el punto de vista del sector y articulara un abanico de medidas simultáneas destinadas a asentar resultados parciales y los vinculara con planes a largo plazo. Pero un hecho externo, como fue la presentación del Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo y la apertura del debate a nivel nacional, con las seis audiencias publicas a las que convocó la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, fue plenamente aprovechado por el sector de economía solidaria para profundizar teoría y llevar el debate a niveles nunca alcanzados hasta ese momento.

La participación de la CARCO con ponencias completas en cada Audiencia Pública, significaron el debate alrededor de un marco teórico que desnudaron las incoherencias del COMFER y su proyecto, a la vez que cambiaron el eje del debate, pues el “tema cooperativo” fue uno de los puntos candentes de cada encuentro.

La conclusión del proceso, con la presentación de un proyecto de ley integral significó la apuesta a futuro que el sector cooperativo es capaz de realizar, pensándose a si mismo como integrante de un proceso de reforma profunda de la radiodifusión a largo plazo. En ese sentido, el proyecto de ley excede lo simplemente reivindicativo de la discriminación del artículo 45, sino que avanza en terrenos complejos pero sobre los cuales el sector de economía solidaria debe expresarse.

Y sin embargo no todo quedó allí, pues concluido el proceso de Audiencias Públicas y la elección de octubre de 2001 que significó un cambio en las posiciones de poder futuras, esta vez la CARCO no esperó modificaciones en el pensamiento de los administradores ni apostó todo a un Decreto (aunque no se excluye ese campo de acción, como se pudo comprobar en la promesa que el cooperativismo en pleno le arrancó al Presidente Duhalde el 6 de julio de 2003 en la quinta de Olivos). En efecto, en octubre de 2001, se inició un juicio contra la constitucionalidad del artículo 45 de la Ley 22285, cuyas instancias fueron tramitadas como “caso testigo” y formando parte de toda la estrategia que está en marcha. Ganar en primera instancia el 28 de diciembre de 2001 el caso “Cooperativa Villa Santa Rosa Limitada c/ Estado Nacional -Comfer- Acción declarativa de certeza” fue el corolario de ese año de gran producción teórica, doctrinaria y estratégica. Todos los pasos posteriores (triunfo en segunda instancia, trámite ante la Corte Suprema de la Nación, nuevos triunfos en otros casos) se siguen enmarcando en el profundo cambio de orientación dado durante ese año.

Cada vez con mayor claridad, las medidas utilizadas para defender la discriminación deben recurrir a argucias dilatorias y argumentos falaces, como en el caso tramitado en Resistencia – Chaco -. Son a nuestro entender meros planteos legales de bajo contenido, que no pueden llegar al fondo del tema, pues allí donde éste se debate, siempre son superados por la contundencia de los fundamentos técnicos y filosóficos cooperativos. Entorpecen; pero no logran hacer salir de la situación de defensiva estratégica al sector lucrativo que desea mantener la discriminación.

Por ello, creemos que repasar con visión global y a la distancia estos documentos que nos tocó escribir y defender en nombre de CARCO durante ese período, es quizás el mejor aporte que hoy podemos hacer a este trabajo.


Rodolfo Ángel Santecchia
Córdoba, marzo de 2003.

El presente documento, redactado por Rodolfo Santecchia, formó parte del libro que el mencionado publicara junto a Miguel Julio Rodriguez Villafañe, bajo el título Derecho al acceso a la radiodifusión en Argentina. Dado que el autor era al momento de escribir esta pieza, Presidente de CARCO y todos los textos que aportó fueron asumidos por la organización como propios, la entidad considera (con asentimiento de quien lo firma) que no puede considerarse propiedad individual y debe figurar entre los documentos de la Cámara.
Además, tienen un gran valor histórico, puesto que al momento de redactarse éste, aún no habían sido dictadas las Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; ni se había reformado el artículo 45 de la Ley 22285. Tampoco estaba elaborado el documento "21 puntos para una radiodifusión democrática", que CARCO firmara a través de su delegado a ese foro, Ing. Alan Miller, quien era el Vicepresidente de la Cámara.

Maimónides Joaquín Roquero
      Presidente de CARCO
        25 de junio de 2010