viernes, 11 de abril de 2003

Primero Congreso Nacional de Radiodifusión y Cooperativismo 2003. Conclusiones finales

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y COOPERATIVISMO



CONCLUSIONES FINALES



El modelo de desarrollo de la radiodifusión argentina, al igual que en el resto del continente, basado en grandes corporaciones que se ubicaban como principales protagonistas y manejaban los mercados desde posiciones dominantes, está sumida en una profunda crisis.
Esta crisis, es estructural, ya que el desarrollo que comenzó a frenarse desde fines de la década pasada, ha entrado en un torbellino donde el sector de los grandes multimedios no puede garantizar fondos suficientes para continuar invirtiendo, y en el caso argentino, las principales empresas están en procesos de falencia, con cesación de pagos, desinversión tecnológica y repliegue en número de abonados o venta publicitaria.
A la vez es poco probable que existan grandes empresas que en los años venideros estén dispuestos a revertir ese proceso, con diversificación de las inversiones. En todo el continente hay estancamiento casi generalizado. Las consolidaciones tanto en TV satelital, como en operadoras de multimedios no deben confundir sobre la situación real.
Incluso, hasta en los países centrales de esos capitales, las grandes convulsiones y escándalos financieros, la finalización del fenómeno denominado “burbuja informática”, sumado al enfriamiento de la economía global produjo una disminución del ritmo de introducción de la digitalización en los medios de comunicación.
Ese fenómeno afecta tanto a los sistemas de medios de comunicación propiamente dichos, como a los productores de contenidos para ser enviados por los mismos.
En nuestro país, a la crisis de los grandes operadores, se debe agregar los efectos devastadores que produjo la devaluación sobre toda la actividad de la radiodifusión, con una enorme caída en los ingresos medidos en dólares, lo cual se traduce en una disminución de los ritmos de inversión, en gran medida constituida por equipamiento producido en el exterior. Simultáneamente, la inflación y las pujas distributivas internas en la actividad entre el sector productor de contenidos y los medios de comunicación llevaron a una profundización de la crisis, que afectaba a la actividad durante los años de la prolongada recesión desatada en los últimos años del siglo XX. El sector de pequeñas y medianas empresas de radiodifusión presenta un cuadro de estancamiento en sus posibilidades de inversión, con dispersión operativa, lo cual dificulta la obtención de economías de escala y en los casos donde este sector se une, termina siguiendo los paradigmas estratégicos del sector de las grandes corporaciones, lo cual le hace participar del mismo panorama de crisis estructural descrito.
Pero a ese cuadro, ya de por si desalentador, se suma la persistencia de la discriminación legal hacia el sector de la economía solidaria, del cual el Movimiento Cooperativo es la rama más dinámica y organizada. Con esa discriminación, se impide a amplios sectores de la población, asumir directamente la recomposición de la radiodifusión, mejorar el acceso a la información, cultura y entretenimiento y canalizar en ese sentido el ahorro interno de las comunidades donde están presentes las cooperativas, mutuales y otras organizaciones sociales sin fines de lucro.
La persistencia de la discriminación se ha vuelto más irritante aún en los últimos años, pues en la actualidad no existe ningún sector proveniente de las empresas lucrativas, dispuesto a modificar el paradigma de la actual radiodifusión. El Estado, en todas sus vertientes, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, no aparece tampoco como lo fue en tiempos pasados, como gestor de promoción de la radiodifusión en áreas poco rentables para los privados o desiertas en términos comunicacionales. Esa situación genera una paradoja infame, donde a los ciudadanos no sólo no se les da el acceso a la radiodifusión, sino que también se les niega la posibilidad de autoprestarse a si mismos esos servicios por medio de sus organizaciones comunitarias.
La violación flagrante por parte de las normas y regulaciones que rigen la radiodifusión, de los derechos humanos de millones de argentinos, que se ven privados de ejercer sus derechos constitucionales en materia de libertad de expresión, de asociación con fines útiles, de enseñar y aprender, de igualdad ante la ley, de defensa de la competencia, de generar empleos, de respeto a la supremacía de la Constitución Nacional y los pactos Internacionales, de razonabilidad de las normas, es en la actualidad mucho más grave, pues en el país tienen vigencia las instituciones de la democracia desde hace casi veinte años.
Por lo antedicho y luego de debatir intensamente esa situación, los representantes del Movimiento Cooperativo concluyen que:



1. Este Primer Congreso Nacional de Radiodifusión y Cooperativismo manifiesta que el Movimiento Cooperativo hace ya varios años ha dicho basta a la discriminación a que es sometido para ejercer sus legítimos derechos a brindar todo tipo de servicios de radiodifusión, en igualdad de condiciones que los particulares y las empresas lucrativas.

2. Esa discriminación tiene su sustento jurídico en la denominada Ley de radiodifusión 22.285, dictada durante la última dictadura militar, bajo el influjo de la nefasta teoría de la seguridad nacional. Tanto quienes la dictaron y sostuvieron antes, como aquellos que con vehemencia la defienden ahora, violan los derechos humanos y constitucionales de millones de argentinos nucleados en cooperativas, mutuales, iglesias, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. La historia une a los tiranos de antes con los que usufructúan los beneficios legales de exclusividad y monopolio otorgados por aquellos.

3. Quienes desde el gobierno federal manejan discrecionalmente las licencias de radiodifusión, frenando y obstaculizando por todos los medios posibles el acceso a las cooperativas y al resto de entidades sin fines de lucro, aún por vías indirectas, como son aquellas que surgen de la aplicación de la resolución Comfer 441/98, sostienen prácticamente la discriminación, favorecen la violación de los derechos humanos de millones de compatriotas, avalan la conformación de monopolios y oligopolios y tiñen de sospechas de corrupción todos sus actos.

4. Frente a la discriminación no existen terceros caminos. Se está a favor de ella o se está en contra. Este Congreso hace un llamado especial a todas las pequeñas y medianas empresas de radiodifusión para que se pronuncien dentro de sus organizaciones gremiales y representativas a los efectos que las mismas detengan su aval a la ley de la dictadura y a todos los actos que directa o indirectamente procuran defender la discriminación, tales como son acciones políticas de presión que ejercen sobre políticos y legisladores, juicios cuyo único objetivo es frenar la caída de la discriminación o medidas de implícito aval de la injusticia normativa. Cada cual elegirá el lugar donde ubicarse, que definirá su posición frente a la discriminación.

5. Aquellas empresas comerciales que tengan voluntad democrática y acepten el reto de una radiodifusión plural y con distintos protagonistas, deben ser invitados por todas las entidades que forman el Movimiento Cooperativo a buscar y esforzarse por encontrar caminos de coincidencias, sinergia y asociaciones novedosas y amplias, que permitan una recuperación rápida y eficaz de la radiodifusión argentina. Es mucho lo que el sector de la economía solidaria puede aportar en ese terreno, sumando recursos humanos, técnicos y financieros.

6. El resto de las entidades del sector de la economía solidaria o de carácter comunitario, deben ser convocadas de inmediato a través de las instituciones cooperativas, a formar un poderoso frente común por la igualdad y la inclusión. La responsabilidad que tiene el Movimiento Cooperativo al ser uno de los protagonistas más organizados y consolidados, además de mantener una posición clara de ofensiva contra la discriminación en todos los campos, implica coordinar siempre sus acciones junto a todo el arco de organizaciones sociales que coincidan con una radiodifusión para todos, sin exclusiones.

7. Este Congreso avala todo lo realizado por la Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales y otros Prestadores Comunitarios de Radiodifusión (CARCO), desde su nacimiento en 1996 hasta la fecha, que le permitió al Movimiento Cooperativo articular definitivamente la totalidad del accionar institucional, legal y de representación para enfrentar a la discriminación. Se avala también los logros alcanzados por la CARCO como única organización gremial empresaria del sector de la economía solidaria en radiodifusión y auténtica representante ante las organizaciones superiores del cooperativismo nacional e internacional, ante los poderes del Estado y el resto de los protagonistas de la radiodifusión argentina y del mundo.

8. Se pide expresamente a todas las cooperativas y mutuales, como asimismo a otras entidades del sector de la economía solidaria, que se asocien a la misma y le aporten recursos humanos, económicos, técnicos y doctrinarios, para llevar adelante certeramente la etapa decisiva de lucha contra la discriminación. La CARCO debe representar a la totalidad de la instituciones solidarias argentinas.

