Memoria del ejercicio Nº 10 (del 01/08/2005 al 31/08/2006)

Este Ejercicio encuentra a nuestra Cámara en el umbral de la modificación del artículo 45 de la Ley 22.285, para permitir el ingreso a otras personas jurídicas no comerciales a la actividad de la radiodifusión.

Un largo camino se cerrará de esa manera a la estrategia aprobada a finales de 2001 por nuestra organización en el sentido de utilizar todas las vías legales posibles para enfrentar la discriminación que llegó de la mano del final de la dictadura militar y que desgraciadamente ha sido convalidada durante todos estos años de democracia.

Como recuerdo queda que de ese cambio de estrategia, se aprobó el inicio de la “vía judicial” como prioritario en la lucha de la CARCO y que ese mecanismo concretó en septiembre de 2003 los famosos fallos de inconstitucionalidad, que pusieron en un brete legal al Gobierno Nacional de ese momento, el cual no pudo continuar sin operar la modificación de la ley.

A pesar que el Interventor Del Comfer, Julio Bárbaro no se manifestara claramente a favor de que el sector de la economía solidaria pudiera ser prestador de servicios de radiodifusión, el hecho que existían dos fallos de la Corte Suprema de Justicia condicionó gravemente esa desobediencia.

Así se intentó primero quitar de contenido esos fallos y generar una modificación engañosa y gatopardista de dicho artículo, permitiendo a las empresas sin fines de lucro el acceso con enorme cantidad de condicionamientos, lo cual tornaba imposible de cumplir. Esa política se instrumentó con gran celeridad en el Senado de la Nación y así la media sanción de dicha modificación se convirtió en un nuevo obstáculo que debía vencer el sector para romper la discriminación.

Cuando el proyecto con media sanción llega a Diputados para su revisión, CARCO determina que es imprescindible la unidad total del Movimiento Cooperativo si se quiere revertir ese anteproyecto y volverlo razonable. Así se trabaja mancomunadamente con Cooperar, que al tener en su seno a todas las federaciones de cooperativas de servicios que aspiraban a ser radiodifusoras, nos garantizaba que podríamos afrontar con chances la incidencia dificilísima que habría que hacer ante los Diputados. Con esa acción, silenciosa y constante, se fue avanzando a nivel de la flamante Comisión de Informática y Comunicaciones de la Cámara Baja aún en momentos que el Movimiento Cooperativo de las ramas eléctricas y telefónica estaba frente a distintos temas estratégicos particulares que obstaculizaban la visión sobre esta problemática, que a veces parecía algo alejado de sus necesidades inmediatas.

Se fueron tejiendo acuerdos parciales y lentamente, con la buena predisposición de muchos Diputados de distintas bancadas; pero principalmente de Osvaldo Nemirovci, presidente de esa Comisión, de Margarita Solbitzer y Héctor Polino por la oposición. Así al texto retrógrado y engañoso del anteproyecto del Senado, se le logró introducir algunos contenidos que liberaban más las alternativas que todas las cooperativas, aún las de servicios públicos pudieran acceder a licencias. No fue sencillo, pues los fuertes intereses concentrados que frenaban la modificación de la ley, mantenían una fuerte presión sobre los legisladores.

Cerca del momento en que se debía llevar al recinto y en vistas a que era imposible convalidar en ese momento la posibilidad que no existieran condicionamientos a las cooperativas de servicios públicos, se llevó a cabo una reunión con los distintos protagonistas de los distintos partidos, en la sede de Cooperar, donde se acordó una fórmula que convalidaba la situación de poder existente en ese momento para el Movimiento Cooperativo.

Así se aceptó la limitación que la Comisión había acordado en su seno para que se entregaran licencia de servicios complementarios directamente a una cooperativa de servicios públicos si en la localidad existía otro prestador dando el servicio regularmente; pero se estableció, que en caso que ello ocurriera, el Organismo regulador la entregaría atendiendo al “interés de la población”. De esa manera, se menguaba la prohibición lisa y llana y se encontraba una fórmula que permitiera conseguir más de los dos tercios necesarios para modificar el proyecto llegado desde el Senado. Todas las partes estuvieron de acuerdo y justo es reconocer, que la votación en el recinto días después convalidó esos acuerdos previos. Hubo coincidencia en aceptar el nivel de poder político de reformar una ley tan paradigmática, con algunas limitaciones.

Con ese cierre de 2004, y el Senado como Cámara de origen nuevamente estudiando el proyecto, se inició el año 2005. A pesar de las múltiples declaraciones de funcionarios y legisladores que el tema se resolvería a más tardar en abril de 2005, hubo que esperar hasta el 17 de agosto de ese año, ya en nuestro Ejercicio 10º en curso, para que el Senado aprobara la modificación, aunque con una medida que violó el artículo 81 de la Constitución Nacional, ya que le hizo modificaciones al proyecto que llegaba desde Diputados, algo que la Carta Magna prohíbe.

Le cambió el texto acordado con tanto trabajo, suprimiendo la frase que se menciona más arriba, con lo cual si en una localidad hay un prestador de radiodifusión, queda expresamente prohibido otorgarle otra licencia a una cooperativa de servicios públicos. Si bien en esto se retrocedió, las otras modificaciones que introdujo Diputados fueron convalidadas, con lo cual se logró que: a) el decreto - ley de la dictadura fue modificada por ley del Congreso. b) todas las personas jurídicas sin fines de lucro pasaron a ser potenciales radiodifusoras. c) En muchas localidades donde existían empresas comerciales paralelas vinculadas a las cooperativas de servicios públicos, se podía regularizar su situación y pasar a ser licenciatarias directamente.

No se consiguió incorporar a las cooperativas de servicios públicos donde hubiera otro prestador y eso fue visualizado como “un objetivo no alcanzado”. Sin embargo, en un proceso tan largo y complejo como es éste, es imprescindible que la Cámara vaya fijando prioridades en cada momento, de acuerdo a las condiciones políticas y de organización del Movimiento Cooperativo. Debemos reconocer que cuando dos años atrás habíamos convocado a desatar una seguidilla de juicios de inconstitucionalidad, aún cuando la ley no había sido reformada, fueron apenas un puñado las cooperativas que lo hicieron. Eso le dio una visión al Comfer que había sido sorprendido por los fallos de la Corte a pocos meses de su asunción, que la fortaleza política de lo que Carco había conseguido no era correspondida en la base. Eso sin lugar a dudas, también fue analizado por quienes se oponían a los esfuerzos que se estaban desplegando y retomaron con mayor ímpetu su acción de incidencia en Senadores, que fue donde consiguieron los mayores resultados. Nuestra precepción explicitada en el Congreso de Santa Rosa en abril de 2003, en el sentido que debíamos como Movimiento hacer el máximo esfuerzo “por romper el equilibrio estratégico de fuerzas” entre quienes buscábamos el fin de la discriminación y quienes lo apoyaban, había tenido un efecto importante; pero insuficiente. Grandes lecciones ha entregado la CARCO al Movimiento Solidario. Una de ella fue que se deben utilizar todas las vías de incidencia para conseguir resultados, tanto la política frente a los poderes ejecutivos y la judicial si es necesario. Otra fue que en las instancias de debate legislativo, se debe buscar los máximos acuerdos posibles con la mayor cantidad de fuerzas políticas posibles. Nunca hay que limitarse ni plantearse objetivos imposibles en esta instancia. Y la que es también importante, es que la fortaleza de la incidencia debe mantenerse y acrecentarse permanentemente en el proceso de debate. A todas las instancias, por ejemplo Diputados y Senadores. Nunca creer que ya esté todo logrado hasta que no aparece la ley publicada en el Boletín Oficial. El Movimiento Cooperativo, durante el año 2004 y la mitad del 2005, se replegó en las acciones de presión y eso fue la principal causa del fracaso en el objetivo no alcanzado. Por más que CARCO buscó vías de llegada ante el Senado, también debemos reconocer que nuestra fe democrática nos jugó una mala pasada, pues nunca creímos que esa Cámara violara la Constitución en el momento de sancionar la Ley. Hora ya lo sabemos que nunca hay que bajar los brazos.

