En el curso del presente ejercicio la nación se vio conmovida por los acontecimientos que culminaron con el cambio traumático del gobierno nacional.
No obstante en los últimos meses de ese gobierno culminó el proceso iniciado de convocatoria de audiencias públicas, en especial la realizada en la Ciudad de Buenos Aires, que significó un paso importante por la participación de la CARCO en ese ámbito que culminaba la labor realizada en las audiencias anteriores, en el pasado ejercicio. Por otra parte en esa audiencia se presentó el proyecto de ley elaborado por la Cámara.
Este positivo proceso no tuvo continuidad dado el debilitamiento del gobierno nacional. Afortunadamente, ya superado el debate sobre la conveniencia o no de realizar acciones judiciales, se inician los contacto con el Dr. Rodriguez Villafañe, que ya había desarrollado acciones de esta naturaleza patrocinando a la Radio Comunitaria La Ranchada.
Por su importancia exponemos en esta Memoria el texto íntegro de los fundamentos que acompañaron al proyecto de Ley que CARCO aportó a la sociedad Argentina y que tomaron estado parlamentario gracias al inestimable apoyo que el Diputado Héctor Polino brindó al asumirlo como propio, casi sin tocarle ni una coma de su texto: “Fundamentos del Proyecto de Ley presentada en la última Audiencia Pública desarrollada en la ciudad de Buenos Aires. Señor presidente: Nuestra radiodifusión está regida por una ley de la dictadura militar, basada en los conceptos y fundamentos teóricos de la nefasta doctrina de la seguridad nacional que tanto luto y dolor trajeron a nuestra patria.
El Parlamento Argentino le debe a la ciudadanía una nueva ley que deje definitivamente atrás esa oscura etapa de nuestra historia aún reciente; pero que está presente en algunos institutos jurídicos como la denominada ley 22.285.
Es incomprensible que a casi veintiún años desde su promulgación por los tiranos, aún rija los destinos de una actividad tan sensible a los aires remozados de nuestra democracia que se consolida día a día.
Por eso pensamos que el tiempo para dejar atrás esta norma es hoy, la deuda social exige ser reivindicada de inmediato, pues el mal que su incumplimiento encierra se acrecienta día a día.
Y precisamente uno de los grandes males a los cuales ha dado lugar la ley vigente es la exclusión a importantes sectores de la sociedad argentina, que en la mente de los dictadores no tenían lugar, por ser tan democráticos en su estructura interna, que significaban el “huevo de la serpiente” de sus planes. Nos referimos a todo el amplio arco de organizaciones sin fines de lucro, que van desde las iglesias de cualquier credo, hasta las cooperativas, incluyendo en él a las mutualidades, fundaciones, y demás organizaciones no gubernamentales.
El apartamiento de este sector, que en opinión de la mayoría de los autores modernos, representa una de las principales reservas de participación, democracia, inclusión social y creación de trabajo del convulsionado mundo actual, produjo una grave distorsión en la comunicación argentina y favoreció la excesiva concentración en empresas lucrativas de capitales migrantes sin sentido profundo de los valores nacionales, locales ni solidarios.
La radiodifusión argentina necesita un cambio urgente que la oriente hacia los verdaderos objetivos que la sociedad le exige. Es imposible hacerlo sin una vuelta de timón completa, que ubique a la actividad en un estado fundacional, luego de los efectos devastadores que la doctrina de la seguridad nacional y la impotencia de la democracia produjeron en estos largos años. Con seguridad hará falta mucho tiempo para que un cambio de ese tipo produzca sus efectos, e incluso quizás alguien hasta pueda decir que ya es tarde, sin embargo, somos optimistas en que si se lanzan a la actividad distintos protagonistas, sobre todo a los excluidos, y se fomenta su participación mediante un órgano regulador federal y abierto, con seguridad buena parte del tiempo perdido podrá recuperarse. Además, se deberá controlar el ingreso de capitales de dudoso origen, sin que ello impida la apertura hacia el exterior con limitaciones lógicas y aplicadas por todos los países que poseen actividad de radiodifusión desarrollada.