9. Sólo se conseguirá la eliminación definitiva de la discriminación mediante la ejecución coordinada, constante y simultánea de todo el Movimiento Cooperativo de diferentes acciones en los campos judicial, político legislativo y sobre el poder Ejecutivo, además de medidas económicas y de difusión pública. Las más importantes que se determinaron en este Congreso relacionadas con los aspectos legales y regulatorios son las siguientes:
a) Continuar las acciones judiciales ante la Corte Suprema en los casos “Asociación Mutual Carlos Mugica c/Estado nacional-Comfer” y “Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa Santa Rosa Limitada c/Estado nacional –Comfer” y apoyar todos los casos que lleguen a esa instancia judicial.
b) Promover que toda cooperativa o mutual inicie “acciones declarativas de certeza” sobre la inconstitucionalidad de la Ley 22.285 en el menor tiempo posible, para obligar al servicio jurídico del Comfer a dedicarle enormes esfuerzos a defender la “indefendible” ley de radiodifusión.
c) Generar ese tipo de acciones en todas las jurisdicciones de la justicia federal en el menor tiempo posible, tomando el ejemplo de los juicios ya realizados en la provincia de Córdoba donde existe jurisprudencia favorable de las dos salas de la Cámara Federal de Apelaciones.
d) Presentarse en nombre de la CARCO o de cooperativas particulares en cualquier instancia judicial que lleve adelante el sector que apoya la discriminación y sus organizaciones.
e) Iniciar los contactos correspondientes ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos para presentar la situación de violación de los derechos humanos por parte del Estado Federal y comenzar a generar los informes correspondientes.
f) Recurrir a esta instancia si por cualquier causa las acciones judiciales en tratamiento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resultan favorables a los derechos del sector de la economía solidaria.
g) Darle a estos hechos adecuada difusión en los medios de comunicación propios del cooperativismo y del mutualismo y como acciones de esclarecimiento ante las fuerzas productivas, religiosas, políticas y otros medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros.
h) Promover que el Movimiento Cooperativo a través de la Confederación Cooperativa de la república Argentina (Cooperar), difunda esos logros y denuncie la discriminación ante la Alianza Cooperativa Internacional y cuanto foro o encuentro internacional se realice.
i) Impulsar que las conclusiones del presente sean incluidas como tema de carácter estratégico a considerar por el próximo Congreso Nacional de la Cooperación.
j) Procurar que el Movimiento Cooperativo Internacional genere quejas, declaraciones y pedidos ante el Poder Ejecutivo y Legislativo Argentino, pidiendo el cese de la discriminación.
k) Accionar ante el Defensor del Pueblo de la Nación y de todos y cada uno de los Defensores del Pueblo provinciales para que se manifiesten contra la discriminación de la ley de radiodifusión. Se destaca la positiva iniciativa del Defensor del Pueblo de San Luis en ese sentido.
l) Denunciar formalmente la discriminación ante todos los organismos nacionales y provinciales competentes en temas de derechos humanos.
m) Investigar y denunciar ante el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia todas las acciones del sector que apoya de la discriminación que tienden a abusar de su posición dominante y de prácticas reñidas contra la competencia, en violación de la Ley Nacional 25156 (Defensa de la competencia) y de la resolución 726/99 de la SICyM (Control de monopolio)
n) Coordinar acciones judiciales, políticas y de difusión con otras organizaciones representativas de distintos sectores discriminados.
o) Producir con motivo de la asunción del nuevo gobierno un petitorio relacionado con los derechos del sector de la economía solidaria y entregarlo a las nuevas autoridades de los organismos reguladores del sector.
p) Organizar la difusión directa y permanente ante todos y cada uno de los Diputados y Senadores de la Nación, llevando un registro formal de sus opiniones con respecto a la discriminación y a los actos que están dispuestos a realizar para eliminarla. Comunicar por todos los medios posibles esas opiniones ante el Pueblo de sus respectivas jurisdicciones. Recordar periódicamente esas opiniones y difundir ante los ciudadanos las acciones que cada representante del Pueblo o de cada provincia expresa en las Comisiones respectivas o en las sesiones del Congreso con respecto a la eliminación de la discriminación.
q) Llevar el debate de la discriminación al seno de los partidos políticos y de las distintas organizaciones sociales. Procurar que éstos se expresen formalmente sobre el tema.
r) Procurar la solidaridad con la causa de la lucha contra la discriminación a todos los niveles (municipal, provincial y nacional)
s) Difundir entre los trabajadores culturales y de radiodifusión la importancia que tiene como generadora de fuentes de trabajo y garantía de libertad de expresión la apertura a todos los sectores, sin exclusiones.
t) Generar una iniciativa popular según las reglamentaciones específicas, para exigir al Congreso el tratamiento de un proyecto de ley destinado a la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión vigente. Avalar ese pedido con la presentación de las firmas exigidas por ley para darle curso a ese proyecto.
u) Promover distinto tipo de manifestaciones masivas para debatir públicamente con los ciudadanos el tema de la discriminación.
v) Coordinar una acción legislativa a mayor plazo impulsando el proyecto de modificación integral de la Ley de radiodifusión, sobre la base del proyecto de CARCO y todos los aportes que el sector de la economía solidaria pueda hacerle.
w) Apoyar con firmeza la decisión adoptada por los vecinos de Santa Rosa, provincia de La Pampa, en el sentido de auto brindarse el servicio de antena comunitaria. Y apoyar también a la Cooperativa Popular de Electricidad de dicha ciudad, que se convirtió en el vehículo utilizado por los vecinos para hacer efectivo ese derecho. Que el “Grito de Santa Rosa” sea un faro que nos guíe en ese sentido.
x) Impulsar la adopción con idénticos criterios de nuevas antenas comunitarias en aquellos lugares donde existan virtuales “desiertos comunicacionales” y apoyar a las cooperativas que actúen por mandato de sus asociados y usuarios. Comisionar a la CARCO para que en un breve plazo difunda dentro del Movimiento Cooperativo la metodología y fundamentos jurídicos para la instalación de antenas comunitarias propiedad de los usuarios directos, los que basados en el Decreto 174/89, procedan a establecer sistemas de distribución de señales satelitales de radio y televisión mediante la utilización de medios físicos (cable). Apoyar todas las iniciativas de ese tipo desde el Movimiento Cooperativo.
y) Repudiar a la burocracia protectora de los oligopolios y a los defensores de la discriminación y denunciar cualquier acto sospechoso de corrupción ante los organismos judiciales y administrativos correspondientes.
z) Apoyar a todas las organizaciones de usuarios y consumidores en sus protestas contra las prácticas oligopólicas de los defensores de la discriminación.
aa) Propiciar que todas las cooperativas incorporen en sus objetos sociales, por decisión de Asamblea, la prestación de servicios de radiodifusión.



10. En la consideración de los temas relacionados a las organizaciones del Movimiento Cooperativo y su capacidad operativa el Congreso resolvió:



a) Apoyar a la Cooperativa de provisión y comercialización para servicios comunitarios de radiodifusión (COLSECOR), como una alternativa válida y eficaz para hacer frente a la concentración del sector de economía lucrativa, a la par que ha demostrado capacidad en la construcción de medios de comunicación autónomos y propios como es el Canal seis televisión alternativa.
b) Proponer a todas las empresas de radiodifusión que mantengan vínculos con el sector cooperativo para que se agrupen alrededor de dicha entidad o eventualmente de otras que puedan surgir regional o nacionalmente, apartándose de aquellas organizaciones empresariales que agrupan a entidades del sector de economía lucrativa y que mantienen en sus direcciones una prédica constante contra el cooperativismo.
c) Procurar que en los próximos años el sector de economía solidaria se transforme en el principal prestador en cantidad de hogares servidos de la Argentina, llegando a los millones de compatriotas que hoy no tienen acceso a servicios de televisión multiseñal. Utilizar la solidez y reconocimiento actual de COLSECOR para asegurar servicios de radiodifusión eficientes y de óptima calidad, aumentando las economías de escala y el profesionalismo operativo.





11. Con respecto a los temas relacionados con los contenidos de los servicios a brindar, el Congreso resolvió:



a) Apoyar la existencia de Canal seis televisión alternativa, como auténtica “señal emblemática” del sector de economía solidaria. El deseo de tener nuestro propio canal de televisión finalmente se vio concretado y llegar a poseerlo significó un salto enorme, del cual no se puede volver atrás.
b) Lograr que esta señal sea la punta de lanza de todo un sistema de medios de comunicación alternativos.
c) Proponer a todas las cooperativas del país, que se conviertan en el sostén económico y doctrinario del mismo, garantizando de esa manera la difusión y distribución.
d) Sugerir que en cada localidad, la cooperativa local se haga cargo de los costos de instalación y mantenimiento del canal y ofrezca a la empresa de cable local que ella lo emita en su grilla sin costo alguno, recibiendo el equipamiento necesario en comodato.
e) En caso que la empresa local de cable, pese a su gratuidad se niegue a difundir el Canal seis televisión alternativa, procurar otras vías para que la señal llegue a los asociados y se difunda de esa manera el ideario cooperativo, que busca un mundo sin discriminación.
f) Apoyar en todos los rincones de la patria, la producción de contenidos de televisión a ser emitidos por el canal. Estos deberán reflejar con libertad creativa, la visión humanista, solidaria y optimista que tiene el cooperativismo.
g) Invertir recursos económicos en tecnología, capacitación y personal, para recorrer aceleradamente la gran brecha que hoy separa la televisión comercial de la naciente televisión alternativa. Ese esfuerzo permitirá mejorar la calidad de nuestros programas, a la par que generará puestos de trabajo estables principalmente para los más jóvenes.
h) Generar medios de auditoría eficientes para interpretar las necesidades temáticas y estéticas de los televidentes y así generar los cambios que se vayan requiriendo.
i) Permitir que en nuestros medios de comunicación estén representadas todas las regiones y provincias de nuestro país, además de todas las ideas y todas las opiniones. Acordar con universidades o entidades educativas para difundir sus contenidos.
j) Sugerir a los sistemas de cable comunitarios que incorporen el Canal seis televisión alternativa en la frecuencia del canal local, integrando la programación propia con la señal nacional para de esa manera potenciar ambos canales.
k) Buscar que mediante una alianza con las radios comunitarias, se pueda poner en el aire una señal satelital de radio que siga los pasos del Canal seis televisión alternativa, para servir de apoyo a las emisiones de todas las radios comunitarias del país.



Estas conclusiones, han sido elaboradas a partir de las exposiciones desarrolladas y por los aportes de cientos de delegados en el trabajo en Comisiones durante las tres intensas jornadas del Congreso. Serán instrumentos de trabajo para el cooperativismo durante los próximos años y representan el máximo grado de compromiso teórico y de planificación estratégica alcanzado por el sector de la economía solidaria en su ofensiva por conseguir una radiodifusión para todos, sin exclusiones. Demuestran que el camino comenzado en 1996, ha dado sus frutos, que ha concluido un ciclo y que las puertas están abiertas para la última y decisiva etapa quinquenal que hoy se inicia.
Conseguir su éxito es responsabilidad de todos quienes sentimos al cooperativismo como una opción de vida y un modelo válido para resolver nuestros problemas sociales.





Santa Rosa, provincia de La Pampa, viernes 11 de abril de 2003.

lunes, 31 de marzo de 2003

Bases para una radiodifusión sin exclusiones - Construcción de la opción cooperativa -

BASES PARA UNA RADIODIFUSIÓN SIN EXCLUSIONES


CONSTRUCCIÓN DE LA OPCIÓN COOPERATIVA



Cuando recibimos la invitación para acompañar un trabajo teórico sobre la discriminación de acceso a la radiodifusión que tienen las cooperativas argentinas en este, el primer libro que se iba a compilar sobre el tema, no pudimos menos que sentirnos honrados y al mismo tiempo, comprometidos con los argumentos que se iban a emitir en él. Compartir el trabajo con un amigo como el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe encerraba un segundo desafío, quizás más difícil que el primero, pues reconocemos en él a un excelente constructor de doctrina jurídica sobre esa temática, a la vez que un hábil letrado, capaz de encontrar mecanismos novedosos y contundentes de acción en los tribunales.


Frente a esa perspectiva, preferimos encarar este trabajo desde la óptica de acciones doctrinarias reales que ya hubieran sido aplicadas en la práctica concreta y rehuir a un trabajo de teoría general pura y de base académica, que además no es nuestro estilo.


En las páginas siguientes, se transcriben textuales las ponencias presentadas por nosotros ante las Audiencias Públicas desarrolladas durante el año 2001 en ocasión del debate abierto por la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, para considerar la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión que reemplazara a la vieja y nefasta Ley 22.285. La ponencia presentada en agosto de dicho año, ante la última Audiencia Pública, que se desarrolló en dos fechas en la Capital Federal, es el Proyecto de Ley de Radiodifusión que elaboramos sobre la base de todo el debate generado en los meses anteriores y que fue presentado en nombre de CARCO ante dicha Comisión.


La suerte de este proyecto aún no está definida, pues el Diputado Héctor Polino, con muy pequeños cambios, asumió en su condición de legislador dicha elaboración y junto a un grupo de Diputados, le dio el debido ingreso parlamentario. Es decir que todavía puede ser fuente de debate en dicha Comisión.


Quisiéramos no obstante, a los efectos de orientar la lectura del material expuesto, hacer una breve síntesis histórica de las acciones desplegadas por el Movimiento Cooperativo para erradicar la injusta discriminación legal. Estos trabajos que confeccionamos y que hoy son el aporte teórico que incluimos en el presente, en realidad forman parte de un conjunto de acciones, que deben ser visualizadas con sentido integrador, para comprender la enorme fortaleza alcanzada en la actualidad por el sector de la economía solidaria en el campo de la radiodifusión.