Sin embargo, la evaluación es que de una forma o de otra, la ley fue modificada y ya hoy las cooperativas en general y las mutuales y las asociaciones civiles, los sindicatos y toda organización no lucrativa, pueden ser licenciatarias. Viene ahora el trabajo de conseguir una buena reglamentación de esta Ley 26.053 y cambiar el eje de la incidencia del Poder legislativo al Poder Ejecutivo, que es quien dirige el Comfer. Quizás, en años por venir y a lo mejor en otras condiciones generales, el Movimiento Cooperativo pueda terminar de salvar este obstáculo para las entidades de servicios públicos que ha quedado establecido.

Maimónides Joaquín Roquero
Secretario

Rodolfo Ángel Santecchia
Presidente

Memoria del ejercicio Nº 8: (del 01/08/2003 al 31/08/2004)

El Ejercicio sujeto a Memoria se inició con un nuevo Gobierno Nacional comenzando sus actividades, y con gran expectativa con respecto al futuro. También la presencia de un nuevo Interventor en el COMFER produjo una sensación de esperanza en la CARCO, pues las relaciones con el anterior Interventor Eduardo Catervetti no habían sido buenas y en todo momento demostró que trabajaba con los mismos argumentos que habían generado la discriminación en tantos años de exclusión a las cooperativas y mutuales.

Sin cambiar el eje doctrinario aprobado en Santa Rosa meses antes, de participar en todas las instancias, tanto las políticas, como judiciales e institucionales, para profundizar la ofensiva estratégica, nuestra Comisión Directiva intentó un acercamiento a las nuevas autoridades del COMFER. Durante septiembre de 2003, se enviaron dos cartas al Interventor, Lic. Julio Bárbaro, con los mismos temas que aseguraban nuestras fortalezas. El siguiente extracto de una de ellas, demuestra esta vocación dialoguista: “El cooperativismo argentino quiere participar en radiodifusión, sin limitaciones, en igualdad con las otras sociedades lucrativas. Queremos invertir el dinero de nuestras comunidades en crear puestos de trabajo sustentables, reinversión permanente y cultura nacional…” En estas cartas se intentaba conseguir una audiencia, para tratar los ejes temáticos que son el permanente reclamo del sector de economía solidaria.

Mientras esperábamos respuestas a nuestros pedidos, el 8 de septiembre de ese año, se concretó el segundo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este caso en la acción de la Cooperativa Villa Santa Rosa, que vino a sumarse una semana después al exitoso fallo de la Asociación Mutual Carlos Mugica. Una sensación de alivio y de profunda esperanza se adueñó de este cuerpo, pues la contundencia de la sentencia ponía luz sobre un tema que tantos años había estado proscribiendo al cooperativismo y mutualismo argentino. Además, demostraba que había sido correcto el planteamiento estratégico al priorizar las acciones judiciales por sobre las gestiones políticas, en años de profunda inestabilidad como los vividos. En la gacetilla que se difundió desde nuestra Cámara en aquel entonces, se puede sintetizar ese logro y por ello creemos que es justo que se incluya íntegramente en esta Memoria: “La Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de Villa Santa Rosa de Río 1º de la Provincia de Córdoba, auspiciada por CARCO y patrocinada por el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, logró también que la Corte Suprema de la Nación declarara la inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley 22.285, en cuanto excluye a las personas jurídicas no comerciales del acceso a las licencias de radiodifusión.La Corte Suprema de Justicia de al Nación, con los votos de los Dres. Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano, Vázquez, López y Maqueda, con la disidencia de Moliné O´Connor, el 8 de septiembre de 2003, desestimó el recurso deducido por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) que había apelado la sentencia de la Cámara Federal de Córdoba. En su momento, el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, en representación de la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de Villa Santa Rosa de Río 1º, de la Provincia de Córdoba, con el auspicio de la Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales y Prestadores Comunitarios de Radiodifusión (CARCO), había deducido una acción declarativa de certeza para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley 22285, en tanto excluye a las entidades sin fines de lucro del acceso a las licencias de radiodifusión.La Corte sostuvo en su nuevo resolutorio que se remitía en todos sus términos al fallo dictado la semana pasada por ella, en el amparo deducido por la Asociación Mutual Carlos Mujica”, titular de la radio “La Ranchada”, de la ciudad de Córdoba. En dicho pronunciamiento el máximo tribunal del país había establecido que el artículo 45 de la ley de radiodifusión es arbitrario al “excluir de un modo absoluto, sin sustento en un criterio objetivo razonable, a determinadas personas jurídicas de la posibilidad de acceder a una licencia de radiodifusión, por no haberse constituido en una sociedad comercial, lo que importa, en definitiva, una irrazonable limitación al derecho a expresarse libremente y de asociarse o no hacerlo”.Y, en su momento, agregó enfáticamente la Corte que, “el párrafo primero del artículo 45 de la ley citada y las normas dictadas en su consecuencia, en cuanto impiden que la cooperativa demandante pueda obtener una licencia por no constituirse en una sociedad comercial, resulta violatorio de los artículos 14, 16, 28 y 75 inciso 23 de la Constitución Nacional y del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.Por lo que, tanto mutuales, cooperativas, radios comunitarias y demás asociaciones de la sociedad civil, de acuerdo a lo logrado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se les tiene que permitir acceder a la titularidad de licenciad de radiodifusión. Y será el Poder Judicial el que hará respetar dicho derecho, en tantas acciones como las que se planteen para tutelarlo, mientras los Poderes Legislativo y Ejecutivo no reformen la inconstitucional ley 22285 de 1980.”

Cuando vimos que desde el COMFER se demoraba la respuesta, nos preocupó la posibilidad que la historia volviera a repetirse, como luego comprobamos que efectivamente así ocurrió.