En nuestro criterio, lo esencial en estos momentos es la creación de nuevas reglas de juego, basadas en nuestra Constitución Nacional y en el conjunto de sistema jurídico con las modificaciones que ha tenido en estos veinte años. Una ley de radiodifusión a estas alturas, no puede pretender organizar el tránsito hacia la convergencia tecnológica sin no es capaz de abrir espacios y desarrollar protagonistas nuevos. Estos se sumarán a los ya existentes y de esa interacción en unos años tendremos un panorama distinto, con actores consolidados y la posibilidad de afrontar las nuevas revoluciones que la ciencia y la tecnología construirán. Si no somos capaces como Nación de preparar el terreno para que la semilla del progreso prenda en una tierra fértil, sólo seremos espectadores de los grandes cambios por venir y no tendremos la menor independencia.
Frente a estos desafíos que hoy están presentes, y luego de analizar con profundidad los proyectos de ley presentados y las opiniones vertidas en las audiencias públicas, hemos construido este proyecto, que procura concretar esos anhelos expuestos.
Por ello, dejamos atrás algunas discusiones que no hacen al fondo de la cuestión hoy, como la disquisición sobre la propiedad del espacio radioeléctrico, ni tampoco a la creación de organismos muy extendidos o a un exceso de reglamentación legal sobre los mismos. Necesitamos en nuestro concepto una ley clara y simple, que garantice al acceso y las reglas de juego generales.
También, siguiendo en esto nuestros fundamentos, abrimos el juego al más amplio espectro de protagonistas y facilitamos su acceso a la actividad creando mecanismos de ingreso simples para aquellos servicios que utilicen medios físicos, como los tan difundidos cables, que mediante una adecuada competencia podrán superar quizás, si no llegamos demasiado tarde, la excesiva concentración actual, que ubican a nuestro país entre los que tienen mayor penetración de estos servicios y al mismo tiempo, mayor tasa de concentración en pocos prestadores. En este sentido, no ponemos ningún tipo de limitación al acceso, pues creemos que hacerlo implicaría consolidar la actual situación, que ha devenido en concentrada, luego de partir de una amplia dispersión inicial. Precisamente la aparición de nuevos titulares de licencias, pertenecientes a distinto tipo de personas jurídicas sin fines de lucro, como son las cooperativas y en especial el sector más desarrollado de éstas que es la rama de servicios públicos, actuará como limitante natural a la concentración, pues estas organizaciones al no basarse en el lucro al capital, sino en el servicio a la comunidad como esencial, serán menos proclives a la transferencia. Nuevamente, aquí esperamos que el transcurso del tiempo y formas de colaboración que la misma ley permite, posibilitarán crear todo un nuevo sector de la radiodifusión que convivirá armónicamente con el sector lucrativo.
Para los servicios abiertos de baja potencia, también prevemos un procedimiento sencillo, donde el concurso sea la opción sólo en el caso que se presente más de un oferente. También establecemos la participación de personas de carácter público tanto al nivel nacional, como provincial y municipal y de las universidades.
Nuestro objetivo es como se dijo más arriba, garantizar que en los próximos años, crezca sustancialmente el número de radiodifusores, de todo tipo y carácter jurídico; pero nos hemos ocupado en asegurar una adecuada competencia entre ellos, sin que ninguno abuse de posición dominante. Establecemos en tal sentido normas relacionadas que establecen sanciones muy fuertes.
No intenta nuestro proyecto regular los contenidos más allá de la protección de la niñez y los objetivos generales de la ley, garantizando que por ninguna causa exista censura previa. Establecemos un horario de protección al menor flexible, que será reglamentado por la Autoridad de Aplicación aunque con la prohibición permanente de la difusión de publicidad de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco en dicha franja horaria.
Establecemos la obligación de producción local para todos los niveles y tipos de servicios, ya que ello garantizará crecimiento de las fuentes de trabajo y desarrollo cultural.
No aceptamos la conformación de redes permanentes, salvo aquellas derivadas de la interacción de la programación y siempre bajo estrictos criterios de producción nacional y local como forma de garantizar el desarrollo de estaciones propias de cada comunidad que mengüen los efectos unificadores de la llamada globalización. Tampoco permitimos que haya titulares de licencias múltiples o redes de programación que superen las doce licencias o tengan cobertura a más del cuarenta y cinco por ciento de la población total del país. Este aspecto no lo hemos notado en ninguno de los otros proyectos de ley y quizás si fuera adecuadamente aplicado, evitaría muchos de los problemas que fueron denunciados en las Audiencias Públicas.
Tampoco aceptamos la conformación de parte del capital accionario con títulos que coticen en bolsa.