El punto de inflexión. Octubre de 1996.

Durante ese mes fue dictado el Decreto presidencial de Necesidad y Urgencia, que con el número 1143 y con contundentes y rotundos argumentos jurídicos y políticos puso fin a la exclusión que las cooperativas tenían de las licencias de radiodifusión. Casi inmediatamente, en la sede de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos (FACE), convocados por la anfitriona y por la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (FECOTEL), decenas de dirigentes cooperativos de todo el país se dieron cita para evaluar el resultado obtenido y programar los pasos jurídicos e institucionales a implementar. La obtención del Decreto 1143 fue una silenciosa y esforzada labor de un pequeño grupo reducido de dirigentes; pero desde allí en más, haría falta mucho tesón para defenderlo y lograr su puesta en marcha. Entre las acciones acordadas figuró la creación de una organización gremial empresaria, que continuara todas las acciones en el campo de la radiodifusión comunitaria. Esa fue la génesis de la CARCO, la cual logró institucionalizarse seis meses más tarde.


La historia siguiente es bien conocida, el Decreto 1260 dictado 28 días después, derogó en su artículo 5°, sin dar ningún argumento, al Decreto 1143. La acción de quienes se oponían al cooperativismo había logrado contrarrestar rápidamente el éxito alcanzado y todo parecía volver a la situación anterior. Es decir, el sector de economía solidaria totalmente excluido de la radiodifusión.


Sin embargo, no fue así, pues la unidad operativa alcanzada ese 30 de octubre cuando el cooperativismo argentino se decidió a crear la CARCO y luchar para erradicar la discriminación, significó un verdadero golpe de timón. Desde allí en más, sin temor a equivocarnos podemos afirmar que se avanzó lentamente al principio y con mayor fuerza después, hacia un verdadero pase a la ofensiva estratégica por conseguir el lugar que el sector de la economía solidaria se merece en la radiodifusión.


El 18 de diciembre de 1996, cuando habían pasado escasos días desde la derogación del Decreto 1143, el cooperativismo argentino, en la sede de la Cámara de Diputados de la nación organizó el Primer Seminario de Radiodifusión y Cooperativas. Fue la primera vez que se debatió de manera unitaria toda la teoría disponible sobre el tema y fue un decisivo envión para el surgimiento de CARCO.


Los años de búsqueda de alternativas.


Desde 1996 en adelante, luego de una pequeña decepción inicial, las cooperativas y mutuales organizadas en la CARCO comenzaron a buscar nuevas alternativas para resolver el problema. Estaba bien claro que el Parlamento no modificaría la Ley, pues existían fuertes presiones en contrario. También era improbable que el Poder Ejecutivo dispusiera un nuevo Decreto, luego de las idas y vueltas operadas con el 1143 y el 1260. La concentración de medios de comunicación en manos transnacionales estaba en su punto culminante y todo parecía indicar que lo máximo que se podría conseguir era que “no se molestara” a las cooperativas que estaban operando sistemas de TV por cable directa o indirectamente. Sin embargo, afirmamos que en la práctica y en la doctrina, el cooperativismo había pasado a una situación de ofensiva en la lucha por sus derechos y eso se vio reflejado en todo el proceso de búsqueda de un instrumento que permitiera superar el famoso “travestismo” al cual en años anteriores habían obligado al sector, a la par que se convirtiera en un medio de acceso, aunque limitado, a licencias por parte de las cooperativas.


Así se obtiene la resolución COMFER 441/98, que posibilitaba la participación de cooperativas como accionistas en sociedades licenciatarias, sin limitaciones. Esta Resolución, fue como el Decreto 1143, la culminación de un largo proceso de aporte teórico y negociación con el poder político expresado en el COMFER de entonces. Fue una solución “a medias” que aceptaron los administradores, lograda en un momento político apropiado. Sin embargo, nuevamente el sector comercial de la radiodifusión, desde la misma posición defensiva en la cual operaba hacía dos años, logra contrarrestar el logro obtenido por el cooperativismo en una interminable serie de catorce encuentros de negociación destinadas a encontrar una forma de atemperar la profundidad de lo que parecían ser los primeros pasos de una avalancha de cooperativas ingresando en sociedades licenciatarias o comenzando las gestiones para iniciar los trámites. En esa oportunidad, un cambio de autoridades en el COMFER, fue aprovechado para dilatar en una trabada negociación que de antemano buscaban que no concluyera en nada, pues en realidad no estaban dispuestos a efectuar ninguna concesión y sólo intentaban ganar algo de tiempo adicional. Es importante destacar que este proceso fue encarado por el sector representativo de los medianos y pequeños radiodifusores comerciales, los cuales circunstancialmente habían quedado separados de los grandes operadores, que estaban muy ocupados en problemas propios de ellos y de sus divisiones y consolidaciones de mercado. Lamentablemente, todo el material y el debate de esos meses, que fue muy rico en argumentos y en opciones novedosas, aún no fue compilado y en su gran mayoría tiene una base oral. Los pocos documentos que se discutieron fueron aportados por el cooperativismo.


Si bien no se pudieron asegurar los resultados a los cuales estábamos dispuestos, quedó demostrado que ya era difícil eliminar mediante una simple acción “de escritorio” la Resolución 441/98, como dos años atrás se había hecho con el Decreto 1385. El sector cooperativo mantenía la iniciativa y aunque no lograba obtener resultados finales positivos, se seguían acumulando antecedentes que no podían ser anulados por quienes se oponían al acceso. El proceso electoral de ese tiempo, dificultó cualquier intento por definir la situación, que quedó frenada a la espera del cambio de gobierno. Se puede catalogar a ese período como de “fortaleza cooperativa en medio de un equilibrio estable de fuerzas”.

El tiempo de la espera

Con el cambio de gobierno, se recrearon nuevas expectativas con respecto a las decisiones que se adoptarían con respecto a la discriminación hacia las cooperativas.


La CARCO, dentro de su política de ofensiva en todos los campos, había mantenido importantes contactos y había efectuado acción política sobre los posibles partidos que asumieran en diciembre de 1999. Con respecto al sector que triunfó en esas elecciones, ya en Rosario, durante un encuentro del Instituto Programático de la Alianza se habían consensuado mecanismos de salida de la discriminación existente hacia el sector de la economía solidaria en caso que el triunfo correspondiera a esa fuerza política. Parecía que la ofensiva iniciada en 1996, iba a concluir finalmente en un cambio del status jurídico de las cooperativas y la radiodifusión por la vía reglamentaria del COMFER o del Poder Ejecutivo nacional, con un aseguramiento mediante la modificación de la Ley 22.285 por la vía legislativa.

El año 2000 y los primeros meses de 2001 fueron de negociación política a nivel COMFER, que aparentemente iban a concluir con el fin de la discriminación por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Al ver que cualquier solución se demoraba y al encontrar distintas vías de interpretación dentro del Organismo, en donde se comenzaba a notar una inclinación cada vez mayor a la defensa del sector poseedor de licencias, frenando el ingreso de nuevos protagonistas (no ya cooperativas, sino cualquiera), la CARCO procura retomar el debate a la solución por la vía de la resolución 441/98, que estaba vigente. Las autoridades dentro del Organismo están divididas sobre el punto y nadie se arriesga a la toma de decisiones. El famoso Decreto a la firma del Presidente, al cual se atribuyen “soluciones definitivas” tarda en decidirse y era obvio que eso implicaba una confusión en los cuadros dirigentes del COMFER. Incluso finalmente, quienes habían asumido prometiendo la solución definitiva, se retiraron dejando la modificación de la Resolución 441/98, haciéndola más restrictiva hacia las cooperativas. Creemos que el Movimiento Cooperativo demoró en esos meses algunas medidas que tomó luego en el segundo semestre y ese error táctico de continuar una línea principal de negociación frenando otras acciones que fortalecieran la posición del sector, si bien no cambiaron la situación de ofensiva descripta, significaron la pérdida de algunos meses de tiempo. Algo parecido había ocurrido durante el verano de 1999 como se explicó antes.

El proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. La consolidación del argumento doctrinario.

Pero mientras los debates en el COMFER eran confusos, por la poca claridad de los planteos que existían, simultáneamente, a partir de mayo de 2001 se abre un proceso que determinó un cambio sustancial en la estrategia del Movimiento Cooperativo. Si bien no se había perdido nunca la iniciativa, desde 1996, ésta no estaba asentada en una estrategia basada en un fuerte componente teórico y doctrinario, que explicitara los ejes del debate con profundidad, centralizara tras un mensaje contundente el punto de vista del sector y articulara un abanico de medidas simultáneas destinadas a asentar resultados parciales y los vinculara con planes a largo plazo. Pero un hecho externo, como fue la presentación del Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo y la apertura del debate a nivel nacional, con las seis audiencias publicas a las que convocó la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, fue plenamente aprovechado por el sector de economía solidaria para profundizar teoría y llevar el debate a niveles nunca alcanzados hasta ese momento.

La participación de la CARCO con ponencias completas en cada Audiencia Pública, significaron el debate alrededor de un marco teórico que desnudaron las incoherencias del COMFER y su proyecto, a la vez que cambiaron el eje del debate, pues el “tema cooperativo” fue uno de los puntos candentes de cada encuentro.

La conclusión del proceso, con la presentación de un proyecto de ley integral significó la apuesta a futuro que el sector cooperativo es capaz de realizar, pensándose a si mismo como integrante de un proceso de reforma profunda de la radiodifusión a largo plazo. En ese sentido, el proyecto de ley excede lo simplemente reivindicativo de la discriminación del artículo 45, sino que avanza en terrenos complejos pero sobre los cuales el sector de economía solidaria debe expresarse.

Y sin embargo no todo quedó allí, pues concluido el proceso de Audiencias Públicas y la elección de octubre de 2001 que significó un cambio en las posiciones de poder futuras, esta vez la CARCO no esperó modificaciones en el pensamiento de los administradores ni apostó todo a un Decreto (aunque no se excluye ese campo de acción, como se pudo comprobar en la promesa que el cooperativismo en pleno le arrancó al Presidente Duhalde el 6 de julio de 2003 en la quinta de Olivos). En efecto, en octubre de 2001, se inició un juicio contra la constitucionalidad del artículo 45 de la Ley 22285, cuyas instancias fueron tramitadas como “caso testigo” y formando parte de toda la estrategia que está en marcha. Ganar en primera instancia el 28 de diciembre de 2001 el caso “Cooperativa Villa Santa Rosa Limitada c/ Estado Nacional -Comfer- Acción declarativa de certeza” fue el corolario de ese año de gran producción teórica, doctrinaria y estratégica. Todos los pasos posteriores (triunfo en segunda instancia, trámite ante la Corte Suprema de la Nación, nuevos triunfos en otros casos) se siguen enmarcando en el profundo cambio de orientación dado durante ese año.