Pero la insistencia y el empeño que se manifestaron, permitió que finalmente el 15 de octubre de 2003nos recibiera el interventor. A ella asistieron Rodolfo Santecchia, Allan Miller, Joaquín Roquero y Alejandro Parino por CARCO, además de Carlos Mansilla y el Dr. Rodofili por COOPERAR. Por momentos la audiencia se tornó tensa; por la particular característica del interlocutor; pero luego se pudo avanzar a explicitar las posiciones nuestras y quedó claro que el Organismo estaba muy afectado por los fallos de la Corte y por el conjunto de acciones judiciales que se habían iniciado. CARCO intentó incidir para que el Interventor no prorrogara la suspensión de la venta de pliegos para servicios complementarios; pero se detectó que la política de estado que se seguiría sería otra.

En efecto, mediante la Resolución 1172/2003 del 3 de noviembre de ese año, el Organismo volvió a suspender la venta de pliegos, con lo cual demostró que su política no había cambiado desde los lejanos tiempos del Dr. Lopez en agosto de 2000. Además, en un reportaje publicado por esos días, Julio Bárbaro afirmó categóricamente “Las cooperativas eléctricas no deberían prestar servicio de televisión”... Todo volvía a ser como años antes.

Frente a esta actitud, CARCO responde internamente con una convocatoria a una reunión especial sobre radiodifusión para considerar los nuevos intentos de discriminación que se avecinaban por parte del Gobierno Nacional y cuál debía ser la estrategia de la Cámara frente a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta se concreta el 14 de noviembre de 2003 en la sede de COOPERAR. En ella se resuelve continuar con las medidas aprobadas seis meses antes en Santa Rosa y aprovechar la fortaleza jurídica conseguida para profundizar acciones en Tribunales. Los debates políticos con el COMFER pasan a segundo plano, pues se decide que el Organismo implementa una política claramente anticooperativista.

Por esos días aparece publicado un extenso reportaje al presidente y secretario de CARCO en el portal sitiocooperativo.com.ar en el cual se califica a las políticas del Estado como de “doble discurso”.

Pero ese noviembre de 2003, fue un mes muy importante también pues en la localidad de Mattaldi se consiguió un fallo judicial encarado por la sociedad civil de esa localidad, que con el apoyo de CARCO, logró cambiar un fallo arbitrario del Organismo Regulador.

También la Comisión de Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, dictaminó el 18 de noviembre sobre un proyecto de ley para modificar el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de la dictadura. Si bien en ese dictamen se incorpora la posibilidad que las cooperativas y mutuales presten servicios, la CARCO consideró que era un proyecto gatopardista y que mantenía la esencia del viejo proyecto de modificación de la ley presentado durante la gestión de Fernando de la Rúa. Y como corolario del un mes muy activo, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, declaró nuevamente inconstitucional el artículo 45, en el caso de la Cooperativa Telefónica de Villa del Totoral, patrocinada también por el Dr. Rodriguez Villafañe.

La ofensiva de CARCO llega a un punto culminante y el COMFER sólo puede intentar ganar algo de tiempo, pues se pone en marcha por parte de nuestra entidad una nueva ofensiva judicial, esta vez por vía de Amparo contra la suspensión de venta de pliegos. Se aplica la misma política de generar un “caso testigo” y una vez más se cuenta con el apoyo incondicional de la asociada Villa Santa Rosa de Río Primero. En su intento por ganar tiempo, el COMFER convoca a un absurdo y dilatorio “Censo Único de Organizaciones Colectivas Privadas mediante la Resolución 1174 del 4 de noviembre. Esa medida y algunas expresiones poco claras en algunos dirigentes ajenos a CARCO, que vieron en el accionar del Organismo el “inicio de políticas destinadas a favorecer a las cooperativas”, hicieron concluir el año con victorias resonantes en los estrados judiciales y apatía momentánea en las bases cooperativas.

En Febrero de 2003, quedó claro que la política del estado Nacional no había cambiado y que sólo se buscaba dilatar. Mientras se realizaba el Censo y el Organismo decía que la Corte “ha sentado una clara y contundente jurisprudencia en el sentido de permitir que las organizaciones colectivas privadas que no sean sociedades comerciales puedan acceder a procesos de adjudicación de licencias de radiodifusión...”, en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, el COMFER en su comparecencia ante el Tribunal Federal ante el requerimiento de la Cooperativa Telefónica local volvió a atacar duramente al sector de la economía solidaria. Incluso, en marzo, el mismo Interventor volvió a declarar "Si las cooperativas quieren dar cable, yo les digo que no". Y mientras tanto, prorrogó una vez más la venta de pliegos…

En Mayo, comenzaron las negociaciones con el nuevo Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, Osvaldo Nemirovsci, que mantuvo la mirada positiva hacia el sector no lucrativo, que había tenido anteriormente el Diputado Fondevila. Incluso, en los primeros contactos que sostenemos, comprobamos que este legislador tiene una gran vocación por lograr la modificación del artículo 45 de manera consensuada y favorable al cooperativismo. Los próximos meses fueron de acción en su despacho y en el de otros diputados de los distintos bloques legislativos.

Y ya en junio, la CARCO participó de las Jornadas “Sistema Nacional de medios Públicos: Análisis para un nuevo marco legal” que fuera convocada por la mencionada Comisión de Diputados. Llevamos una propuesta con los lineamientos generales de nuestro apoyo a un sistema de esas características; pero definimos claramente que la radiodifusión pública debería ser estatal y no gubernamental, que debería ser federal y no centralista, que debería financiarse con recursos públicos y no con publicidad y que debería formar parte de un sistema amplio donde también estén la radiodifusión comercial y la sin fines de lucro. En el marco de la Jornadas “Las telecomunicaciones como Herramienta de Integración” organizada por Fecotel y Fecosur disertó el diputado Osvaldo Nemirovsci en julio de 2004 y afirmó que es prioritario para su bloque el llegar a resolver el problema de las cooperativas y demás personas sin fines de lucro. De esa manera, concluyó uno de los ejercicios más productivos desde la creación de nuestra Cámara.

Sr. Maimónides Joaquín Roquero

Secretario

Dr. Rodolfo Ángel Santecchia

Presidente

Reportaje al presidente de CARCO. (10/09/2003)

REPORTAJE AL PRESIDENTE DE CARCO

Dr. Rodolfo Ángel Santecchia

Actualidad Cooperativa: Hace pocas horas se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarando la inconstitucionalidad de la ley de radiodifusión en el caso de la Cooperativa de Santa Rosa de Río Primero en la provincia de Córdoba ¿Cuáles son sus primeras impresiones?

RAS: Además de la lógica y profunda alegría que nos embarga, nuestros primeros pensamientos son hacia la responsabilidad que el Movimiento Cooperativo hoy tiene por delante. Estos ocho días que van desde el 1º de septiembre en el que sale la sentencia de inconstitucionalidad del caso de la Mutual Carlos Mugica hasta el momento en el que fuimos notificados de la sentencia favorable en el caso de la cooperativa de Villa Santa Rosa, creemos que hemos sepultado definitivamente a la discriminación establecida en el decreto de la tiranía denominada pomposamente “ley de radiodifusión” y que veinte años de democracia no lograron modificar.