En los aspectos relacionados con la publicidad, salvo las limitaciones mencionadas, nos inclinamos por un régimen amplio, sin regulaciones exageradas, y dándole la importancia que tiene, ya que es el sostén principal y casi único de todo el sistema abierto de radiodifusión. Hemos escuchado en este sentido las opiniones de los protagonistas en las Audiencias Públicas.
Establecemos una Autoridad de Aplicación basada en el federalismo y en la profesionalidad, muy austera pero con un rol esencial en los próximos años que serán de verdadera refundación de la radiodifusión. A su vez, fomentamos la creación de Órganos Locales competentes en las distintas jurisdicciones provinciales, lo cual también es una novedad.
Los medios públicos de radiodifusión, creemos que mejor son regulados en una ley separada, e incluso el mejor antecedente de ello es la ley 25.208.
Nuestro proyecto, esencialmente procura ser un aporte sintetizador luego de las Audiencias Públicas, abierto y federal, que permita la aparición de nuevos protagonistas, en especial aquellos más desarrollados dentro de las organizaciones sin fines de lucro y el fomento de la libre competencia. Queremos una radiodifusión que se base en el capital nacional fundamentalmente y una actividad en la cual la nominatividad del capital sea requisito en todos los casos, para evitar acciones ilegales sobre el mismo.
Nuestro mayor deseo es que esta ley sea la piedra fundacional de una nueva radiodifusión, que cree trabajo argentino y nos permita afrontar los desafíos futuros con mejores chances para todos.”
Pero luego de presentar ese proyecto y de confiar en que sería un aporte tenido en cuenta para la redacción de la futura ley, el cooperativismo argentino comprobó que nada de eso ocurriría en lo inmediato y una vez más, nuestra Cámara decidió no quedarse cruzada de brazos esperando, sino continuar con la ofensiva que se había definido en los años anteriores. Por eso, luego de buscar entre nuestras asociadas alguna cooperativa que estuviera dispuesta a iniciar la lucha judicial para convertirse en un “caso testigo”, encontramos que la Cooperativa de Servicios Públicos Villa Santa Rosa de la provincia de Córdoba, aceptaba el reto. Con la entidad dispuesta, con la decisión tomada y los recursos económicos asegurados por el apoyo que recibimos de nuestra asociada Colsecor y con el profesional idóneo como era el Dr. Miguel julio Rodriguez Villafañe, quien venía de patrocinar en un acto de convicción profesional e ideológico a la Asociación Mutual Carlos Mugica, CARCO asumió un nuevo e importante desafío: Dejar atrás muchos años de inacción judicial del Movimiento Cooperativo y procurar que otro Poder del Estado, el judicial, se expidiera sobre la legitimidad de nuestro reclamo. Así lo hicimos y antes de fin de ese año 2001, ya teníamos el primer fallo favorable de primera instancia que luego antes del fin del ejercicio se transformó por la apelación del COMFER en el primer fallo favorable de segunda instancia. La rueda de la historia comenzó a marchar por distintas vías y todas eran favorables al Movimiento Cooperativo.
El día de la cooperación del año 2002, fue celebrado por primera vez en la residencia presidencial de Olivos y ante la presencia del Presidente de la Nación, Dr. Eduardo Duhalde, nuestro presidente Juan Carlos Fissore expresó claramente la injusticia y discriminación de la cual son objeto las cooperativas. Ese reclamo recibió la promesa del Presidente “que en los próximos días se resolvería esa discriminación”.
Mientras estas actitudes se conseguían del poder político, las acciones judiciales iniciadas en el caso “Cooperativa de Servicios Públicos Villa Santa Rosa Ltda. c/ Estado Nacional –COMFER- Acción declarativa de certeza”, consiguieron el fallo favorable de segunda instancia que nuevamente dio la razón a los justos reclamos sostenidos. Como otras acciones importantes, destacamos que durante ese año comienza a publicarse periódicamente el newsletter carcomentarios,
Así transcurrió un ejercicio sumamente decisivo, pues durante el mismo, no sólo se participó en las últimas Audiencias Públicas, no sólo se elaboró y presentó a la Cámara de Diputados un proyecto integral de Ley de Radiodifusión, sino que se ganó en primera y segunda instancia el primer juicio de inconstitucionalidad que el cooperativismo realizó y además se reclamó frente a frente, con respeto, pero con firmeza al Presidente de la Nación por la injusticia que la Ley vigente implica. Nada sería igual en adelante. Eso es seguro.
Sr. Joaquín Roquero
Secretario
Dr. Rodolfo Santecchia
Secretario
Dr. Rodolfo Santecchia
Presidente