Cada vez con mayor claridad, las medidas utilizadas para defender la discriminación deben recurrir a argucias dilatorias y argumentos falaces, como en el caso tramitado en Resistencia – Chaco -. Son a nuestro entender meros planteos legales de bajo contenido, que no pueden llegar al fondo del tema, pues allí donde éste se debate, siempre son superados por la contundencia de los fundamentos técnicos y filosóficos cooperativos. Entorpecen; pero no logran hacer salir de la situación de defensiva estratégica al sector lucrativo que desea mantener la discriminación.

Por ello, creemos que repasar con visión global y a la distancia estos documentos que nos tocó escribir y defender en nombre de CARCO durante ese período, es quizás el mejor aporte que hoy podemos hacer a este trabajo.


Rodolfo Ángel Santecchia
Córdoba, marzo de 2003.

El presente documento, redactado por Rodolfo Santecchia, formó parte del libro que el mencionado publicara junto a Miguel Julio Rodriguez Villafañe, bajo el título Derecho al acceso a la radiodifusión en Argentina. Dado que el autor era al momento de escribir esta pieza, Presidente de CARCO y todos los textos que aportó fueron asumidos por la organización como propios, la entidad considera (con asentimiento de quien lo firma) que no puede considerarse propiedad individual y debe figurar entre los documentos de la Cámara.
Además, tienen un gran valor histórico, puesto que al momento de redactarse éste, aún no habían sido dictadas las Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; ni se había reformado el artículo 45 de la Ley 22285. Tampoco estaba elaborado el documento "21 puntos para una radiodifusión democrática", que CARCO firmara a través de su delegado a ese foro, Ing. Alan Miller, quien era el Vicepresidente de la Cámara.

Maimónides Joaquín Roquero
      Presidente de CARCO
        25 de junio de 2010 

miércoles, 31 de julio de 2002

Memoria del ejercicio Nº 6 (del 01-08-2001 a 31-07-2002)

En el curso del presente ejercicio la nación se vio conmovida por los acontecimientos que culminaron con el cambio traumático del gobierno nacional.
No obstante en los últimos meses de ese gobierno culminó el proceso iniciado de convocatoria de audiencias públicas, en especial la realizada en la Ciudad de Buenos Aires, que significó un paso importante por la participación de la CARCO en ese ámbito que culminaba la labor realizada en las audiencias anteriores, en el pasado ejercicio. Por otra parte en esa audiencia se presentó el proyecto de ley elaborado por la Cámara.
Este positivo proceso no tuvo continuidad dado el debilitamiento del gobierno nacional. Afortunadamente, ya superado el debate sobre la conveniencia o no de realizar acciones judiciales, se inician los contacto con el Dr. Rodriguez Villafañe, que ya había desarrollado acciones de esta naturaleza patrocinando a la Radio Comunitaria La Ranchada.
Por su importancia exponemos en esta Memoria el texto íntegro de los fundamentos que acompañaron al proyecto de Ley que CARCO aportó a la sociedad Argentina y que tomaron estado parlamentario gracias al inestimable apoyo que el Diputado Héctor Polino brindó al asumirlo como propio, casi sin tocarle ni una coma de su texto: “Fundamentos del Proyecto de Ley presentada en la última Audiencia Pública desarrollada en la ciudad de Buenos Aires. Señor presidente: Nuestra radiodifusión está regida por una ley de la dictadura militar, basada en los conceptos y fundamentos teóricos de la nefasta doctrina de la seguridad nacional que tanto luto y dolor trajeron a nuestra patria.
El Parlamento Argentino le debe a la ciudadanía una nueva ley que deje definitivamente atrás esa oscura etapa de nuestra historia aún reciente; pero que está presente en algunos institutos jurídicos como la denominada ley 22.285.
Es incomprensible que a casi veintiún años desde su promulgación por los tiranos, aún rija los destinos de una actividad tan sensible a los aires remozados de nuestra democracia que se consolida día a día.
Por eso pensamos que el tiempo para dejar atrás esta norma es hoy, la deuda social exige ser reivindicada de inmediato, pues el mal que su incumplimiento encierra se acrecienta día a día.
Y precisamente uno de los grandes males a los cuales ha dado lugar la ley vigente es la exclusión a importantes sectores de la sociedad argentina, que en la mente de los dictadores no tenían lugar, por ser tan democráticos en su estructura interna, que significaban el “huevo de la serpiente” de sus planes. Nos referimos a todo el amplio arco de organizaciones sin fines de lucro, que van desde las iglesias de cualquier credo, hasta las cooperativas, incluyendo en él a las mutualidades, fundaciones, y demás organizaciones no gubernamentales.
El apartamiento de este sector, que en opinión de la mayoría de los autores modernos, representa una de las principales reservas de participación, democracia, inclusión social y creación de trabajo del convulsionado mundo actual, produjo una grave distorsión en la comunicación argentina y favoreció la excesiva concentración en empresas lucrativas de capitales migrantes sin sentido profundo de los valores nacionales, locales ni solidarios.
La radiodifusión argentina necesita un cambio urgente que la oriente hacia los verdaderos objetivos que la sociedad le exige. Es imposible hacerlo sin una vuelta de timón completa, que ubique a la actividad en un estado fundacional, luego de los efectos devastadores que la doctrina de la seguridad nacional y la impotencia de la democracia produjeron en estos largos años. Con seguridad hará falta mucho tiempo para que un cambio de ese tipo produzca sus efectos, e incluso quizás alguien hasta pueda decir que ya es tarde, sin embargo, somos optimistas en que si se lanzan a la actividad distintos protagonistas, sobre todo a los excluidos, y se fomenta su participación mediante un órgano regulador federal y abierto, con seguridad buena parte del tiempo perdido podrá recuperarse. Además, se deberá controlar el ingreso de capitales de dudoso origen, sin que ello impida la apertura hacia el exterior con limitaciones lógicas y aplicadas por todos los países que poseen actividad de radiodifusión desarrollada.
En nuestro criterio, lo esencial en estos momentos es la creación de nuevas reglas de juego, basadas en nuestra Constitución Nacional y en el conjunto de sistema jurídico con las modificaciones que ha tenido en estos veinte años. Una ley de radiodifusión a estas alturas, no puede pretender organizar el tránsito hacia la convergencia tecnológica sin no es capaz de abrir espacios y desarrollar protagonistas nuevos. Estos se sumarán a los ya existentes y de esa interacción en unos años tendremos un panorama distinto, con actores consolidados y la posibilidad de afrontar las nuevas revoluciones que la ciencia y la tecnología construirán. Si no somos capaces como Nación de preparar el terreno para que la semilla del progreso prenda en una tierra fértil, sólo seremos espectadores de los grandes cambios por venir y no tendremos la menor independencia.
Frente a estos desafíos que hoy están presentes, y luego de analizar con profundidad los proyectos de ley presentados y las opiniones vertidas en las audiencias públicas, hemos construido este proyecto, que procura concretar esos anhelos expuestos.
Por ello, dejamos atrás algunas discusiones que no hacen al fondo de la cuestión hoy, como la disquisición sobre la propiedad del espacio radioeléctrico, ni tampoco a la creación de organismos muy extendidos o a un exceso de reglamentación legal sobre los mismos. Necesitamos en nuestro concepto una ley clara y simple, que garantice al acceso y las reglas de juego generales.
También, siguiendo en esto nuestros fundamentos, abrimos el juego al más amplio espectro de protagonistas y facilitamos su acceso a la actividad creando mecanismos de ingreso simples para aquellos servicios que utilicen medios físicos, como los tan difundidos cables, que mediante una adecuada competencia podrán superar quizás, si no llegamos demasiado tarde, la excesiva concentración actual, que ubican a nuestro país entre los que tienen mayor penetración de estos servicios y al mismo tiempo, mayor tasa de concentración en pocos prestadores. En este sentido, no ponemos ningún tipo de limitación al acceso, pues creemos que hacerlo implicaría consolidar la actual situación, que ha devenido en concentrada, luego de partir de una amplia dispersión inicial. Precisamente la aparición de nuevos titulares de licencias, pertenecientes a distinto tipo de personas jurídicas sin fines de lucro, como son las cooperativas y en especial el sector más desarrollado de éstas que es la rama de servicios públicos, actuará como limitante natural a la concentración, pues estas organizaciones al no basarse en el lucro al capital, sino en el servicio a la comunidad como esencial, serán menos proclives a la transferencia. Nuevamente, aquí esperamos que el transcurso del tiempo y formas de colaboración que la misma ley permite, posibilitarán crear todo un nuevo sector de la radiodifusión que convivirá armónicamente con el sector lucrativo.
Para los servicios abiertos de baja potencia, también prevemos un procedimiento sencillo, donde el concurso sea la opción sólo en el caso que se presente más de un oferente. También establecemos la participación de personas de carácter público tanto al nivel nacional, como provincial y municipal y de las universidades.
Nuestro objetivo es como se dijo más arriba, garantizar que en los próximos años, crezca sustancialmente el número de radiodifusores, de todo tipo y carácter jurídico; pero nos hemos ocupado en asegurar una adecuada competencia entre ellos, sin que ninguno abuse de posición dominante. Establecemos en tal sentido normas relacionadas que establecen sanciones muy fuertes.
No intenta nuestro proyecto regular los contenidos más allá de la protección de la niñez y los objetivos generales de la ley, garantizando que por ninguna causa exista censura previa. Establecemos un horario de protección al menor flexible, que será reglamentado por la Autoridad de Aplicación aunque con la prohibición permanente de la difusión de publicidad de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco en dicha franja horaria.
Establecemos la obligación de producción local para todos los niveles y tipos de servicios, ya que ello garantizará crecimiento de las fuentes de trabajo y desarrollo cultural.
No aceptamos la conformación de redes permanentes, salvo aquellas derivadas de la interacción de la programación y siempre bajo estrictos criterios de producción nacional y local como forma de garantizar el desarrollo de estaciones propias de cada comunidad que mengüen los efectos unificadores de la llamada globalización. Tampoco permitimos que haya titulares de licencias múltiples o redes de programación que superen las doce licencias o tengan cobertura a más del cuarenta y cinco por ciento de la población total del país. Este aspecto no lo hemos notado en ninguno de los otros proyectos de ley y quizás si fuera adecuadamente aplicado, evitaría muchos de los problemas que fueron denunciados en las Audiencias Públicas.
Tampoco aceptamos la conformación de parte del capital accionario con títulos que coticen en bolsa.
En los aspectos relacionados con la publicidad, salvo las limitaciones mencionadas, nos inclinamos por un régimen amplio, sin regulaciones exageradas, y dándole la importancia que tiene, ya que es el sostén principal y casi único de todo el sistema abierto de radiodifusión. Hemos escuchado en este sentido las opiniones de los protagonistas en las Audiencias Públicas.
Establecemos una Autoridad de Aplicación basada en el federalismo y en la profesionalidad, muy austera pero con un rol esencial en los próximos años que serán de verdadera refundación de la radiodifusión. A su vez, fomentamos la creación de Órganos Locales competentes en las distintas jurisdicciones provinciales, lo cual también es una novedad.
Los medios públicos de radiodifusión, creemos que mejor son regulados en una ley separada, e incluso el mejor antecedente de ello es la ley 25.208.
Nuestro proyecto, esencialmente procura ser un aporte sintetizador luego de las Audiencias Públicas, abierto y federal, que permita la aparición de nuevos protagonistas, en especial aquellos más desarrollados dentro de las organizaciones sin fines de lucro y el fomento de la libre competencia. Queremos una radiodifusión que se base en el capital nacional fundamentalmente y una actividad en la cual la nominatividad del capital sea requisito en todos los casos, para evitar acciones ilegales sobre el mismo.
Nuestro mayor deseo es que esta ley sea la piedra fundacional de una nueva radiodifusión, que cree trabajo argentino y nos permita afrontar los desafíos futuros con mejores chances para todos.”
Pero luego de presentar ese proyecto y de confiar en que sería un aporte tenido en cuenta para la redacción de la futura ley, el cooperativismo argentino comprobó que nada de eso ocurriría en lo inmediato y una vez más, nuestra Cámara decidió no quedarse cruzada de brazos esperando, sino continuar con la ofensiva que se había definido en los años anteriores. Por eso, luego de buscar entre nuestras asociadas alguna cooperativa que estuviera dispuesta a iniciar la lucha judicial para convertirse en un “caso testigo”, encontramos que la Cooperativa de Servicios Públicos Villa Santa Rosa de la provincia de Córdoba, aceptaba el reto. Con la entidad dispuesta, con la decisión tomada y los recursos económicos asegurados por el apoyo que recibimos de nuestra asociada Colsecor y con el profesional idóneo como era el Dr. Miguel julio Rodriguez Villafañe, quien venía de patrocinar en un acto de convicción profesional e ideológico a la Asociación Mutual Carlos Mugica, CARCO asumió un nuevo e importante desafío: Dejar atrás muchos años de inacción judicial del Movimiento Cooperativo y procurar que otro Poder del Estado, el judicial, se expidiera sobre la legitimidad de nuestro reclamo. Así lo hicimos y antes de fin de ese año 2001, ya teníamos el primer fallo favorable de primera instancia que luego antes del fin del ejercicio se transformó por la apelación del COMFER en el primer fallo favorable de segunda instancia. La rueda de la historia comenzó a marchar por distintas vías y todas eran favorables al Movimiento Cooperativo.
El día de la cooperación del año 2002, fue celebrado por primera vez en la residencia presidencial de Olivos y ante la presencia del Presidente de la Nación, Dr. Eduardo Duhalde, nuestro presidente Juan Carlos Fissore expresó claramente la injusticia y discriminación de la cual son objeto las cooperativas. Ese reclamo recibió la promesa del Presidente “que en los próximos días se resolvería esa discriminación”.
Mientras estas actitudes se conseguían del poder político, las acciones judiciales iniciadas en el caso “Cooperativa de Servicios Públicos Villa Santa Rosa Ltda. c/ Estado Nacional –COMFER- Acción declarativa de certeza”, consiguieron el fallo favorable de segunda instancia que nuevamente dio la razón a los justos reclamos sostenidos. Como otras acciones importantes, destacamos que durante ese año comienza a publicarse periódicamente el newsletter carcomentarios,
Así transcurrió un ejercicio sumamente decisivo, pues durante el mismo, no sólo se participó en las últimas Audiencias Públicas, no sólo se elaboró y presentó a la Cámara de Diputados un proyecto integral de Ley de Radiodifusión, sino que se ganó en primera y segunda instancia el primer juicio de inconstitucionalidad que el cooperativismo realizó y además se reclamó frente a frente, con respeto, pero con firmeza al Presidente de la Nación por la injusticia que la Ley vigente implica. Nada sería igual en adelante. Eso es seguro.