Actualidad Cooperativa: Sin embargo, hay una duda en todo el ambiente cooperativo que podría sintetizarse en ¿Por qué se esperó tanto tiempo?

RAS: Es cierto, la larga espera del cooperativismo en llegar hasta la justicia parte de una idea que a veces tenemos los dirigentes, de no llegar a juicios, pues la confrontación es ajena a nuestra idiosincrasia. Sin embargo, creemos que ese pensamiento genérico, que compartimos en lo que se refiere a la búsqueda consensuada de acuerdos, en realidad encierra un mito, pues recurrir a la justicia en busca de la protección de nuestros derechos violados, no es confrontar, antes bien es defenderse, es buscar un tercero imparcial que defina un conflicto que nosotros no creamos ni iniciamos.

Actualidad Cooperativa: ¿Es como creer que los tribunales son lugares de los que los cooperativistas deben huir?

RAS: Algo así. Pero quizás es peor, pues a los Tribunales recurrimos generalmente cuando nos demandan, la opción de recurrir a ellos para defender nuestros derechos a veces está adormecida. Y cuando alguna cooperativa decide la vía judicial para encontrar respuestas que la política no da, el resto mira “desde la tribuna”. Es el famoso “animémonos y vayan”, donde somos muy proclives los cooperativistas a dejar solo a quien lucha. O por lo menos, a darle nuestro apoyo “moral”; pero con poco compromiso efectivo.

Actualidad Cooperativa: ¿Y con este caso que hoy determinó esta sentencia de la Corte, ocurrió algo similar?

RAS: No, este caso fue planteado de distinta manera, pues la acción que se entabló fue producto de una minuciosa estrategia planificada en CARCO. Este juicio se inscribe en ese plan, no es un hecho aislado de una cooperativa de base. Forma parte de un plan general. Eso es lo importante.

Actualidad Cooperativa: ¿Es decir que hubo un plan general que impulsó la acción?

RAS: Totalmente. Nada se improvisó, nada es aleatorio ni fruto de alguna concesión de los poderes públicos… Precisamente en Santa Rosa La Pampa, en abril de este año, en ocasión del 1º Congreso Nacional de Cooperativismo y Radiodifusión se explicitó la tesis que el cooperativismo, en esta materia se encuentra en una situación de “ofensiva estratégica” y que si bien ese estado no puede ser permanente y la inacción puede cambiar drásticamente la situación, los que favorecen la discriminación apoyados por buena parte del arco político que temen a los grandes medios de comunicación, tampoco tiene capacidad política, ni jurídica como para hacernos retroceder a la defensiva en que habíamos estado desde 1981 hasta 1996.

Actualidad Cooperativa: ¿Por la forma de expresarlo, da la idea de una guerra, parecen técnicas militares?

RAS: No es una guerra, porque uno de los supuestos bandos, el cooperativismo, precisamente no hace eso. Nosotros somos pacíficos a ultranza. Sin embargo, los conceptos de estrategia a los cuales nos referimos, tienen que ver con una justa lucha de años en la cual muchísimas organizaciones del sector de la economía solidaria han combatido la discriminación establecida por la última tiranía. En esto no tenemos que ser ingenuos, que puede llevarnos a errores, quienes están enfrentándonos son muy poderosos y cuentan con el apoyo de infinidad de políticos y ponen y sacan a funcionarios en los organismos reguladores. Hay un famoso dicho que en la Argentina es más fácil reformar la Constitución que cambiar la ley de radiodifusión... y lo triste del caso es que así ocurrió… Bien, frente a ese panorama, en CARCO comprendimos que sin estrategia de largo plazo que dispusiera multiplicidad de herramientas de lucha, sin acciones permanentes y coordinadas en todos los terrenos, tanto el político, como el legislativo y el judicial y sin una férrea unidad de todo el cooperativismo y mutualismo, sería imposible derrotar a quienes se beneficiaron en estos veinte años con la discriminación al sector de la economía solidaria. En realidad la guerra la hacen ellos, los que hoy disponen la exclusividad en la radiodifusión gracias a Viola y a veinte años de políticos genuflexos. Usan armas mentirosas, innobles, sucias…

Actualidad Cooperativa: ¿Y cómo fue la historia de este caso?

RAS: A este caso se llega luego del proceso de Audiencias Públicas que a mediados de 2001 se desarrollaron en todo el país, convocadas por la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados. En ellas se debatió en profundidad el proyecto de ley que había enviado el Poder Ejecutivo y otros proyectos originados en varios grupos de Diputados y quedó en evidencia que uno de los puntos conflictivos seguía siendo la discriminación hacia el sector de la economía solidaria. Luego que ese proceso concluyera sin la sanción de una ley, y la situación política del país se deteriorara rápidamente, CARCO reorientó sus prioridades al campo judicial. De esa manera, hicimos pasar al primer plano esta vía, que estaba latente y disminuimos simultáneamente los esfuerzos que se le dedicaban a las acciones parlamentarias y al impulso de nuestro propio proyecto de ley.

Actualidad Cooperativa: ¿Es decir que cuando se vio que la ley no se modificaría Uds. encararon acciones judiciales?

RAS: No es exactamente así. Como le explicaba antes, la CARCO desarrolló una estrategia integral con acciones políticas, ante los distintos gobiernos, promovimos el debate social del tema, mantuvimos negociaciones con los cableros privados, gestionamos ante el Comfer, unificamos el cooperativismo alrededor de nuestra entidad, presentamos un proyecto de ley integral de radiodifusión y cinco ponencias en las Audiencias Públicas, y estuvimos presentes en cuanto acto o evento se realizase dando el debate doctrinario y filosófico. Pero simultáneamente estudiamos a fondo las posibles salidas judiciales. Como se sabe, una ley es cambiada por el Poder Legislativo y a veces con los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo; pero siempre es interpretada por el Poder Judicial. Lo que hicimos fue abrir la única vía que nunca intentó el cooperativismo. Sin embargo, no cerramos las otras, fue parte de una política compleja que veníamos desarrollando.

Actualidad Cooperativa: ¿Y cómo fue este paso?

RAS: Por empezar, salimos de la encerrona histórica en la cual a veces se nos pone a las organizaciones cooperativas, de pensar que los mejores abogados, los mejores estudios están en Buenos Aires. No habíamos tenido buenas experiencias en ese campo antes y sin desmerecer a nadie, buscamos al mejor profesional argentino en la materia, alguien que además de ser buen abogado, de tener grandes conocimientos y reconocimiento local e internacional, fuera capaz de comprometerse a fondo con la causa del sector de la economía solidaria. En definitiva, alguien a quien le aflorara desde la piel su vocación de lucha contra la discriminación. La persona indicada fue el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado cordobés quien ya había llevado por voluntad y convencimiento el caso de la pequeña radio comunitaria La Ranchada de esa ciudad y lo había ganado en una acción de amparo. Como con él nos unían lazos previos, fue muy fácil ponernos de acuerdo, de allí a elaborar un plan jurídico de acción casi no tubo demoras y como existía decisión en CARCO y el apoyo irrestricto de COLSECOR, en pocos días buscamos una cooperativa que pudiera hacer de “caso testigo”. Entre varias potenciales, la que reunía todos los requisitos era la Cooperativa de Servicios Públicos Villa Santa Rosa Ltda. El Consejo de Administración de la misma aprobó la propuesta y se mostró complacida con el apoyo que recibiría de todo el cooperativismo. En menos de un mes se habían iniciado las acciones y el 28 de diciembre de ese mismo año hubo sentencia de primera instancia.