Sr. Joaquín Roquero
         Secretario

Dr. Rodolfo Santecchia
        Presidente

jueves, 10 de enero de 2002

Conferencia de prensa en Cooperar. (10/01/2002)

Transcripción literal de la conferencia de prensa realizada en la sede de Cooperar el 10 de enero de 2002



Jesús Mato de Prensa y Difusión de la Confederación Cooperativa de la República Argentina realizó una bienvenida a los periodistas y medios presentes.
El Cr. Juan Carlos Fissore, presidente de FECOTEL y COOPERAR dirigió la palabra a los presentes agradeciendo la presencia de los representantes de medios y llamó a los cooperativistas a resistir en todos lo ámbitos, fundamentalmente en el área de las comunicaciones.
Posteriormente, y en el comienzo de la conferencia de prensa, el Dr. Rodolfo Santecchia realizó un pormenorizado relato de lo acontecido, que se transcribe textual:



"...En nombre de la CARCO quisiera explicarles que es lo que vinimos a informarles esta tarde. La cuestión técnica la vamos a dejar en manos del excelente profesional contratado que es el asesor de nuestra cámara, Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, y quisiera dejar aclarado algo que no fue planteado en su curriculum. El Dr. Rodríguez Villafañe se desempeñó como Juez Federal en la ciudad de Córdoba y es de esos jueces que tuvo la entereza y la hombría de renunciar, frente a una Justicia que mostraba determinados rumbos que no le gustaban. Bueno, afortunadamente fue Juez y por suerte con toda la capacidad que tiene que nos ha permitido llegar a este resultado. Sabemos que aquí hay medios cooperativos, que hay medios que no tienen relación con la televisión, que son medios de difusión general y medios específicos de televisión. Lo que venimos a informar tiene que ver con ese derecho de las cooperativas a poder ser propietarias de medios de comunicación y a poder ser licenciatarias legítimas de servicios de radiodifusión, en general, ó sea servicios de radiodifusión como están establecidos en la legislación hoy vigente abarcando todo el espectro posible y que por la Ley 22285 y por las interpretaciones restrictivas de la misma que ha hecho sucesivamente en los 21 años que tiene de vigencia esa Ley el Comité Federal de Radiodifusión bajo todos los gobiernos ha venido prohibiendo. Imagínense que en 21 años acá ha habido gobiernos del color y el gusto para todos, si embargo siempre nosotros hemos sido los proscriptos. Es como decía hace poco en Villa Gesell: el Art. 45 fue como esos transformers, como esas personas que se hacen cirugía estética y que se cambian totalmente; pero lo único que quedó vigente del original Art. 45 fue la proscripción al Movimiento Cooperativo. O a las entidades sin fin de lucro en general, además de las cooperativas. Nosotros teníamos que luchar contra eso y a lo largo de los años de vida que tiene nuestra cámara venimos luchando por todos los medios posibles. Defendiendo las pequeñas conquistas que íbamos consiguiendo y tratando de impulsar un cambio legislativo de fondo en esa ley que viene de la época de la dictadura y que todos se llenan la boca diciendo que es una ley de la dictadura y sin embargo la aplicación de dicha ley, en definitiva, es la misma que hubiera hecho Videla ó a veces peor. Nosotros creemos que el Dr. López la aplicó con un sentido similar al que lo hubiera aplicado Viola ó Videla.
En ese sentido durante el año 2001 la CARCO tuvo tres ejes de política bien claros. Por un lado tratar de conciliar en cada localidad donde se daba un conflicto con algún operador de televisión que veía peligrar su negocio, su emprendimiento, con la aparición del deseo de una cooperativa de poner un servicio de radiodifusión. Hemos tratado de conciliar, de explicarle a ese operador y a la cooperativa, que hay que buscar la forma de operar en conjunto lo más que se pueda y no conflictivamente. No siempre lo hemos logrado. Hemos sido objeto de agresiones. Hemos sido objeto de denuncias. Hemos sido objeto de conferencias de prensa que otras organizaciones de televisión han hecho en contra del Movimiento Cooperativo. Pero nuestra voluntad es, y quiero que quede bien clara, nuestra voluntad es la de concertar entre todos los sectores de la radiodifusión, dentro de los cuales debe estar el sector cooperativo. Hay lugar para todos y podemos hacer una radiodifusión nacional como dijo el Presidente de COOPERAR pero no podemos excluir a un sector tan importante como el sector cooperativo. Mientras el sector comercial de la radiodifusión persista en su vocación de excluir al sector cooperativo y, en general al sector de economía solidaria, va a cometer un error histórico por que aquellos sectores generalmente han llegado al límite de su capacidad de inversión, no van a poder seguir invirtiendo más en las nuevas tecnologías que nuestro país necesita para poder seguir avanzando y tampoco dejan que un sector sano, que un sector austero, un sector eminentemente nacional como es el sector cooperativo pueda continuar la posta de la inversión para tener comunicaciones adecuadas a esta globalización pero con una óptica local, que es lo que todos queremos.
Esa es nuestra posición y queremos que quede clara. Acá hay medios de televisión, medios de revistas especializadas, nos gustaría dejar bien sentada esta posición. El movimiento cooperativo no desea confrontar con nadie, no estamos contra nadie, nosotros estamos a favor de nuestras comunidades que son las que han hecho grandes a nuestras entidades y que son las propietarias de nuestras empresas cooperativas, a las cuales se les sigue prohibiendo el acceso a la radiodifusión. Entonces en este año además de hacer esa acción, de persuasión en los distintos lugares donde hemos estado, hemos encarado la tarea legislativa. Desarrollamos un proyecto de ley íntegro de ley de radiodifusión que fue nuestra propuesta frente al proyecto de ley del Poder Ejecutivo y a los distintos proyectos de ley que surgieron en la Cámara de Diputados durante el año 2000/2001 y que fueron tratados en las siete audiencias públicas -fueron seis pero una se desdobló en dos - a las que asistimos a casi todas.
Durante esas audiencias públicas expresamos nuestra posición clara, y expresamos soluciones a los problemas que allí se planteaban. Nuestro proyecto de ley –el cual pueden ustedes encontrarlo íntegro en nuestra página web, - ha resumido y ha buscado encontrar conciliación a los planteos que se escucharon durante las audiencias públicas. Y ese proyecto de ley es el que ha sido asumido por el Dr. Héctor Polino como Diputado, y que hoy tiene estado parlamentario en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, incluso con el elogio de varios Diputados, por el espíritu abierto, por el sentido austero legislativo, nada de grandilocuencias sino de cosas concretas que es lo que está haciendo falta en este País. Dios quiera que pueda servir de alguna manera para encontrar una ley de radiodifusión para todos, como dice: una Ley de Radiodifusión sin exclusiones, para todos.
Pero también, viendo las actitudes del Comité Federal de Radiodifusión durante el año 2001, en el cual se obstinó en la defensa irrestricta del proyecto de ley que había elaborado el Poder Ejecutivo, el que excluía a un sector muy importante del Movimiento Cooperativo como es el sector cooperativo de servicios públicos que representa el 37 % de las entidades cooperativas que existen en el país pero que además representan el 42 % de los asociados totales cooperativos y el 47 % del patrimonio neto cooperativo. Es decir el sector cooperativo de servicios públicos es un sector importante, consolidado, con trayectoria. No ha sido producto de las privatizaciones surgidas en la década pasada sino que su desarrollo ha sido producto de las necesidades de las comunidades que se encontraron frente a un estado ausente y se encontraron frente a empresas comerciales a las cuales no les interesaban. Frente a eso tuvimos que empezar a buscar alternativas y nos encontramos con dos obstáculos: Primero, el Comité Federal de Radiodifusión se obstinó en su proyecto de ley y en su planteo de que las cooperativas de servicios públicos no podían ser prestadoras de radiodifusión. Segundo. en que tomando una actitud que, según nuestro punto de vista, linda en la corrupción, viene prorrogando desde hace más de un año la venta de los pliegos para la posibilidad de quien desee presentarse a prestar servicios complementarios de radiodifusión pueda hacerlo .
Es decir el Comité Federal de Radiodifusión no le vende los pliegos No a las cooperativas solamente ó a las mutuales, no le vende los pliegos a nadie porque , este Comité Federal de Radiodifusión es protector de los grandes grupos concentrados de radiodifusión que existen hoy e inclusive de las pequeñas empresas que a veces ejercen monopólicamente de hecho, también, el servicio de radiodifusión en sus localidades. Nosotros allí decidimos, entonces, dos acciones judiciales inmediatas a desarrollar: una de ellas es la que hoy venimos a informar y la otra ha quedado en suspenso a la espera de ver que pasa después del cambio de gobierno del 20 de Diciembre del año pasado.
La primera acción era así: nosotros nos cansamos de decirle a los diputados, Señores la ley nos discrimina. Y que ellos nos contesten, tienen razón, ya vamos a hacer una ley y mientras tanto pasaron 21 años y la ley no se hizo. Nos cansamos de decirle a los senadores lo mismo y que la ley no se modificara. Uds. imagínense que en 19 años de vida democrática acá hemos tenido cuatro presidentes constitucionales, bueno sumémosle unos cuatro ó cinco más, y tenemos unos cuantos presidentes... Un número increíble de diputados que han pasado por la Cámara de Diputados y también una gran cantidad de senadores en todo este período y sigue la misma ley de la dictadura. Eso es un hecho objetivo.
Frente a eso decidimos que mientras continuáramos nuestras acciones para cambiar la ley hablando con los diputados, participando de las audiencias públicas, elaborando un proyecto completo e integral de ley que fuera amplio y que abarcara a todos los protagonistas, debíamos ir a la Justicia a decirle : ¿Señores, este artículo que nos prohíbe ser radiodifusor es constitucional o no es constitucional? Uds. piensen que en 21 años nunca se había hecho eso. Esa decisión política que tomó la CARCO y que por su solvencia económica pudo encarar, es el primer paso de una serie de acciones judiciales, y esto también queremos que quede claro, que estamos dispuestos a realizar como Movimiento Cooperativo. No solo la CARCO, por eso estamos en COOPERAR con su presidente, para decirle a toda la Sociedad Argentina: El Movimiento Cooperativo va a ir hasta las últimas instancias, judicialmente actuaremos en todas las instancias argentinas y extranjeras que tengamos que concurrir hasta que consigamos la igualdad definitiva. Señores que se oponen a que las cooperativas sean prestadoras de radiodifusión, no tenemos más miedo, no tenemos más la boca callada. Vamos a ir, judicialmente, desde acá hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todas las instancias que hagan falta. Y no vamos a ir con un juicio, vamos a ir con cientos de juicios, los cuales, desgraciadamente, pueden llegar a costarle al Estado Nacional miles de pesos, yo diría millones de pesos. Desgraciadamente si el Estado Nacional toma una actitud irracional frente a este fallo contundente, que hoy una jueza federal de la ciudad de Córdoba ha dictado, van a obligar al movimiento cooperativo a seguir realizando todas las acciones y cada cooperativa de la Argentina, cada cooperativa de servicios públicos de la Argentina va a ser una litigante contra el Estado Nacional.
Existen más de 1500 cooperativas de servicios públicos. En este juicio las costas, hasta ahora, las paga el Estado Nacional. Este estado que no tiene recaudación de impuestos, que no tiene dinero y que no permite sacar el dinero a los ahorristas de los bancos, porque no tiene como cubrir la falta de reservas. Este estado se ha dado el lujo de perder por irracionalidad del funcionario Gustavo López, en la contestación de la demanda, una acción en la cual le dijimos : Si el COMFER se allana y dice que es cierto lo que nosotros decimos, las costas nosotros no las queremos. Eso se lo dijimos formalmente y por escrito. Pero el COMFER, no solo no se allanó, sino que escribió una demanda que parece hecho por una persona discapacitada, y no porque tengamos nada contra los discapacitados, sino porque probablemente hay algunas discapacidades que no le permiten a una persona contestar demandas judiciales. La contestación de la demanda del COMFER es terrible, directamente. Es un acto jurídico...yo creo que Viola se sentiría muy contento de haber encontrado en este COMFER ó en el COMFER que existió hasta el 20 de Diciembre tan buenos admiradores y seguidores.
Eso está escrito. Afortunadamente está escrito.
Eso es lo que les quería decir hasta ahora, no quiero que esto sea discurso, simplemente dejar bien claro la estrategia de CARCO.
La otra acción que vamos a seguir adelante la habíamos comenzado el 19 de Diciembre, fecha en que concurrimos junto a una escribana con la Cooperativa Eléctrica de General Deheza, Provincia de Córdoba, a comprar un pliego para servicios complementarios y que nos fue denegado. Tenemos el acta. El objetivo era concurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inmediatamente, por vía de una resolución de la corte, de un dictamen, porque eso viola el Art. 16 del Pacto de San José de Costa Rica que está incorporado a la Constitución Nacional y que tiene preeminencia por sobre las leyes argentinas, inclusive. Porque eso implica, lo que hizo el Sr. Gustavo López, que es abogado pero que es un abogado malo, o mejor dicho que es un abogado al servicio de lo que estuvo defendiendo, no se puede obstruir el acceso a la información y a los servicios de radiodifusión a los ciudadanos de los países firmantes del Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, esa acción está en stand by en este momento, tenemos todo preparado y vamos a concurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la medida que el COMFER nuevo que se logre formar, mantenga la misma posición.
Vamos a hacer tantos juicios de acciones declarativas de certeza como hagan falta. No nos importan las instancias a las que tengamos que recurrir. Iremos a primera, segunda, iremos ante la Corte, iremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Movimiento Cooperativo dijo BASTA. Podrán ponernos palos en la rueda, podrán tirarnos piedras, pero no van a poder detener la historia. Eso es algo que hoy, 10 de Enero de 2002, queríamos comunicarle a los medios de prensa..."



A continuación el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe realiza un racconto de los pasos técnicos que condujeron al histórico fallo:



"...Creo hoy más que nunca que es central el tema que estamos discutiendo. No solo por lo inconstitucional que significa el decir que personas jurídicas no comerciales no pueden ser titulares de radiodifusión, lo cual nos obliga o pretende una especie de travestismo institucional lo cual es inaceptable. Si alguien quiso ser cooperativa, quiso ser cooperativa para todo lo que hacía, no para tener un sector, un ámbito disfrazado de otra forma por la cual no quiso serlo. Sin que por eso digamos que ser SA ò SRL es ilegítimo, sino que se quiso ser de una determinada forma. Y no es inocente, a un planteo de país, lo que estamos viviendo, dado que indudablemente el cooperativismo implica una perspectiva democrática de la realidad social, implica una gimnasia democrática, implica en sí mismo una modalidad pluralista de funcionamiento, todo lo cual indudablemente, hace a la esencia de la posibilidad de expresarlo libremente y a su vez tener la posibilidad de acceder, dentro de lo que tradicionalmente se ha dicho en la jurisprudencia argentina dentro del concepto de libertad de prensa, la posibilidad de acceder a frecuencias de radiodifusión ó a servicios complementarios. Hago esta distinción porque en el caso de las frecuencias de radiodifusión es mucho más grave el tema, teniendo en cuenta que es un bien natural escaso, que de concedérsenos el derecho dentro de un tiempo podemos correr el riesgo de tener un derecho de imposible ejercicio porque el espectro esté totalmente ya otorgado lo cual volvería abstracto el planteo. Contrario sensu hace que el planteo sea más que nunca urgente ante la imposibilidad que nos copen sectores del espectro de banda que luego sea de difícil obtención aunque tengamos el derecho.
En ese sentido, yo ya había tenido la suerte de haber ganado un juicio similar para el movimiento mutual a través de un amparo que presenté para la asociación Carlos Mujica que es la dueña de la radio La Ranchada en la Ciudad de Córdoba. En esta ocasión parecía interesante desarrollar una modalidad jurídica novedosa
que en realidad en el país, a nivel nacional, tiene prácticamente muy pocos antecedentes y es muy reciente, que es usar la vía del Artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que habla de una acción declarativa de certeza y transformarla en una especie de acción declarativa de inconstitucionalidad. De alguna forma hemos transformado un instituto que tiene un objetivo en otro objetivo valioso dentro de ese instituto, teniendo en cuenta precedentes importantes que ya había habido hacía poco tiempo como el caso que planteó el miembro de la Corte Fayt cuando a través de este medio planteó de que no cabía que se tuviera que retirar por la edad de acuerdo a la nueva constitución argentina y adujo una serie de cosas. Esto era importante porque era un precedente avalado por la Corte respecto a un planteo de un mismo ministro de la Corte. Aun así era un tema difícil, técnicamente difícil de encararlo por lo novedoso. Con la otra particularidad: que lo planteamos por la modalidad sumarísima que eso nos ha permitido que en un mes tuviésemos fallo. Esta acción la deduje el 19 de Noviembre y el fallo es del 28 de Diciembre. Esto también tiene la particularidad que nos ayuda a que el tema sea de alta velocidad técnica como para que no se juegue con aquello de la dilación judicial que suele ser uno de los talones de Aquiles de nuestra realidad argentina. De ahí también está en tela de juicio nuestra Justicia, de ahí aquello de que Justicia tardía no es Justicia.
Y en este caso medios técnicos que llegaran tarde podrían volver abstractos los derechos como dijimos recién en el caso de bienes naturales como los de radiodifusión que son bienes naturales escasos.
Por supuesto que en el escrito se fue un poco más allá del derecho singular que tendría la Cooperativa ó el grupo que conforma la Cooperativa. Sino que también es un derecho social y esto es muy importante conceptualizarlo. Y que tiene que ver con el movimiento cooperativista, es decir, nosotros estábamos acostumbrados hasta hace poco, dentro de la conceptualización de decir que hay una modalidad democrática que se hace acto en una cooperativa como otra modalidad democrática, pero también empieza a haber un interés social de preservar esas modalidades democráticas. Entonces ya no es solo un interés de la cooperativa, de los cooperativistas sino también de la comunidad. Esto tiene mucha importancia porque Uds. sabrán que el tema de la información y la comunicación hay constituciones como la de Córdoba, por ejemplo, que la declaran bien social, no es solamente un bien individual. Y como tal ha quedado también de lo que determinan los pactos internacionales, hace a la esencia de la vigencia real de la democracia. Y nosotros sabemos que el tema de los multimedios, con la alta concentración de multimedios que hay en el país, difícilmente pueda haber pluralismo. Y no solamente está en juego el pluralismo en términos de idea sino también está en juego el pluralismo en términos de cultura. El movimiento cooperativista es el que está permitiendo preservar culturas para que no sean uniformizadas que es una de las cosas más crueles que nos podrían pasar, al punto tal que no nos permitieran tener la riqueza de la diversidad. Cada cooperativa que está presente acá, en el fondo, nos enriquece desde las tonadas de quienes vienen representándolas hasta la vivencia con quienes pueden estar hablando, de La Pampa, de Oberá, de las distintas regiones del país. Creo que eso hace a la riqueza de un país federal, hace a la riqueza de un país integral, y no es poca cosa el hecho de que se permitiera a través de emprendimientos de quienes son dueños y usuarios, el tener medios de difusión no solamente para expresar sus ideas sino para preservar su cultura. Y esto también tiene raigambre constitucional – Uds. sabrán que la reforma del 94 incorporó articulado referente a ese aspecto, en lo que hace a la identidad cultural - sino también a otros aspectos colaterales que trae todo esto como es la posibilidad de tener una gimnasia democrática mucho más directa. Indudablemente un sistema cooperativo que a través de la tecnología que hoy puede estar brindando, a bajo costo, muchísimos otros servicios, podría permitir hasta, incluso, mejorar la democracia semi directa. No hace falta cacerolazo para requerir la información de toda la ciudad, a lo mejor a través de un sistema de cable que permitiera recoger información por ejemplo. Y no es inocente a un planteo global mucho más grave que bien denuncia el Papa en la Encíclica Statis Nova cuando dice que el hombre moderno piensa, siente y cree que la realidad es la que los medios masivos de comunicación dicen que es. Fijese lo importante que es por un lado, en cuanto a la responsabilidad de quién administra medios de radiodifusión y lo peligroso que es si esa perspectiva es unipolar, ó viene de determinados sectores que ven solo su perspectiva. De allí es que lo importante de este tema es que la sociedad tome conciencia de que ya no es un problema de la cooperativa ó de las cooperativas sino que hace a la esencia de la posibilidad de implementar una democracia seria, creíble, posible y sustentable. No ganamos nada con tener el deseo de vivir en democracia sino la podemos sustentar y la unica posibilidad de sustentar es participar y uno no puede participar sino tiene información y si la información es unipolar indudablemente es muy dificil tener un juicio crítico adecuado. En base a estos planteos que podríamos abonar con otros más, fuera de lo que dijo acá Fissore como ampliar fuentes de trabajo, reciclaje de dinero dentro de la comunidad que no se va a royalties a otros sectores ó fuera del país, otros derechos como el de la libre asociación que en la Argentina ha sido central en cuanto a la posibilidad de asociarnos y dar la forma jurídica legal que queramos a lo queremos emprender y derechos novedosos como el derecho a la información y a la comunicación ya tomados de ese amplio espectro de buscar, de difundir, de recibir información y de brindarla con criterio plural, dentro del pluralismo ínsito al cooperativismo, de la posibilidad de sentirnos iguales y reconociéndole a cada uno nuestras diferencias pero respetando nuestras diferencias, logramos que este caso a su vez tuviese trámite sumarísimo con una contestación por parte del Estado que-como bien dijo Santecchia- en algunas cosas ...no quiero usar adjetivos irrespetuosos... pero indudablemente podemos decir de una manera irrespetuosa la contraparte. Uds. vieron cuando se litiga con esos abogados que dicen Niego Todo,