Es decir que este juicio se inició siendo Presidente el Dr. Fernando de la Rúa, cuyos funcionarios contestaron la demanda, la sentencia inicial es cuando estaba del Dr. Rodríguez Saa, la apelación la hizo el Comfer con el Dr. Duhalde ya Presidente y cuando en junio de 2002 vuelve a perder frente a la Cámara de Apelaciones, es el mismo Comfer el que apela, pocos días después que en Olivos Duhalde le hubiera prometido a 700 dirigentes cooperativos que “en cuestión de días” resolvería el problema de las cooperativas. Ese mismo Comfer apeló ante la Corte por vía de Recurso Extraordinario y bueno, el día 8 de septiembre de 2003 tuvimos el fallo decisivo. Como vemos, pasaron varios presidentes y distintos interventores del Comfer. Ninguno cambió la ley de radiodifusión; pero la decisión política de CARCO y de todo el cooperativismo hoy ha conseguido un cambio sustancial.

Actualidad Cooperativa: ¿Sin embargo, una semana atrás se conoció el caso de la Asociación Mutual Carlos Mugica, propietaria de Radio Comunitaria La Ranchada?

RAS: Ese caso, que se había iniciado durante la presidencia del Dr. Carlos Menem, a partir de su elevación a la Corte, y a pedido de dicha mutual, que se asocia a CARCO, es apoyado también por nuestra entidad, en todo lo referente a la acción ante el máximo Tribunal. También lo patrocinó el Dr. Rodríguez Villafañe y también allí quedó demostrada su gran capacidad jurídica y humana. A La Ranchada la apoyamos además de ser asociada, por ser un ejemplo de auténtica radio comunitaria, por ser integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) con quienes mantenemos una alianza estratégica y además, por ser una mutual. Ambos fallos conforman una unidad indisoluble, ya que abarcan al amplio espectro de organizaciones del sector de la economía solidaria. Así lo entendió la Corte también. Es importante el mensaje que la sociedad recibe, pues en cuestión de una semana salen los dos fallos coincidentemente.

Actualidad Cooperativa: ¿Y de ahora en más?

RAS: Ahora ya no hay discusión posible sobre el tema. Ambos fallos sientan precedentes jurídicos y jurisprudencia. Queda claro que el Comfer no podrá seguir disponiendo de las frecuencias sin establecer reservas para el sector solidario. Si lo hacen nos opondremos en los Tribunales. También queda terminada la discusión sobre si las cooperativas de servicios públicos pueden ser radiodifusoras. En el caso de Santa Rosa de Río Primero, la entidad es prestadora de telefonía urbana, rural, electricidad, internet, servicios sociales, etc. La Corte ya dijo que si puede, el tema aquí se cierra. Es decir, con humildad planteamos que esta vez el sector solidario ganó en toda la línea. Ahora viene la etapa de afianzar esas conquistas y si las autoridades no aceptan la realidad, habrá que iniciar miles de juicios.

Pueden existir salidas legales por la vía de un Decreto basado en estos fallos, o la modificación urgente del Art. 45 de la ley en el Congreso por impulso del Poder Ejecutivo…ya veremos. La pelota está en su campo y deben jugarla.

Actualidad Cooperativa: ¿Pero esa será la única forma?

RAS: De ninguna manera nosotros creemos que sea la única, además pensamos que las autoridades sabrán leer los fallos y buscarán alternativas. Ellos conocen que nuestra voluntad es conciliadora. Pero como le dije antes, no llegamos hasta aquí teniendo sólo una vía de acción. CARCO siempre planifica en términos estratégicos, miramos cinco años para adelante e implementamos diversas vías simultáneamente.

Actualidad Cooperativa: ¿El principal obstáculo está en el Comfer?

RAS: No, mire que el principal problema que debemos resolver es el odio y la intransigencia que el sector comercial de la radiodifusión ha generado en estos últimos años. Las calumnias, las mentiras, las agresiones de todo tipo que sus dirigentes han descargado sobre las cooperativas generaron muchas huellas y rencores en los dos sectores, que será difícil curar, a pesar que nuestra voluntad es de consensuar los mejores caminos para que exista una radiodifusión para todos, sin exclusiones. Desde CARCO creemos que es posible lograr un lugar para todos los protagonistas. Ellos quieren estar solos y sacar del medio al sector solidario. La realidad es que más del cincuenta por ciento de los hogares argentinos no tienen TV por cable…y no es por culpa de las cooperativas. Nosotros no inventamos la discriminación, fue la tiranía y ellos se apoyaron en esa exclusión y la defienden con uñas y dientes. Ojalá el tiempo de la reflexión y el acuerdo llegue rápido.

Memoria del ejercicio Nº 7 (del 01/08/2002 al 31/07/2003)

Este ejercicio estuvo signado nuevamente por un período electoral que se abrió y encontró a nuestra Cámara en plena “lucha judicial y política para romper la discriminación”.

Se inicia el período, con la Apelación por vía del Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el Poder Ejecutivo de entonces inicia contra el fallo desfavorable que había obtenido en el caso Santa Rosa. Eso que buscó en definitiva ganar tiempo, pues no había un poder político con suficiente capacidad como para dictar una Ley de Radiodifusión, ni tampoco el cooperativismo tenía poder para impulsar nuevos cambios. Ya nos encontrábamos en el medio de una profunda “ofensiva estratégica”, aunque no podíamos avanzar más allá de seguir la vía judicial. Los sucesivos gobiernos que habían pasado y ejercido la intervención en el COMFER, habían practicado todo tipo de maniobras dilatorias y de protección de mercado a los radiodifusores que habían aprovechado la discriminación a las cooperativas. Eso se concretaba con las sucesivas prórrogas de la venta de pliegos para servicios complementarios que se venían realizando desde agosto de 2000.

La Cámara siguió denunciando por todos los medios posibles esta situación; pero lo evidente es que se demostraba que a pesar de contar con la fuerza de dos fallos contundentes, aún era necesaria la voz de la Corte.

Nuestra participación del II Megaevento cooperativo en San Martín de los Andes, devino en la decisión que los cooperativistas allí reunidos nos hicieran en el sentido de convocar a un Congreso Nacional para debatir claramente las políticas a desarrollar.