y niegan hasta que a veces exista el actor. En el fondo el propio Estado Nacional no obstante haber referido en varias ocasiones, hasta en decretos concretos como el 657 en donde el propio COMFER reconoció la inconstitucionalidad del Art 45, el actual con López. Congresos en donde habían referido y enviado conclusiones con la firma de Lázaro en el sentido de que era inconcebible que esto siguiera así. Más la propia lógica de decretos anteriores, durante el Gobierno de Menem: el 1143 que fué derogado en un mes, cuando se les daba las facultades a las cooperativas. Más la propia lógica del artículo pertinente en el proyecto de ley de radiodifusión que se presentó a las cámaras estaba dándonos la razón por un lado, lo cual hacía irrespetuoso que hayan contestado cosas como que en realidad el Art. 45, en todo momento es constitucional. Ó decir que en realidad acá, en el país, nunca hubo discriminación porque, en realidad, no se le dio a ninguna cooperativa. No es que se le haya dado a una sí y a otra no. Claro, cuando le hacen ese razonamiento ...realmente .... No es que seamos discriminatorios, no se lo hemos dado a ninguna.
Cuando uno está en derecho dice: mire , hay argumentos y argumentos ... Pero no me pueden decir a mí que la discriminación no está solo porque no han hecho discriminación entre una cooperativa y otra. Además llegan a decir cosas como que la libertad de prensa consagrada por la Constitución Nacional apunta al resguardo de las ideas y su difusión y no la posibilidad de instalar un medio para ello. Fíjese... es una cosa terrible... esto no se hubieran animado a decirlo ni el mejor gobierno de facto, que la libertad de prensa implica decir lo que uno quiere pero no tener cualquiera medios . Esa y otras joyitas son lo que ha contestado el COMFER al escrito nuestro que esta bañado de toda esta filosofía que yo les refería . Fundamentalmente que era la salida adecuada la inconstitucionalidad decretada por el Poder Judicial dado que el propio Poder Ejecutivo había reconocido formalmente la inconstitucionalidad. El Poder Legislativo por las razones que fuera lleva más de 19 años sin revertir la ley. Porque nosotros estamos hablando del Proyecto de ley que presentó De la Rúa pero están los otros proyectos que han pasado por allí y los que vendrán y no sabemos cuando saldrán. Y que el tema no se revierte. Lo cierto es que, en función de todo esto, la Justicia captó...Incluso yo le planteé la necesidad de la urgencia atento a todas estas amenazas de continuar con el llamado Plan de Saneamiento del Espectro que es una forma indirecta de querer entregar ó terminar negociando con una ó dos cooperativas ,con eso los dejo tranquilos pero lo demás no me lo toquen ú obligarlos por vía del amparo con mayores costas ó cosas por el estilo, hizo que la Justicia entendiera y un término, como les digo, excepcional para el Poder Judicial, en general : hemos tenido un fallo en un mes. Respecto del cual me remito a leerles la parte dispositiva que creo que es lo que tiene una importancia trascendente que no es poca cosa si a esto le sumamos que la cooperativa que yo represento es una cooperativa de servicios públicos y sociales, dentro de esta lucha que hay respecto de que la cooperativas sean titulares de frecuencia.
Dice así:
Creo que esto, como dijo el hombre cuando llegó a la luna al decir que es un paso pero un gran paso para la humanidad. Yo creo que este ha sido un gran paso para esta conciencia que creo que es importante que la tengamos, no solo por solo por los intereses que tengamos en sí mismos, sino por que Uds. ahora están representando intereses implícitos de una sociedad que está necesitando que haya un espectro que les defienda la información, la comunicación, la pluralidad cultural y fundamentalmente la educación en democracia que es la que queremos querible y posible para todos nosotros.
Muchas gracias.



Periodista: ¿Por qué recién ahora después de 21 años presentan este tipo de acción? ¿Por qué no lo hicieron antes?



Dr. Santecchia: Lo hicimos en el año 2001... Le vuelvo a reiterar, el Movimiento Cooperativo creemos que cometió un error. Lo primero que vamos a decir es que vamos a hacernos la autocrítica. Creemos que el Movimiento Cooperativo cometió un error de no haberlo hecho antes. Creemos que antes tampoco contaba con la organización gremial empresaria capaz de llevar adelante esta lucha, como es la CARCO. Y creemos también que, en los últimos 3 ó 4 años, hemos estado formando opinión interna para dejar de oír cantos de sirena. Yo les quiero recordar que antes de las elecciones de 1999 se hizo una reunión en Rosario dónde el Instituto Programático de la Alianza le aseguró al Movimiento Cooperativo, le aseguró, y por escrito de que iba a eliminar las disposiciones de la Ley 22285. Yo les puedo asegurar que el COMFER, a cargo del Dr. Gustavo López, ha sido el peor enemigo del cooperativismo en toda la historia. No somos nosotros los que hicimos eso, lo hicieron ellos. De igual manera antes de las elecciones de 1999, allegados al entonces candidato presidencial Dr. Duhalde, también nos hicieron saber a través del IPAC, en aquellos momentos, y a través de funcionarios que estaban en otros organismos provinciales de que era voluntad del Dr. Duhalde, en caso de asumir el gobierno en 1999, de eliminar las restricciones a las cooperativas. A uno ya lo tuvimos y ya vimos lo que hicieron, se fue. El otro candidato de aquel momento hoy es presidente. Le vamos a ir a recordar lo que dijeron. Nosotros creemos que vana a ser coherentes porque si hay un planteo de que hace falta un pacto productivo el movimiento cooperativo, como lo dijo Fissore y como lo acabo de decir yo también, está en condiciones hoy de invertir dinero argentino, en poder de empresas argentinas para crear trabajo argentino. Lo único que le pedimos al gobierno...no le pedimos exenciones, no les pedimos que nos bajen el dólar, no les pedimos que nos hagan un cantito alrededor en el momento que estamos haciéndolo ... lo único que le pedimos al Dr. Duhalde es que nos dejen ser radiodifusores. Eso solo y nos comprometemos a crear, como dijimos en la audiencia pública de San Juan, el sector cooperativo, en la rama de servicios públicos, en la actividad de la radiodifusión: nos comprometemos a crear 3000 puestos de trabajo, estables, en los próximos 3 años a partir de una medida de ese tipo. Nos comprometemos. Lo decimos sin ningún pudor y sin ningún temor de no cumplir la palabra que estamos diciendo ahora.



No nos olvidemos que en este momento ha cambiado la realidad de la Cámara de Diputados y durante las audiencias públicas nosotros hemos tenido muy buenas relaciones, de tipo teórico y no de partido, tanto con diputados de lo que era la Alianza en ese momento como con el PJ, fundamentalmente con Pablo Fondevila, autor de uno de los proyectos de radiodifusión, y que debemos reconocer que después del nuestro es el que más nos gusta y esperemos que ocupe un puesto importante en este nuevo gobierno.



Periodista: ¿Que opciones le quedan ahora al Cooperativismo para tener todas las cooperativas el mismo derecho que tiene en este caso una sola cooperativa?