Así la última parte del Ejercicio sujeto a Memoria estuvo signada por la realización en Santa Rosa (La Pampa) del 1º Congreso Argentino de Radiodifusión y Cooperativismo, cuya asistencia masiva, el trabajo realizado durante tres días y la importante calidad técnica de los expositores, produjo un minucioso análisis y un conjunto de pautas programáticas, que se incorporaron con tema del Congreso Argentino de la Cooperación 2004. Con ese acto, nuestra entidad logró sentar las bases doctrinarias de la lucha que el cooperativismo deberá continuar en los próximos años para obtener sus derechos y proyectarse con fuerza hacia el futuro.

Simultáneamente, CARCO editó un libro denominado “Derecho al acceso a la radiodifusión en Argentina”, que con la autoría de los Drs. Miguel Julio Rodriguez Villafañe y Rodolfo Ángel Santecchia, compiló toda la teoría desarrollada hasta ese momento. Fue sin duda un gran aporte a la construcción de una alternativa cooperativa en materia de radiodifusión.

Tal como había ocurrido en los años anteriores, este ejercicio terminó con un nuevo Presidente de la Nación, el Dr. Néstor Kirchner y un nuevo interventor en el COMFER, el Licenciado Julio Bárbaro. Lo que nos hacía suponer la apertura de un proceso diferente, pronto comprendimos que no variaba casi en nada con los antecesores, por lo menos en estos aspectos de favorecer el acceso a la radiodifusión al cooperativismo.

Primero Congreso Nacional de Radiodifusión y Cooperativismo 2003. Conclusiones finales

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y COOPERATIVISMO

CONCLUSIONES FINALES

El modelo de desarrollo de la radiodifusión argentina, al igual que en el resto del continente, basado en grandes corporaciones que se ubicaban como principales protagonistas y manejaban los mercados desde posiciones dominantes, está sumida en una profunda crisis.

Esta crisis, es estructural, ya que el desarrollo que comenzó a frenarse desde fines de la década pasada, ha entrado en un torbellino donde el sector de los grandes multimedios no puede garantizar fondos suficientes para continuar invirtiendo, y en el caso argentino, las principales empresas están en procesos de falencia, con cesación de pagos, desinversión tecnológica y repliegue en número de abonados o venta publicitaria.

A la vez es poco probable que existan grandes empresas que en los años venideros estén dispuestos a revertir ese proceso, con diversificación de las inversiones. En todo el continente hay estancamiento casi generalizado. Las consolidaciones tanto en TV satelital, como en operadoras de multimedios no deben confundir sobre la situación real.

Incluso, hasta en los países centrales de esos capitales, las grandes convulsiones y escándalos financieros, la finalización del fenómeno denominado “burbuja informática”, sumado al enfriamiento de la economía global produjo una disminución del ritmo de introducción de la digitalización en los medios de comunicación.

Ese fenómeno afecta tanto a los sistemas de medios de comunicación propiamente dichos, como a los productores de contenidos para ser enviados por los mismos.

En nuestro país, a la crisis de los grandes operadores, se debe agregar los efectos devastadores que produjo la devaluación sobre toda la actividad de la radiodifusión, con una enorme caída en los ingresos medidos en dólares, lo cual se traduce en una disminución de los ritmos de inversión, en gran medida constituida por equipamiento producido en el exterior. Simultáneamente, la inflación y las pujas distributivas internas en la actividad entre el sector productor de contenidos y los medios de comunicación llevaron a una profundización de la crisis, que afectaba a la actividad durante los años de la prolongada recesión desatada en los últimos años del siglo XX. El sector de pequeñas y medianas empresas de radiodifusión presenta un cuadro de estancamiento en sus posibilidades de inversión, con dispersión operativa, lo cual dificulta la obtención de economías de escala y en los casos donde este sector se une, termina siguiendo los paradigmas estratégicos del sector de las grandes corporaciones, lo cual le hace participar del mismo panorama de crisis estructural descrito.

Pero a ese cuadro, ya de por si desalentador, se suma la persistencia de la discriminación legal hacia el sector de la economía solidaria, del cual el Movimiento Cooperativo es la rama más dinámica y organizada. Con esa discriminación, se impide a amplios sectores de la población, asumir directamente la recomposición de la radiodifusión, mejorar el acceso a la información, cultura y entretenimiento y canalizar en ese sentido el ahorro interno de las comunidades donde están presentes las cooperativas, mutuales y otras organizaciones sociales sin fines de lucro.

La persistencia de la discriminación se ha vuelto más irritante aún en los últimos años, pues en la actualidad no existe ningún sector proveniente de las empresas lucrativas, dispuesto a modificar el paradigma de la actual radiodifusión. El Estado, en todas sus vertientes, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, no aparece tampoco como lo fue en tiempos pasados, como gestor de promoción de la radiodifusión en áreas poco rentables para los privados o desiertas en términos comunicacionales. Esa situación genera una paradoja infame, donde a los ciudadanos no sólo no se les da el acceso a la radiodifusión, sino que también se les niega la posibilidad de autoprestarse a si mismos esos servicios por medio de sus organizaciones comunitarias.

La violación flagrante por parte de las normas y regulaciones que rigen la radiodifusión, de los derechos humanos de millones de argentinos, que se ven privados de ejercer sus derechos constitucionales en materia de libertad de expresión, de asociación con fines útiles, de enseñar y aprender, de igualdad ante la ley, de defensa de la competencia, de generar empleos, de respeto a la supremacía de la Constitución Nacional y los pactos Internacionales, de razonabilidad de las normas, es en la actualidad mucho más grave, pues en el país tienen vigencia las instituciones de la democracia desde hace casi veinte años.

Por lo antedicho y luego de debatir intensamente esa situación, los representantes del Movimiento Cooperativo concluyen que:

1. Este Primer Congreso Nacional de Radiodifusión y Cooperativismo manifiesta que el Movimiento Cooperativo hace ya varios años ha dicho basta a la discriminación a que es sometido para ejercer sus legítimos derechos a brindar todo tipo de servicios de radiodifusión, en igualdad de condiciones que los particulares y las empresas lucrativas.

2. Esa discriminación tiene su sustento jurídico en la denominada Ley de radiodifusión 22.285, dictada durante la última dictadura militar, bajo el influjo de la nefasta teoría de la seguridad nacional. Tanto quienes la dictaron y sostuvieron antes, como aquellos que con vehemencia la defienden ahora, violan los derechos humanos y constitucionales de millones de argentinos nucleados en cooperativas, mutuales, iglesias, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. La historia une a los tiranos de antes con los que usufructúan los beneficios legales de exclusividad y monopolio otorgados por aquellos.

3. Quienes desde el gobierno federal manejan discrecionalmente las licencias de radiodifusión, frenando y obstaculizando por todos los medios posibles el acceso a las cooperativas y al resto de entidades sin fines de lucro, aún por vías indirectas, como son aquellas que surgen de la aplicación de la resolución Comfer 441/98, sostienen prácticamente la discriminación, favorecen la violación de los derechos humanos de millones de compatriotas, avalan la conformación de monopolios y oligopolios y tiñen de sospechas de corrupción todos sus actos.

4. Frente a la discriminación no existen terceros caminos. Se está a favor de ella o se está en contra. Este Congreso hace un llamado especial a todas las pequeñas y medianas empresas de radiodifusión para que se pronuncien dentro de sus organizaciones gremiales y representativas a los efectos que las mismas detengan su aval a la ley de la dictadura y a todos los actos que directa o indirectamente procuran defender la discriminación, tales como son acciones políticas de presión que ejercen sobre políticos y legisladores, juicios cuyo único objetivo es frenar la caída de la discriminación o medidas de implícito aval de la injusticia normativa. Cada cual elegirá el lugar donde ubicarse, que definirá su posición frente a la discriminación.

5. Aquellas empresas comerciales que tengan voluntad democrática y acepten el reto de una radiodifusión plural y con distintos protagonistas, deben ser invitados por todas las entidades que forman el Movimiento Cooperativo a buscar y esforzarse por encontrar caminos de coincidencias, sinergia y asociaciones novedosas y amplias, que permitan una recuperación rápida y eficaz de la radiodifusión argentina. Es mucho lo que el sector de la economía solidaria puede aportar en ese terreno, sumando recursos humanos, técnicos y financieros.

6. El resto de las entidades del sector de la economía solidaria o de carácter comunitario, deben ser convocadas de inmediato a través de las instituciones cooperativas, a formar un poderoso frente común por la igualdad y la inclusión. La responsabilidad que tiene el Movimiento Cooperativo al ser uno de los protagonistas más organizados y consolidados, además de mantener una posición clara de ofensiva contra la discriminación en todos los campos, implica coordinar siempre sus acciones junto a todo el arco de organizaciones sociales que coincidan con una radiodifusión para todos, sin exclusiones.

7. Este Congreso avala todo lo realizado por la Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales y otros Prestadores Comunitarios de Radiodifusión (CARCO), desde su nacimiento en 1996 hasta la fecha, que le permitió al Movimiento Cooperativo articular definitivamente la totalidad del accionar institucional, legal y de representación para enfrentar a la discriminación. Se avala también los logros alcanzados por la CARCO como única organización gremial empresaria del sector de la economía solidaria en radiodifusión y auténtica representante ante las organizaciones superiores del cooperativismo nacional e internacional, ante los poderes del Estado y el resto de los protagonistas de la radiodifusión argentina y del mundo.

8. Se pide expresamente a todas las cooperativas y mutuales, como asimismo a otras entidades del sector de la economía solidaria, que se asocien a la misma y le aporten recursos humanos, económicos, técnicos y doctrinarios, para llevar adelante certeramente la etapa decisiva de lucha contra la discriminación. La CARCO debe representar a la totalidad de la instituciones solidarias argentinas.

9. Sólo se conseguirá la eliminación definitiva de la discriminación mediante la ejecución coordinada, constante y simultánea de todo el Movimiento Cooperativo de diferentes acciones en los campos judicial, político legislativo y sobre el poder Ejecutivo, además de medidas económicas y de difusión pública. Las más importantes que se determinaron en este Congreso relacionadas con los aspectos legales y regulatorios son las siguientes:

a) Continuar las acciones judiciales ante la Corte Suprema en los casos “Asociación Mutual Carlos Mugica c/Estado nacional-Comfer” y “Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa Santa Rosa Limitada c/Estado nacional –Comfer” y apoyar todos los casos que lleguen a esa instancia judicial.

b) Promover que toda cooperativa o mutual inicie “acciones declarativas de certeza” sobre la inconstitucionalidad de la Ley 22.285 en el menor tiempo posible, para obligar al servicio jurídico del Comfer a dedicarle enormes esfuerzos a defender la “indefendible” ley de radiodifusión.

c) Generar ese tipo de acciones en todas las jurisdicciones de la justicia federal en el menor tiempo posible, tomando el ejemplo de los juicios ya realizados en la provincia de Córdoba donde existe jurisprudencia favorable de las dos salas de la Cámara Federal de Apelaciones.

d) Presentarse en nombre de la CARCO o de cooperativas particulares en cualquier instancia judicial que lleve adelante el sector que apoya la discriminación y sus organizaciones.

e) Iniciar los contactos correspondientes ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos para presentar la situación de violación de los derechos humanos por parte del Estado Federal y comenzar a generar los informes correspondientes.

f) Recurrir a esta instancia si por cualquier causa las acciones judiciales en tratamiento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resultan favorables a los derechos del sector de la economía solidaria.

g) Darle a estos hechos adecuada difusión en los medios de comunicación propios del cooperativismo y del mutualismo y como acciones de esclarecimiento ante las fuerzas productivas, religiosas, políticas y otros medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros.

h) Promover que el Movimiento Cooperativo a través de la Confederación Cooperativa de la república Argentina (Cooperar), difunda esos logros y denuncie la discriminación ante la Alianza Cooperativa Internacional y cuanto foro o encuentro internacional se realice.

i) Impulsar que las conclusiones del presente sean incluidas como tema de carácter estratégico a considerar por el próximo Congreso Nacional de la Cooperación.

j) Procurar que el Movimiento Cooperativo Internacional genere quejas, declaraciones y pedidos ante el Poder Ejecutivo y Legislativo Argentino, pidiendo el cese de la discriminación.

k) Accionar ante el Defensor del Pueblo de la Nación y de todos y cada uno de los Defensores del Pueblo provinciales para que se manifiesten contra la discriminación de la ley de radiodifusión. Se destaca la positiva iniciativa del Defensor del Pueblo de San Luis en ese sentido.

l) Denunciar formalmente la discriminación ante todos los organismos nacionales y provinciales competentes en temas de derechos humanos.

m) Investigar y denunciar ante el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia todas las acciones del sector que apoya de la discriminación que tienden a abusar de su posición dominante y de prácticas reñidas contra la competencia, en violación de la Ley Nacional 25156 (Defensa de la competencia) y de la resolución 726/99 de la SICyM (Control de monopolio)

n) Coordinar acciones judiciales, políticas y de difusión con otras organizaciones representativas de distintos sectores discriminados.

o) Producir con motivo de la asunción del nuevo gobierno un petitorio relacionado con los derechos del sector de la economía solidaria y entregarlo a las nuevas autoridades de los organismos reguladores del sector.

p) Organizar la difusión directa y permanente ante todos y cada uno de los Diputados y Senadores de la Nación, llevando un registro formal de sus opiniones con respecto a la discriminación y a los actos que están dispuestos a realizar para eliminarla. Comunicar por todos los medios posibles esas opiniones ante el Pueblo de sus respectivas jurisdicciones. Recordar periódicamente esas opiniones y difundir ante los ciudadanos las acciones que cada representante del Pueblo o de cada provincia expresa en las Comisiones respectivas o en las sesiones del Congreso con respecto a la eliminación de la discriminación.

q) Llevar el debate de la discriminación al seno de los partidos políticos y de las distintas organizaciones sociales. Procurar que éstos se expresen formalmente sobre el tema.