Dr. Rodríguez Villafañe: Desde lo legal habría que ir viendo como instrumentar acciones declarativas de certeza. De cualquier forma la idea fue en su momento, habría que ir discutiendo, ir concentrando fallos de manera de no ir generando jurisprudencia contradictoria que el día de mañana la podría usar el COMFER en sentido inverso. Le doy un ejemplo : cuando yo hice lo de La Ranchada hablé con el COMFER, dijeron lo que siempre dicen: con Uds. no habría ningún inconveniente etc. Incluso yo tenía un permiso para funcionar y lo tenía como mutual ni siquiera como otra organización. Pero había un fallo en sentido inverso en Rosario y sería bueno que se junten los fallos en la Corte y que la Corte determine el criterio definitivo. Creo que hay que ir apretando con fallos, y máxime con esta acción que fue bastante expeditiva, tuvimos un fallo en un mes y que mes, entonces hay que ir asegurando los pasos para que no instrumente mal y nos digan : "sí, tenemos 3 ó 5 fallos favorables en Córdoba y tenemos 1 desfavorable en tal lado ", eso puede generar jurisprudencia contradictoria y es por eso que hay que esperar.
Esto no quiere decir que no haya que hacerlo judicial, yo creo que hay que hacer todo, frente político para la ley, el frente internacional para llegar por vía como ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la resolución consultiva 5 del año 85, allá por el considerando 34 ya está diciendo que no debería haber ningún tipo de restricción para ningún grupo para el acceso a medios incluso se lo puedo leer textualmente y es una de las cosas que yo aduje en mi escrito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se había expresado y concretamente en la resolución consultiva 5 del año 85, considerando 34 dice "En principio la libertad de expresión requiere que los medios estén virtualmente abiertos a todos, sin discriminación ó más exactamente que no haya individuos ó grupos que a priori estén excluidos del acceso a tales medios ". Entonces esto que está contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica podría servir como una especie de pinza: por vía de a Corte Interamericana más los planteos judiciales que se hagan acá más el planteo político que hagan las organizaciones cooperativas tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo creo que demuestra....largar una especie de guerra total...para no apostar a una sola vía.
A pesar de que luego se pueda hablar con alguna cooperativa puntual ó particular, esto podría permitir tener presencia internacional, eventualmente presencia legislativa, ejecutiva y judicial.



Dr. Santecchia : La posición de la CARCO ahora, durante el mes de Febrero y Marzo, es la de iniciar a través de cooperativas asociadas ó amigas, entre 30 y 40 juicios más. Mientras tanto ver cual es la actitud del COMFER. De acuerdo a la actitud del COMFER , si va a continuar con la prórroga con la limitación a la venta de pliegos, ir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de Marzo ó Abril, simultáneamente hacer una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción para que investiguen al Dr. Gustavo López por la posible corrupción al haber frenado durante más de un año la entrega de licencias de radiodifusión que lo que posibilitó que los que estaban en el uso de sus licencias quedaran con sus licencias y que no pudiera entrar nadie a competirles. Ud. sabe que si es funcionario público y limita el acceso a alguien a prestar servicios y en eso hay un interés patrimonial tanto del que quiere entrar como del que está... yo no sé....Como dije en el Teatro Liceo yo no sé si ahí hubo plata pero es mucha plata la que hay en juego y la Oficina Anticorrupción debería investigar todo eso. Es más, debería haber actuado de oficio. Porque así es como se cometen los actos de corrupción en nuestro país, a través de es tipo de cosas. Yo no sé si Gustavo López recibió dinero o no pero el hecho objetivo es que durante más de un año, por resoluciones firmadas por Gustavo López, nadie pudo sacar una licencia de radiodifusión nueva, nadie pudo iniciar un trámite nuevo. Las fue prorrogando con excusas banales y eso , además de violar el Pacto de San José de Costa Rica, puede ...puede implicar algún beneficio económico para algunos.
Acá está el presidente de la Cooperativa de Santa Rosa (LP), que tienen en este momento la construcción de una red de fibra óptica integral. Ellos podrían haber alquilado esa red de fibra óptica integral a algún prestador que hubiera querido hacerle la competencia a Multicanal, que es el prestador de tv en La Pampa. Pero como nadie se pudo presentar nadie pudo salir a hacerle competencia a Multicanal. Bueno, alguien tendrá que investigar esto, no es cierto?



Periodista: En el caso de las mutuales hubo el intento de hacer una nueva ley de mutualidades, proyecto que nunca salió de un cajón y finalmente hubo un legislador que impulsó la modificación de la ley que está vigente todavía y logró con eso resolver los problemas más serios que tenía la ley vieja. En este caso no podría hacerse lo mismo ó algo similar? Es decir, tomar nada más que la modificación del Art. 45 en lugar de proponer toda una legislación nueva?



Cr. Juan Carlos Fissore: Martínez Garbino hizo una presentación, el Dr. Angeloz también hizo una presentación de la reforma de la Ley, se elaboraron decretos, se consensuaron decretos, llegaron a la firma del Dpto Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación y se paró. Lo compraron, lo frenaron por todos lados. Es decir ¿Porqué no hizo antes esto? Porque agotamos todas las instancias de la vida democrática de este país. Nunca debemos pensar en la Justicia sin antes transitar las leyes que nuestro país debe generar. Porque cuando se llega a la Justicia es porque ya no se cree en el sistema democrático. ¿Cual es el sistema? Que el sistema legislativo legisle para el pueblo. Ya tener que recurrir a la Justicia, si bien es uno de los poderes, es el último poder al que se debe recurrir. Nosotros hemos confiado en la vida democrática del país, como somos fuertes defensores del sistema democrático de las Cooperativas. Sin embargo todo fue parado, comprado, cuestionado, pero nunca pudo avanzar más allá. Lamentablemente.
Y nosotros no ofrecemos nada a cambio. Para pagar le pagamos al Dr. para que nos defienda ante la Justicia.



Dr. Santecchia: De cualquier manera hay un punto importante: Yo en esto me voy a dirigir al Presidente Eduardo Duhalde, que es el actual presidente de la república, y que es el jefe último del COMFER. Con un fallo judicial que declara la inconstitucionalidad del Art. 45 en el caso concreto de una cooperativa de servicios públicos y de una cooperativa se podría dictar una resolución general a nivel COMFER haciendo una interpretación amplia del Art. 45 basándose en este fallo de la Justicia...Si quisiera... Si lo quiere hacer nos vamos a evitar dinero de los ciudadanos que esforzadamente aportan a sus cooperativas, dinero de los ciudadanos que pagan sus impuestos y que van a perder porque ya hay un dictamen, y cuando vayamos a la Corte Interamericana, si perdemos en 2da Instancia-que no vamos a perder-porque hay un fallo de la Cámara Federal de Córdoba a favor de la mutual Carlos Benítez. Suponiendo que perdiéramos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación como vamos a concurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como ya existe una posición de la Corte a ese respecto es muy probable de que dentro de 2 ó 3 años, cuando lleguemos y cuando ganemos, en el caso que nos frenen tanto, esto les trae un perjuicio enorme a los ciudadanos. Bueno, no somos nosotros los que lo estamos haciendo, no somos nosotros.



La concurrencia hace referencia al tiempo legislativo y a la duración en el mandato de los diputados con relación a los proyectos de ley de radiodifusión presentados y su tratamiento.



Nosotros vamos a tratar fuertemente el apoyo a nuestro proyecto pero les vuelvo a decir nosotros presentamos un proyecto que resume el consenso que el Movimiento Cooperativo es capaz de ofrecer a la sociedad para respetar aquel empresario que tiene un cable y al cual la cooperativa del pueblo deberá también respetar en sus derechos de comerciante, en su derecho de prestar servicios. Creemos que nuestro proyecto es bueno pero estamos dispuestos a apoyar a todos aquellos proyectos que permitan avanzar hacia una ley que sea apta.



Referencia de la resolución del COMFER con respecto a Video Cable Angostura SRL



Dr. Santecchia: Estamos al tanto de que el COMFER se había dado cuenta que había cometido una barbaridad. Pero fíjese que hecho político el del COMFER. El Dr. Gustavo López sentado al lado de las autoridades de la ATVC entregando, el mismo día que se inauguraban las Jornadas de Cable 2001, y que fue el hecho que se habló en todos los medios de prensa del país, especializados y genéricos, de que a una Cooperativa le habrían quitado su licencia decían...Ese hecho nosotros se lo recriminamos al COMFER...Hasta el día de hoy se sigue diciendo que a la Cooperativa de Bariloche se le quitó la licencia lo cual no es cierto.



Varios participantes conversan junto a Fissore de las alternativas del caso Video Cable Angostura SRL.



Dr. Santecchia: De todas maneras todas estas son medidas del transformer del que hablaba el Dr. Rodríguez Villafañe, que nos quieren obligar a que tengamos que buscar otros medios para salir a competir a los empresarios que a veces ejercen el monopolio.



Cr. Juan Carlos Fissore: Como se presenta la crisis del mercado, el estado depresivo, el alza de las moras, los costos de las señales internacionales con la devaluación, se está haciendo prohibitivo a más de un sector de la sociedad el servicio de tv por cable. Yo creo que vamos a retroceder en la cantidad de abonados en el corto plazo y desembarcar en este mercado para competir va a ser muy riesgoso y solamente podemos avanzar en áreas donde las cooperativas tenemos la infraestructura establecida sino...ó hacer las transferencias que la SRL sea la figura simulada para que la cooperativa pueda normalizar una situación. Además de la crisis del sector que hace que haya cada vez menos abonados a celulares, tv por cable, telefonía... hay que ser muy cuidadosos...se están cerrando canales en el interior por la falta de sponsoreo. La crisis es muy grande.

lunes, 7 de enero de 2002

Gacetilla de prensa. (07/01/2002)

Córdoba, 7 de enero de 2002.

Sr.
Gerente de Redacción
Presente



La Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales y otros Prestadores Comunitarios de Radiodifusión (CARCO), tiene el agrado de dirigirse a Ud. a los efectos de invitarle a la Conferencia de Prensa que nuestra entidad desarrollará en la sede de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (COOPERAR), sita en la calle Maipú 267 piso 18° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día jueves 10 del corriente mes de enero de 2001 a las 16 y 30 horas para informar públicamente sobre el siguiente tema

Sentencia declarativa de la inconstitucionalidad del artículo 45° de la Ley 22.285 (Ley de Radiodifusión), dictada por la Jueza Federal de la ciudad de Córdoba, Dra. Cristina Garzón de Lascano, según expediente 1074-C-01, “Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa Santa Rosa Ltda. c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo – COMFER)”

Durante la misma, el Vicepresidente primero de nuestra Cámara, Dr. Rodolfo Angel Santecchia, juntamente con el letrado patrocinante Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe y autoridades de COOPERAR, encabezados por su presidente, Cr. Juan Carlos Fissore, explicarán los alcances de dicha sentencia y próximos pasos a encarar por el Movimiento Cooperativo en su larga lucha por eliminar definitivamente la injusta discriminación que padece el sector de la economía social para acceder a licencias de radiodifusión en pie de igualdad con el sector lucrativo



Esperando contar con su distinguida presencia, le saludamos atentamente.



Departamento
Comunicaciones y Contenidos
CARCO