r) Procurar la solidaridad con la causa de la lucha contra la discriminación a todos los niveles (municipal, provincial y nacional)

s) Difundir entre los trabajadores culturales y de radiodifusión la importancia que tiene como generadora de fuentes de trabajo y garantía de libertad de expresión la apertura a todos los sectores, sin exclusiones.

t) Generar una iniciativa popular según las reglamentaciones específicas, para exigir al Congreso el tratamiento de un proyecto de ley destinado a la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión vigente. Avalar ese pedido con la presentación de las firmas exigidas por ley para darle curso a ese proyecto.

u) Promover distinto tipo de manifestaciones masivas para debatir públicamente con los ciudadanos el tema de la discriminación.

v) Coordinar una acción legislativa a mayor plazo impulsando el proyecto de modificación integral de la Ley de radiodifusión, sobre la base del proyecto de CARCO y todos los aportes que el sector de la economía solidaria pueda hacerle.

w) Apoyar con firmeza la decisión adoptada por los vecinos de Santa Rosa, provincia de La Pampa, en el sentido de auto brindarse el servicio de antena comunitaria. Y apoyar también a la Cooperativa Popular de Electricidad de dicha ciudad, que se convirtió en el vehículo utilizado por los vecinos para hacer efectivo ese derecho. Que el “Grito de Santa Rosa” sea un faro que nos guíe en ese sentido.

x) Impulsar la adopción con idénticos criterios de nuevas antenas comunitarias en aquellos lugares donde existan virtuales “desiertos comunicacionales” y apoyar a las cooperativas que actúen por mandato de sus asociados y usuarios. Comisionar a la CARCO para que en un breve plazo difunda dentro del Movimiento Cooperativo la metodología y fundamentos jurídicos para la instalación de antenas comunitarias propiedad de los usuarios directos, los que basados en el Decreto 174/89, procedan a establecer sistemas de distribución de señales satelitales de radio y televisión mediante la utilización de medios físicos (cable). Apoyar todas las iniciativas de ese tipo desde el Movimiento Cooperativo.

y) Repudiar a la burocracia protectora de los oligopolios y a los defensores de la discriminación y denunciar cualquier acto sospechoso de corrupción ante los organismos judiciales y administrativos correspondientes.

z) Apoyar a todas las organizaciones de usuarios y consumidores en sus protestas contra las prácticas oligopólicas de los defensores de la discriminación.

aa) Propiciar que todas las cooperativas incorporen en sus objetos sociales, por decisión de Asamblea, la prestación de servicios de radiodifusión.

10. En la consideración de los temas relacionados a las organizaciones del Movimiento Cooperativo y su capacidad operativa el Congreso resolvió:

a) Apoyar a la Cooperativa de provisión y comercialización para servicios comunitarios de radiodifusión (COLSECOR), como una alternativa válida y eficaz para hacer frente a la concentración del sector de economía lucrativa, a la par que ha demostrado capacidad en la construcción de medios de comunicación autónomos y propios como es el Canal seis televisión alternativa.

b) Proponer a todas las empresas de radiodifusión que mantengan vínculos con el sector cooperativo para que se agrupen alrededor de dicha entidad o eventualmente de otras que puedan surgir regional o nacionalmente, apartándose de aquellas organizaciones empresariales que agrupan a entidades del sector de economía lucrativa y que mantienen en sus direcciones una prédica constante contra el cooperativismo.

c) Procurar que en los próximos años el sector de economía solidaria se transforme en el principal prestador en cantidad de hogares servidos de la Argentina, llegando a los millones de compatriotas que hoy no tienen acceso a servicios de televisión multiseñal. Utilizar la solidez y reconocimiento actual de COLSECOR para asegurar servicios de radiodifusión eficientes y de óptima calidad, aumentando las economías de escala y el profesionalismo operativo.

11. Con respecto a los temas relacionados con los contenidos de los servicios a brindar, el Congreso resolvió:

a) Apoyar la existencia de Canal seis televisión alternativa, como auténtica “señal emblemática” del sector de economía solidaria. El deseo de tener nuestro propio canal de televisión finalmente se vio concretado y llegar a poseerlo significó un salto enorme, del cual no se puede volver atrás.

b) Lograr que esta señal sea la punta de lanza de todo un sistema de medios de comunicación alternativos.

c) Proponer a todas las cooperativas del país, que se conviertan en el sostén económico y doctrinario del mismo, garantizando de esa manera la difusión y distribución.

d) Sugerir que en cada localidad, la cooperativa local se haga cargo de los costos de instalación y mantenimiento del canal y ofrezca a la empresa de cable local que ella lo emita en su grilla sin costo alguno, recibiendo el equipamiento necesario en comodato.

e) En caso que la empresa local de cable, pese a su gratuidad se niegue a difundir el Canal seis televisión alternativa, procurar otras vías para que la señal llegue a los asociados y se difunda de esa manera el ideario cooperativo, que busca un mundo sin discriminación.

f) Apoyar en todos los rincones de la patria, la producción de contenidos de televisión a ser emitidos por el canal. Estos deberán reflejar con libertad creativa, la visión humanista, solidaria y optimista que tiene el cooperativismo.

g) Invertir recursos económicos en tecnología, capacitación y personal, para recorrer aceleradamente la gran brecha que hoy separa la televisión comercial de la naciente televisión alternativa. Ese esfuerzo permitirá mejorar la calidad de nuestros programas, a la par que generará puestos de trabajo estables principalmente para los más jóvenes.

h) Generar medios de auditoría eficientes para interpretar las necesidades temáticas y estéticas de los televidentes y así generar los cambios que se vayan requiriendo.

i) Permitir que en nuestros medios de comunicación estén representadas todas las regiones y provincias de nuestro país, además de todas las ideas y todas las opiniones. Acordar con universidades o entidades educativas para difundir sus contenidos.

j) Sugerir a los sistemas de cable comunitarios que incorporen el Canal seis televisión alternativa en la frecuencia del canal local, integrando la programación propia con la señal nacional para de esa manera potenciar ambos canales.

k) Buscar que mediante una alianza con las radios comunitarias, se pueda poner en el aire una señal satelital de radio que siga los pasos del Canal seis televisión alternativa, para servir de apoyo a las emisiones de todas las radios comunitarias del país.

Estas conclusiones, han sido elaboradas a partir de las exposiciones desarrolladas y por los aportes de cientos de delegados en el trabajo en Comisiones durante las tres intensas jornadas del Congreso. Serán instrumentos de trabajo para el cooperativismo durante los próximos años y representan el máximo grado de compromiso teórico y de planificación estratégica alcanzado por el sector de la economía solidaria en su ofensiva por conseguir una radiodifusión para todos, sin exclusiones. Demuestran que el camino comenzado en 1996, ha dado sus frutos, que ha concluido un ciclo y que las puertas están abiertas para la última y decisiva etapa quinquenal que hoy se inicia.

Conseguir su éxito es responsabilidad de todos quienes sentimos al cooperativismo como una opción de vida y un modelo válido para resolver nuestros problemas sociales.

Santa Rosa, provincia de La Pampa, viernes 11 de abril de 2003.